Geopolítica actual del agua en el mundo [1]

 

 Por José Antonio Segrelles Serrano 

Doctor en Geografía por la Universidad de Alicante, España. Profesor-investigador del Departamento de Geografía Humana,de la misma universidad.

 

E-mail: ja.segrelles@ua.es

 

 

 

 ... el destino de una idea nueva se atiene a la siguiente pauta: al principio es absurda; luego, quizá cierta; y finalmente, todos los sabíamos desde hace tiempo.

(William James, citado por James Lovelock, en Homenaje a Gaia. La vida de uncientífico independiente)

 

RESUMEN

El agotamiento y creciente escasez del agua en el mundo, las recurrentes sequías y el aumento constante de las necesidades ponen de manifiesto la esencia geopolítica de este recurso a todos los niveles, de forma que el control y utilización de este líquido vital constituye una fuente de conflictos locales, regionales, nacionales e internacionales. Por otro lado, se establece de hecho una pugna entre agentes diversos con intereses antagónicos, pues unos consideran el agua como un bien comercializable que puede y debe ser privatizado, mientras que otros sostienen que se trata de un bien social y un derecho fundamental de las personas.

Palabras clave: Agua, geopolítica, conflictos, bien comercializable, privatización, bien social.

ABSTRACT

The exhaustion and growing scarcity of water in the world, recurring droughts and constantly increasing needs all underline the geopolitical nature of this resource at all levels. This means that the control and use of this vital liquid has become a source of local, regional, national and international conflicts. In addition, we are witnessing a struggle between players with conflicting interests, some of whom regard water as a marketable asset, whilst others believe it to be an asset for all and a fundamental human right.

Key words: Water, geopolitics, conflicts, marketable asset, privatisation, asset for all.

 INTRODUCCIÓN

En una viñeta del humorista gráfico Romeu publicada en el diario El País (Madrid) el 24 de mayo de 2006 un personaje le pregunta a otro si el agua es un derecho o una mercancía. El interpelado contesta muy serio y con grandes dosis de cinismo que eso depende de si el líquido elemento se tiene o se necesita.

     Este breve diálogo de humor un tanto negro, dada la trascendencia de este recurso para la vida humana, denota que el agua tiene una evidente dimensión geopolítica que se revela de modo más o menos manifiesto según la generosidad de la naturaleza y la disponibilidad tecnológica en un momento dado, al mismo tiempo que genera adaptaciones culturales, históricas y ecológicas muy variadas y complejas y diferentes relaciones y grados de poder en el uso y disfrute de los recursos hídricos a escala local, regional, nacional y mundial. Se puede decir, por lo tanto, que la búsqueda del agua es en realidad una lucha por la vida (Lacoste, 2003).

     El agotamiento y creciente escasez del agua en muchos lugares del globo, las sequías cada vez más duras, prolongadas y recurrentes y el aumento constante de las necesidades humanas y económicas han producido, y más que producirán en el futuro inmediato, conflictos entre países y entre regiones dentro de un mismo país por el control y empleo del agua.

     De ahí que esta sucinta reflexión sobre la geopolítica actual del agua en el mundo, aparte de un primer apartado sobre el problema actual de los recursos hídricos, se divida en dos bloques fundamentales: los conflictos internacionales por la posesión de un bien escaso y valioso y los enfrentamientos nacionales generados por la creciente tendencia hacia la privatización de los recursos hídricos. En cualquier caso, se puede hablar con absoluta propiedad de la existencia, a veces larvada, de una “guerra del agua” (Cans, 1994), tanto entre naciones como entre grupos sociales antagónicos con intereses contrapuestos. Se establece de hecho una pugna entre quienes piensan que el agua debe ser considerada un bien comercializable (como el trigo, la soja, el café o la carne) y quienes sostienen que se trata de un bien social relacionado con el derecho a la vida (Frers, 2007).

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROBLEMA ACTUAL DEL AGUA

Aunque se trata de cifras bien conocidas, lo primero que se debe tener en cuenta es que el 97,5 % del agua existente en el planeta es salada y, por lo tanto, no potable. De este porcentaje, el 96,5 % está conformado por océanos y mares, que ocupan el 71 % de la superficie total terrestre, mientras que el 1 % restante lo ocupan los lagos, mares interiores y aguas subterráneas saladas, como es el caso del mar Caspio, el mar de Aral en Asia Central (entre Kazajstán y Uzbekistán) o el lago Tuz en Turquía.

