Limitaciones y Posibilidades de la acción institucional en el camino de la sostenibilidad en la gobernabilidad colombiana.

Por Armando Palau Aldana[1]

Abogado Ambientalista. Director de la Fundación Biodiversidad (Cali, Colombia), organización ambientalista no gubernamental dedicada desde 1991 a la promoción y protección de los derechos ambientales. Director del periódico alternativo La Ciudad (Cali, Colombia) y miembro del Consejo Municipal de Planeación de Cali.

E-mail:fbiodiversidades@yahoo.es

Limitaciones y Posibilidades de la acción institucional en el camino de la sostenibilidad en la gobernabilidad colombiana.

Según lo reseña el periódico El Heraldo, conforme a los estudios del Instituto de Investigaciones Ambientales del Ministerio de Ambiente (2009), se afirma que Colombia es el segundo país del mundo con mayores niveles de biodiversidad después de Brasil (aunque algunos alegan que en tercer lugar después de Indonesia), toda vez que en promedio, una de cada 10 especies de fauna y flora del mundo habita en el territorio colombiano; simultáneamente se advierte que el crecimiento de monocultivos como la caña de azúcar y la palma africana, además de las plantaciones ilícitas de coca, colocan a la tierra de García Márquez, en un alto puesto de degradación y pérdida de la diversidad biológica.

    En términos de literatura legal, el entorno jurídico colombiano tiene importantes desarrollos, presentando antecedentes desde mediados del Siglo XIX cuando el Libertador Bolívar ordenó, por decreto presidencial, la siembra de un millón de árboles para la recuperación de las cuencas hidrográficas. Pasando por la expedición del Código de los Recursos Naturales, dos años después de la celebración de la Conferencia de Estocolmo (1972), sobre el Entorno Humano, así como la creación del Sistema Nacional Ambiental al año siguiente de la Cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro (1992), pero especialmente con los avances de la Asamblea Nacional Constituyente (1991), que confeccionó la Carta Fundamental como una constitución ecológica, introduciendo un capítulo sobre los derechos de tercera generación, reconociendo entre otros preceptos superiores, el deber del Estado de proteger la riqueza natural del país, la garantía a las comunidades de participar en la toma de decisiones que puedan afectar del derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, así como el deber estatal de planificar  el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, el cual está definido según los preceptos por la legislación local conforme a la Declaración de Río, incluso constituye un gran avance la consagración legal del “Principio de Precaución” en materia de la oferta ambiental.

     La contradicción entre los primeros indicadores, obedece a la génesis de este reciente desarrollo constitucional, paralelo al arribo de las políticas neoliberales lideradas por el entonces Presidente Cesar Gaviria, que colocaron en grave indefensión la soberanía alimentaria de un país que ha dejado de ser paulatinamente agrícola, especialmente por los factores del conflicto armado interno, signado por una subversión enfrentada por las fuerzas institucionales y por el paramilitarismo, generando procesos masivos de desplazamiento rural hacia las grandes ciudades colombianas.

     Para citar un solo ejemplo, basta con referirnos al crecimiento del monocultivo de la caña de azúcar en el otrora fértil Valle Geográfico del río Cauca, que ocupa en la actualidad 230 de sus 300 mil hectáreas, que es procesada por doce ingenios azucareros de la región, que impactan negativamente la oferta ambiental y la población vallecaucana, al desplazar en primer término a los minifundios dedicados a diversos cultivos de pan coger, con el crecimiento de un desierto verde, toda vez que el monocultivo ha crecido en las últimas cinco décadas, casi el quinientos por ciento; también se evidencia la práctica agrícola de la quema a campo abierto del follaje de la caña, desde la década de los años 70, afectando factores como la evapotranspiración, modificando el ciclo de lluvias y el microclima; igualmente esterilizando los fijadores de nutrientes de los estratos altos del suelo por las altas temperatura (735°C); así como el incremento de enfermedades respiratorias en la población infantil por la descarga atmosférica de partículas en suspensión y agentes químicos; datos logrados por el Estudio de Impacto Ambiental de la Facultad de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de La Salle (Bogotá, 1993). Se suma a este proceso de degradación ambiental, la aplicación de glifosato desde hace por lo menos treinta años, como defoliante para acelerar el proceso de maduración de la caña de azúcar (lo que se cree, solo se hace con los cultivos ilícitos de coca), presentando indicios de enfermedades muta-genéticas por la aplicación del órgano clorado y su residual presencia en los acuíferos, según lo indican investigaciones del último lustro, hechas por el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional.