     Por lo tanto, sólo el 2,5 % de los recursos hídricos es dulce y potable. De este porcentaje, el 68,7 % lo componen los glaciares y hielos perpetuos, el 30,1 % son aguas subterráneas y el 0,8 % está ocupado por el permafrost, es decir, la capa superficial del suelo que se encuentra helada de forma permanente. Únicamente el 0,4 % corresponde al agua superficial y atmosférica.

     De este 0,4 % de agua existente en la atmósfera y superficie terrestre, el 67,4 % corresponde a los lagos de agua dulce, el 12,2 % a la humedad del suelo, el 9,5 % al vapor de agua atmosférico, el 8,5 % a los humedales y zonas anfibias, el 1,6 % a los cursos fluviales y el 0,8 % a los seres vivos.

     Respecto al agua total, el 0.75 % es subterránea, el 1,71 % lo forman los glaciares y hielos y sólo el 0,01 % es superficial (ríos, lagos, lagunas) o atmosférica (vapor de agua).

     Estas cifras porcentuales indican bien a las claras la reducida parte del agua existente en el planeta que puede ser aprovechada para el consumo humano y sus actividades económicas, lo que demuestra la escasez del recurso y lo fácil que resulta comprometer el abastecimiento de este líquido vital mediante un empleo abusivo, inadecuado e ineficiente del mismo.

     No es exagerado afirmar, por lo tanto, que la característica más significativa de la cuestión hídrica en la actualidad sea precisamente la creciente escasez de agua dulce y potable en el mundo, hecho que sin duda va a tener categóricas repercusiones económicas y geopolíticas. Dicha escasez hídrica se debe a cuatro factores fundamentales:

1.)    Gran crecimiento demográfico, lo que conlleva un mayor consumo de agua humano, agrícola, industrial y turístico.

2.)   Gran contaminación ambiental, toda vez que existen 15.000 kilómetros cúbicos de agua contaminada en el mundo porque a diario se arrojan desechos en los ríos, lagos y lagunas, al mismo tiempo que también se ven afectados los acuíferos por los residuos generados por las actividades humanas.

3.)   Crecimiento de la pobreza y falta de saneamientos, ya que el no acceso al agua dulce y potable hace proliferar mucho más las enfermedades.

4.)   Bruscos cambios climáticos, puesto que a diario se comprometen los recursos hídricos debido a la intensidad y recurrencia de sequías e inundaciones.

En este sentido, el agua aparece como uno de los mayores problemas geopolíticos del recién comenzado siglo XXI, pues su creciente escasez se revela como un reto acuciante para la centuria que se avecina. No en vano se deben afrontar las necesidades de más de 6.400 millones de habitantes, población que ya necesitaría un 20 % más de agua de la que ahora dispone. No obstante, las perspectivas no son nada halagüeñas, ya que se estima que en 2025 la demanda hídrica será un 56 % superior que el suministro. Según la Fundación “Agua y Progreso” de la Comunidad Valenciana, la solución de este problema requiere la confluencia de nuestros conocimientos científicos y técnicos con la voluntad social y política regida por los principios de equidad y sostenibilidad. Es evidente que nadie puede negar la certeza y bondad de semejante pretensión, pero lo que en teoría y en los discursos oficiales queda como un alarde de justicia y probidad, en la práctica es difícil de llevar a cabo si se observan los múltiples intereses existentes y los imperativos inherentes al sistema socioeconómico en el que nos desenvolvemos.

     Por su parte, el Instituto Internacional de Manejo del Agua, con sede en los Países Bajos, abunda en la idea de que el actual conflicto por la disponibilidad hídrica es básicamente un problema económico porque las necesidades son infinitas y los recursos resultan escasos. Esta escasez se ha convertido en una auténtica “crisis mundial” desde el momento en que de forma tradicional se ha tratado de un problema de los países pobres, mientras que ahora también se ven implicados las naciones más ricas (Australia, Estados Unidos, Japón, España). Estas últimas sufren las consecuencias de un aumento desaforado del consumo, la creciente salinización, el aumento de la contaminación, las sequías, la deficiente gestión y la pérdida progresiva de zonas húmedas.

     El agua parecía hasta hace poco un recurso infinito, pero la situación ha cambiado de forma radical y cada vez se exige un consumo más eficiente y racional. Por ello, se prevé en breve un aumento espectacular del precio del agua, lo que sin duda tendrá rotundas consecuencias geopolíticas, económicas, sociales, culturales y ambientales en todo el mundo.

     Por otro lado, se debe tener en cuenta que en la actualidad, según los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hay 1.100 millones de personas en el mundo sin acceso al agua potable, que se distribuyen de la siguiente manera:

     -          Este de Asia y el Pacífico: 406,2 millones de habitantes.

     -          África subsahariana: 314 millones de habitantes.

     -          Sur de Asia: 228,8 millones de habitantes.

     -          América Latina y el Caribe: 49,4 millones de habitantes.

     -          Países árabes: 37,7 millones de habitantes.

Asimismo, 2.600 millones de personas de la población mundial no tienen acceso hoy en día a los saneamientos adecuados. Su distribución por grandes áreas geográficas es como a continuación se relata:

     -          Este de Asia y el Pacífico: 958,2 millones de habitantes.

     -          Sur de Asia: 925,9 millones de habitantes.

     -          África subsahariana: 436,7 millones de habitantes.

     -          América Latina y el Caribe: 119,4 millones de habitantes.

     -          Países árabes: 80,1 millones de habitantes.

     Igual de revelador es el Informe “Agua para Todos, Agua para la Vida” difundido en 2003 por la UNESCO-WWAP (Programa Mundial para la Evaluación de los Recursos Hídricos). En él se hace constar que el porcentaje de la población mundial sin servicio de abastecimiento de agua es del 65 % en Asia, el 27 % en África, el 6 % en América Latina y el Caribe y el 2 % en Europa. Por su parte, la distribución porcentual de la población sin servicios de saneamiento es del 80 % en Asia, el 13 % en África, el 5 % en América Latina y el Caribe y el 2 % en Europa.

     Al hilo de estas cuestiones conviene recordar que en el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002) se decía de modo textual que “estamos de acuerdo en reducir a la mitad, para el año 2015, la proporción de personas que carecen o no pueden costearse las instalaciones necesarias para abastecerse de agua potable, como así también la proporción de población que no tiene acceso a sistema de saneamiento básicos”. Una vez más nos encontramos ante una contradicción flagrante entre los buenos propósitos oficiales, trufados de excelentes intenciones, y la contumaz e injusta realidad que no tiene visos de una solución definitiva.

     No se debe olvidar al respecto que el cumplimiento de varios de los objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas para el año 2015 están íntimamente relacionados con la disponibilidad de agua potable y saneamientos idóneos. Estos objetivos son los siguientes:

1.) Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

2.)   Lograr la enseñanza primaria universal.

3.)   Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

4.)   Reducir la mortalidad infantil.

5.)   Mejor la salud materna.

6.)   Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.

7.)   Garantizar la sostenibilidad del ambiente.

8.)  Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

El uso del agua, el agua virtual y la huella hídrica

La actividad humana que más agua ha consumido siempre es la agricultura, aunque a partir de la revolución verde esta situación ha adquirido valores espectaculares, puesto que la intensificación productiva, basada en el empleo de maquinaria, la fertilización química, el uso de productos fitosanitarios, la siembra de semillas seleccionadas y la difusión del regadío, provoca un aumento desmesurado de los aportes hídricos en la producción agrícola. Lo mismo cabe indicar de la revolución ganadera, ya que la estabulación de grandes cantidades de animales en espacios reducidos y la desvinculación del ganado de la tierra y los recursos naturales, obliga a un mayor consumo de agua (Segrelles, 1995).

     Según la FAO, la actividad agrícola y ganadera en España emplea el 62 % de los recursos hídricos utilizados en el país, mientras que la industria usa el 26 % y el sector urbano público el 12 % restante. Estos porcentajes, aun con el predominio agropecuario, difieren de modo sensible, por ejemplo, en Estados Unidos y México, ya que el primero de estos países destina el 42 % del agua a la agricultura y la ganadería, el 46 % a la industria y el 12 % al sector público urbano. Dicho reparto proporcional es del 80 %, 8 % y 12 %, respectivamente, en México, lo que indica el menor desarrollo fabril del país y el predominio de las actividades agropecuarias como consumidoras de este líquido vital.

     A este respecto, la FAO proporciona una serie de datos muy elocuentes relacionados con el uso agropecuario del agua: aproximadamente un 70 % de los recursos hídricos disponibles en el mundo se utiliza para uso agrícola y ganadero; las tierras de uso agrario han aumentado desde la década de los años sesenta del siglo XX alrededor de un 12 %, alcanzando actualmente 150.000 millones de hectáreas; las extracciones de agua utilizadas para el riego se estiman en unos 2.000 a 2.555 kilómetros cúbicos por año en todo el mundo; el porcentaje de zonas irrigadas del total de tierras potencialmente irrigables era en 1999 del 50 % en el planeta, el 13 % en África subsahariana y de más del 85 % en el sur de Asia; el pastoreo y los cereales ocupan un 37 % de la superficie total de tierras en el mundo; las malas prácticas de evacuación e irrigación causan la saturación y salinización de aproximadamente un 10 % de la totalidad de tierras regadas; la producción de una sola hamburguesa necesita unos 11.000 litros de agua; la producción de un kilogramo de carne supone el consumo de 100 toneladas de agua, la producción de una tonelada de cereal requiere un consumo previo de tres toneladas de agua.