     Igualmente el panorama de los trabajadores resulta deplorable, pues los 30 mil jornaleros que utiliza la agroindustria azucarera en el Valle del Cauca, se ven privados de sus prestaciones sociales (vacaciones, primas, cesantías), toda vez que la mano de obra se adquiere mediante la tercerización laboral por intermedio de empresas de trabajo asociativo; esto le ha permitió obtener ganancias a los empresarios del azúcar, por el orden de los 170 millones de euros durante el año 2009 (ASOCAÑA, Mayo de 2010).

     Las políticas del gobierno central sobre este sector agrícola, tienen un tratamiento preferencial, pues se ha hecho durante en la mitad de la última década, gestiones para la introducción del sector azucarero en la producción de agro-combustible, cuya facturación de alcohol carburante que se mezcla con la gasolina, es subsidiada estatalmente, así como la protección interna de la venta de azúcar, pues es de los pocos cultivos de escala mayor que no permite importaciones, no obstante que la apertura económica de los años 90, que hacen hoy día, que más de la tercera parte de los productos agrícolas de la canasta familiar sean traídos del exterior.

     Contribuye a este inequitativo tratamiento gubernamental, no obstante el Código de los Recursos Naturales (1974), prohíbe la realización de quemas abiertas e impone el deber estatal de realizar campañas masivas que muestren los efectos nocivos para la salud de esa práctica agrícola, que se han expedido decretos presidenciales que permiten esa pirómana actividad; por su parte el Ministerio de Ambiente no produjo un solo aviso que indique masivamente lo ordenado (como en las propagandas preventivas que se colocan por mandato legal en las cajetillas de cigarrillos), sin que las acciones judiciales constitucionales hayan logrado que prevalezca el derecho ambiental, como lo hemos intentado desde la Fundación Biodiversidad ante el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación desde 1995.

     Mientras que del presupuesto nacional del presente año de 49.3 mil millones de euros, el gasto militar ascendió a 6.7 mil millones, el rubro ambiental llega tan sólo a 433 millones. Si se compara con las utilidades del sector financiero para el año 2009, que acapararon 2.83 mil millones de euros, resulta también insignificante; incluso comparado con el monto de la corrupción estatal para el mismo año, que según un estudio de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (2010), estuvo por el monto de 1.5 mil millones, en términos de la comisión que se paga por debajo de la mesa en el carrusel de la contratación, continúa siendo irrisorio el presupuesto ambiental.

     Es decir que debuta mucha palabrería en todo este trecho, pues se jactan los gobiernos de turno en medio de una reconocida mega-diversidad, que disminuye vertiginosamente, de tener unos parámetros legales de mera teoría, que siguen sin abrir el sendero de la justicia constitucional, mientras que el capitalismo salvaje da al traste con los pocos esfuerzos de una pequeña parte de la comunidad académica, o la soñadora labor de unas poquísimas organizaciones ambientalistas de masa crítica, ni siquiera por la incipiente opinión pública en defensa del entorno y la oferta ambiental, pues es mayor el efecto del modelo consumista que orienta con avasallador éxito la Organización Mundial del Comercio en este mundo globalizado por el capitalismo salvaje, que en Latinoamérica sigue los designios del Consenso de Washington, que contra toda la literatura y realidad territorial, esgrime el gobierno nacional desde el año 2002 y seguirá por la carrilera neoliberal la locomotora del actual gobierno, sumada al reverdecimiento publicitario de los contaminadores en los medios masivos de comunicación.

[1] Autor de los libros: Derechos Colectivos y Acciones Populares (1994), Defensa Legal del Ambiente (1998), Educación Ambiental – La óptica legal (2002), El Basuro de Navarro – Ensayo (2006).