     En este sentido, el concepto de agua virtual, que se ha ido desarrollando con el paso del tiempo, permite a los países compartir productos y beneficios al poner en relación la producción y el consumo de cada uno de los países del mundo a través de sus relaciones comerciales. Por lo tanto, se entiende por agua virtual el agua que se utiliza para producir una mercancía o un servicio, como sucede por ejemplo con los productos alimenticios e industriales o con las actividades turísticas o de ocio. La importación y exportación de los productos implica de hecho la importación y exportación de agua virtual (Allan 2003; Sartori y Mazzoleni, 2003; Chapagain y Hoekstra, 2004).

     El volumen mundial de los flujos de agua virtual en relación con el comercio internacional de mercancías alcanza 1.600 millones de metros cúbicos por año. Alrededor de un 80 % de ese flujo se asocia con el comercio de productos agropecuarios, mientras que un 16 % del uso del agua en el mundo no se corresponde con la producción de bienes para el consumo interno, sino con la producción de bienes para la exportación, cuestión que por su carácter injusto ha cobrado gran importancia durante los últimos tiempos, sobre todo por lo que respecta al mundo latinoamericano. De todos modos, el asunto de la propiedad y el reparto de la tierra ha aglutinado de forma tradicional a las poblaciones campesinas de América Latina, provocando diversos movimientos reivindicativos y levantamientos populares de gran trascendencia pública en aras de una reforma agraria. Sin embargo, el uso y dedicación de la tierra apenas se ha planteado hasta ahora en términos sociopolíticos, toda vez que desde hace algo más de tres lustros se ha producido en la mayoría de los países latinoamericanos una reorganización sin precedentes de los espacios y aprovechamientos agrícolas, pecuarios y forestales. Dicha reorganización está motivada por dos fenómenos muy activos e intensos que en el fondo son la misma cosa y tienen idénticas consecuencias: la difusión generalizada del complejo cereales-carne y la necesidad imperiosa de exportar que estos países tienen para pagar sus abultadas y asfixiantes deudas externas.

     El origen de la paradoja por la que varios países latinoamericanos dotados de vastas extensiones de uso agropecuario y abundantes recursos naturales, como Brasil, Colombia o México, no pueden ser autosuficientes en materia alimenticia, estriba en un asfixiante endeudamiento que les obliga a conseguir divisas a cualquier precio. El objetivo de los planes de ajuste estructural que el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM) imponen a los países con problemas de crédito se centra en que estas naciones exporten cada vez más para que no dejen de pagar los elevados intereses de sus abultadas deudas externas. Es así como mucho países latinoamericanos se ven obligados a reorientar su producción agropecuaria o a sobreexplotar sus recursos naturales, pero siempre con el norte de dirigirse a los mercados exteriores en detrimento del consumo local y el respeto ecológico (Segrelles, 2004).

     Esta reorganización de los espacios y usos agropecuarios les lleva a importar cantidades crecientes de trigo y a dedicar las superficies de cultivo a los productos para la exportación, que en realidad lo que hacen es complementar la demanda de los países ricos, en detrimento de los productos para el consumo local. Es así como en muchos de estos países avanzan los cultivos comerciales (soja, caña de azúcar, cítricos, flores, frutas de clima templado, hortalizas) y sufren un retroceso categórico los productos que de forma tradicional han alimentado a la población autóctona (arroz, trigo, mandioca, fríjol, patata, boniato, yuca).

     Se debe tener en cuenta, además, que cuando un país remite una cantidad determinada de dólares para el pago de los intereses de su deuda externa, lo que está enviando también al exterior es una cierta cantidad de recursos naturales y trabajo humano incorporado. Dado que, en general, la exportación de manufacturas y servicios es pequeña, estos países se ven obligados a enviar una creciente cantidad de recursos naturales y materias primas agroalimentarias con el objeto de recaudar divisas que servirán, como se ha mencionado arriba, para pagar en parte estas deudas y sostener el modelo productivo vigente.

     Otro concepto de interés es el de huella hídrica, es decir, el volumen de agua necesario para producir los bienes y servicios consumidos por los habitantes de un territorio determinado. Habría que distinguir entre la huella hídrica interna, o sea, el volumen de agua utilizado que proviene de los recursos hídricos del país, y la huella hídrica externa, o lo que es lo mismo, el volumen de agua empleado proveniente de otros países (Chapagain, Hoekstra y Savenije, 2005). Los cuatro factores principales en la determinación de la huella hídrica de un país son lo siguientes:

1.)    El volumen de consumo (relacionado con los ingresos nacionales brutos).

2.)   Los patrones de consumo (por ejemplo, alto consumo de carne frente a bajo consumo.

3.)   El clima (condiciones de variación de las lluvias y las temperaturas).

4.)   Las prácticas agropecuarias (eficiencia en el uso del agua).

     De estas consideraciones se deduce que agua virtual y huella hídrica son conceptos íntimamente ligados, sobre todo en estos tiempos de liberalización comercial a ultranza y aumento de los intercambios mercantiles en el mundo. Valórese al respecto, como ejemplo ilustrativo, la expansión relativamente reciente de esa “cultura de la carne” que aparece como responsable de que gran parte de las tierras arables del mundo se utilicen para cultivar plantas que después se emplean para fabricar piensos para la ganadería intensiva (fundamentalmente cereales y oleaginosas) en vez de dedicarlas al cultivo de alimentos para las personas. De este modo, por influencia de algunos países, como Estados Unidos, y sus empresas transnacionales del sector agroalimentario, se crea una cadena alimenticia artificial donde el principal eslabón está representado por la carne, sobre todo la de vacuno. El ganado alimentado con cereales y oleaginosas en vez de forrajes se destina a satisfacer la demanda de los consumidores de los países ricos, mientras que en los países pobres, bastantes de ellos con excedentes alimenticios, mucha gente se encuentra desnutrida e incluso muere literalmente de hambre. Además, si se tiene en cuenta que la cría de ganado bovino precisa 4.000 metros cúbicos de agua por cabeza, que la carne fresca de vacuno requiere 15 metros cúbicos por kilogramo y la carne fresca de ovino 10 metros cúbicos por kilogramo, es sencillo deducir la huella hídrica que los países ricos imprimen en los pobres y el agua virtual que es “transferida” desde el mundo subdesarrollado hasta el desarrollado.

     Con el desarrollo de la mundialización de la economía, la profundización de la división internacional del trabajo y la progresiva liberalización comercial a escala planetaria, es muy probable que crezcan las interdependencias y las externalidades relacionadas con el uso del agua, hecho que llevará sin duda a la generación de nuevos conflictos geopolíticos por el control de las fuentes hídricas.

LUCHAS Y CONFLICTOS POR EL USO DEL AGUA

Lo primero que se debe considerar es que el agua es la representación más natural de la denominada globalización, puesto que cruza las fronteras administrativas sin pasaporte ni documentación. Según el Informe “Más allá de la escasez: poder, pobreza y la crisis mundial del agua”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2006, existen actualmente en el mundo 145 países que comparten lo que se conoce como cuencas hidrográficas transfronterizas, es decir, cuencas de drenaje o captación entre las que se encuentran los lagos y las aguas subterráneas poco profundas compartidas por países vecinos. En 1978 existían en el planeta 214 cuencas transfronterizas, mientras que en la actualidad hay 263. Este aumento reciente se debe en gran medida a los procesos de desintegración de la Unión Soviética y Yugoslavia.

            Las aguas compartidas siempre han constituido un posible motivo de competencia y rivalidad, aunque también de cooperación y reparto equitativo (Sadoff y Grey, 2002; Carius, Dabelco y Wolf, 2004; Naciones Unidas, 2004). Por eso, tanto el Informe del PNUD mencionado arriba como otros anteriores de organismos diferentes tienen como objetivo la cooperación pacífica y la gestión adecuada de las aguas en cuestión. Buena muestra de ello es la Declaración Ministerial de La Haya (2000), que pretendía “promover una cooperación pacífica y desarrollar una sinergia con los diferentes usos del agua en todos los ámbitos, cuando esto sea posible, dentro de los estados y en los casos de los recursos hídricos fronterizos y transfronterizos, entre los estados involucrados a través de una gestión sostenible de las cuencas fluviales y otros acercamientos adecuados”. Asimismo, en la Iniciativa “El agua para la vida “ de la Unión Europea (UE) en 2002 se indica que las prioridades de la UE son tres:

1.)     El acceso de los países pobres a un agua potable de calidad y a un saneamiento adaptado.

2.)    Una gestión sostenible y equitativa de las aguas trasnfronterizas.

3.)    Una buena coordinación para asegurar una distribución equitativa entre los diferentes usuarios del agua, basada en los principios de una buena gestión.

En cualquier caso, la propuesta de un marco adecuado para compartir el agua implica la consideración de varios factores, según el Informe de la UNESCO “El agua, una responsabilidad compartida (2006):

1.)    Las condiciones naturales (por ejemplo, la aridez y los cambios globales).

2.)   La variedad de los usos del agua (riego, energía hidroeléctrica, control de las inundaciones, usos municipales, calidad del agua, control de los vertidos...).

3.)   Las diversas fuentes de suministro (aguas superficiales, aguas subterráneas o fuentes mixtas).

4.)   Las consideraciones aguas arriba y aguas abajo del curso fluvial.

5.)   Las condiciones sociodemográficas (composición y crecimiento de la población, urbanización, industrialización, expansión de servicios como el turismo...).

     Un ejemplo destacable en este sentido es el Proyecto ISARM (Gestión de Recursos de Acuíferos Transfronterizos) lanzado por la UNESCO y la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2002 y cuyo objetivo prioritario era la realización de un inventario de las aguas subterráneas transfronterizas de América Latina, destacando al mismo tiempo la necesidad de dar un seguimiento a este proyecto de cooperación. Al hilo de las tendencias generales destacadas por las Naciones Unidas y la UE, dicho proyecto se apoya en la idea fundamental de que el agua es un recurso compartido y que se debe administrar de modo más eficiente y equitativo mediante una mayor cooperación. De todos modos es legítimo preguntarse si esto puede ser posible bajo un modelo socioeconómico de libre mercado, competitivo y donde lo fundamental es la rentabilidad inmediata.

Conflictos geopolíticos internacionales

Se estima que en 2025 la demanda de agua en el mundo puede ser un 56 % superior al suministro, hecho que sin duda dará lugar al desencadenamiento de luchas y conflictos entre grupos con intereses contrapuestos y a diferentes niveles: local, regional, nacional y mundial. A este respecto, en marzo de 2006 el Secretario de Defensa británico, John Reid, pronunció un discurso en la prestigiosa Chatham House de Londres en el que indicó que la combinación de los efectos del cambio climático global con los cada vez más escasos recursos naturales, entre ellos el agua, incrementarán en el inmediato futuro la posibilidad de que se generen conflictos violentos por el control y utilización de las tierras, los alimentos, la energía y el agua (Wolf, Yoffe y Giordano, 2003; Jalife-Rahme, 2006).

            Según el Informe “El agua, una responsabilidad compartida”, elaborado por la UNESCO en 2006, las fuentes de potenciales conflictos hídricos son las siguientes:

1.)    Escasez (permanente o transitoria).

2.)   Diferencias de fines y objetivos.

3.)   Factores sociales e históricos complejos (antagonismo previo).

4.)   Falta de comprensión o desconocimiento de circunstancias y datos.

5.)   Relación de poder asimétrica entre localidades, regiones o naciones.

6.)   Falta de datos significativos o cuestiones de validez y fiabilidad.

7.)   Asuntos específicos de política hídrica (construcción de presas o desvío de cursos de agua).

8.)  Situaciones de ausencia de cooperación y conflicto de valores, especialmente los referentes a la mitología, la cultura y el simbolismo del agua.

     En los últimos cincuenta años ha habido 1.831 acciones relacionadas con el agua, tanto conflictivas como cooperativas, y aunque el historial de cooperación entre los países por lo que respecta a los recursos hídricos transfronterizos es superior al conflicto agudo, según se encarga de recordar el Informe del PNUD de 2006 mencionado arriba, no se puede minusvalorar los 507 episodios de hostilidad internacional ocasionados por el control y utilización del agua.

     De estos conflictos hostiles, más de treinta han tenido lugar en Oriente Próximo, donde la tradicional lucha por el “oro negro” está siendo sustituida de forma progresiva por la disputa por el “oro azul”, pues en ningún lugar del mundo se aprecia de forma tan contundente el conflicto latente del agua como en los territorios palestinos ocupados por Israel. Según J. Estefanía (diario El País, Madrid, 20 de noviembre de 2006), la población palestina representa la mitad de la israelí, pero consume sólo entre un 10 % y un 15 % del agua. Como dato bien elocuente baste indicar que los colonos israelíes de Cisjordania utilizan casi nueve veces más agua por persona que los palestinos.

     Esta situación actual hunde sus raíces en periodos históricos, aunque siempre con una obsesión latente para los diferentes gobiernos hebreos: el control de las fuentes de abastecimiento hídrico. Desde que en 1948 una resolución de las Naciones Unidas propició la creación del estado de Israel, la preocupación por el suministro de agua ha sido constante.

     A principios de la década de los años sesenta del siglo XX bombardeó una presa siria en construcción que desviaría para de un afluente del río Jordán en el Golán, lo que limitaría la llegada de agua a Israel. También bombardeó un canal que levantaba Jordania para aprovechar las aguas de otro afluente del Jordán.

     La Guerra de los Seis Días permitió a Israel conquistar Cisjordania, Gaza, el Sinaí y los Altos del Golán, apoderándose de importantes fuentes de abastecimiento hídrico. En el Golán, arrebatado a Siria, pasó a controlar el lago Tiberíades y la mitad de las riberas del valle del río Yarmouk, principal afluente del Jordán.

     Incluso no faltan analistas que en los continuos ataques de Israel a Líbano ven el propósito de apoderarse del río Litani, cuyas caudalosas aguas son navegables en casi toda su longitud.

     Sin embargo, también existen casos de cooperación en esta región conflictiva, pues en 1994 Israel y Jordania, según indica el mencionado Informe del PNUD de 2006,  firmaron un acuerdo por el que se permite a Jordania almacenar la escorrentía de invierno en el lago Tiberíades de Israel. El acuerdo también permite a Israel arrendar un número determinado de pozos en Jordania para extraer agua destinada a sus tierras agrícolas. Lo que no se tuvo en cuenta al firmar el acuerdo fue la tremenda sequía que se produjo en 1999 y que provocó el surgimiento de tensiones cuando disminuyeron los niveles de suministro de agua a Jordania. No obstante, predominó la voluntad de cooperación entre ambos países en las cuestiones hídricas porque el acuerdo permaneció intacto.

     En el mundo se pueden señalar otros lugares de conflictos potenciales por la utilización y gestión del agua, como sucede, por ejemplo, con el control de las aguas en la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates, ya que Turquía está desarrollando desde el año 1985 un ambicioso plan hidráulico denominado Gran Proyecto Anatolia (GAP), con 22 presas que deberían irrigar 1,7 millones de hectáreas, generar electricidad y convertir al país en un exportador de agua al resto de la región. El programa de obras amenaza con reducir drásticamente el caudal aguas debajo de los dos ríos hacia Siria e Irak (Sartori y Mazzoleni, 2003).

     El acceso al agua de los ríos Syr Darya y Amu Darya en Asia Central es susceptible de generar tensiones entre Kirguizia y Tayikistán, las dos potencias hídricas que concentran el 90 % del agua de la zona, y los sedientos Kazajstán, Turkmenistán y Uzbekistán.

     La delimitación del mar Caspio puede enfrentar en el inmediato futuro a los cinco países ribereños: Rusia, Irán, Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán.

     Pakistán, Bangladesh y Nepal tienen conflictos hídricos con India que podrían recrudecerse debido a que la agricultura es la base de sus economías. Asimismo, Pakistán e India, más allá del contencioso sobre Cachemira, se disputan los recursos del río Indo, que nace en India, país que puede controlar el río Jhelun, considerado por Pakistán como su arteria vital acuífera. India también mantiene disputas hídricas con Nepal, Bangladesh y China en la región del Ganges-Brahmaputra.Meghna, donde habitan 600 millones de personas, aunque nada se compara con los 54 ríos que fluyen de India a Bangladesh y que han enconado los problemas fronterizos entre ambos países.

     Los seis países ribereños del río Mekong (China, Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam), que nace en el Tibet, pueden enfrentarse por la pretensión china de controlar sus aguas para asegurar el enorme abastecimiento hídrico que demanda su espectacular crecimiento económico. China ha construido más de 85.000 presas, casi la mitad de las que existen en el mundo.

    En África, los ríos Nilo, Zambeze, Volta, Níger y Congo y la zona de los Grandes Lagos constituyen unas áreas proclives a los conflictos por la utilización del agua. Egipto, por ejemplo, siempre ha amenazado a Etiopía con la guerra si trata de aprovechar las aguas del Nilo Azul, incluso ha intervenido de forma constante en los asuntos internos de Sudán por los mismos motivos. Una de las causas de la cruenta guerra civil sudanesa es la construcción del canal de Jonglei, con el objeto de aumentar los aportes del Nilo en cinco kilómetros cúbicos de agua anuales. Esta obra daña seriamente una de las zonas húmedas más importantes del planeta.

     Por supuesto, la construcción de grandes embalses tiene graves consecuencias socioeconómicas y ambientales, como así se demuestra por ejemplo en los casos de Akosombo (Ghana), Assuan (Egipto) o Balbina (Brasil), y pueden ser una fuente de conflictos debido a una serie de factores:

1.)    Sumergen tierras de cultivo.

2.)   Desplazan a los habitantes de las zonas anegadas.

3.)   Alteran el territorio.

4.)   Reducen la diversidad biológica.

5.)   Dificultan la emigración de los peces, la navegación fluvial y el transporte de elementos nutritivos aguas abajo.

6.)   Disminuyen el caudal de los ríos.

7.)   Modifican el nivel de las capas freáticas, la composición del agua y el microclima.

     Un ejemplo significativo es el de la célebre presa de Assuan, en el sur de Egipto, que en la década de los años sesenta del siglo XX fue vendida como el gran paladín que iba a terminar con el hambre en el país, pues no en vano puede almacenar casi 170.000 hectómetros cúbicos de agua. Sin embargo, la retención que ejerce sobre los fértiles sedimentos del Nilo han reducido el papel benefactor del río sobre la agricultura. Sus riberas han perdido fertilidad y el delta se encuentra al borde del colapso. Por el contrario, los beneficios esperados (regulación del caudal y generación de energía) no han satisfecho las enormes expectativas creadas.

     El caso de Akosombo, en el río Volta (Ghana), es paradigmático desde que en 1966 se inaugurara una central hidroeléctrica con la financiación del Banco Mundial. Esta obra inundó 8.482 kilómetros cuadrados de bosque tropical, casi el 5 % del país, desplazó de sus tierras a 80.000 personas y ayudó a difundir enfermedades como la esquistosomiasis. La electricidad generada se destinó a la empresa transnacional estadounidense Kaiser para la producción de aluminio, aunque esta ni siquiera explotó la bauxita del país, sino que la importó desde Jamaica. La compañía norteamericana firmó un contrato por treinta años para comprar la electricidad a Akosombo a bajo precio. En la actualidad sólo paga el 5 % de la media de la tarifa mundial.

     Las posibles hostilidades entre países por el control del agua también constituyen un riesgo nada desdeñable en el continente americano, ya que existen contundentes contrastes entre la carestía hídrica al norte del Distrito Federal de México hasta la frontera con Estados Unidos y la abundancia sudamericana a la que todavía no se le ha sacado demasiado provecho.

    Como premisa para comprender la situación que se puede avecinar hay que tener en cuenta que los acuíferos, ríos y lagos de Estados Unidos han experimentado un notable proceso de contaminación y sobreexplotación. Por ello, se puede decir que debido a estas circunstancias casi se encuentran al borde del colapso. Los acuíferos de California se están secando y el río Colorado se explota al máximo; lo mismo cabe indicar de los acelerados ritmos de extracción de agua en los estados meridionales de Nuevo México, Texas y Florida.

     Sin embargo, a las grandes arterias fluviales de Sudamérica (Orinoco, Amazonas, Magdalena, Paraná, Paraguay, Uruguay) se une la existencia del denominado Acuífero Guaraní. Esta enorme masa de agua subterránea, que es uno de los recursos hídricos más importantes del mundo, se extiende por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y tiene 132 millones de años de antigüedad, ya que comenzó a formarse cuando los continentes africano y americano todavía estaban unidos. Su extensión es de 1,2 millones de kilómetros cuadrados y el volumen almacenado de agua es del orden de 37.000 kilómetros cúbicos. El volumen explotado actualmente oscila entre 40 y 80 kilómetros cúbicos anuales. Sin embargo, técnicamente, este acuífero podría abastecer a una población de 360 millones de habitantes con una dotación de 300 litros diarios por persona.

     Ante la creciente escasez hídrica y el constante aumento de la demanda de agua, Estados Unidos ha puesto sus ojos en los recursos de otros lugares del continente americano, entre ellos el Acuífero Guaraní. Buena prueba de ello son las noticias aparecidas con alguna frecuencia en los medios de comunicación acerca de la hipotética existencia de grupos terroristas islámicos en el área sudamericana conocida como la “Triple Frontera”, es decir, una zona muy rica en recursos hídricos compartida por Argentina, Brasil y Paraguay. Incluso el ejército argentino ha decidido cambiar recientemente el emplazamiento de algunas de sus unidades de combate y situarlas en las proximidades de las áreas con riesgo potencial de conflicto por el control de los recursos naturales, sobre todo el agua del Acuífero Guaraní.

     En cuanto a las estrategias de Estados Unidos, destacan varios megaproyectos que se concretan en tres planes para la construcción de infraestructuras capaces de trasladar enormes cantidades de agua (Lasserre, 2005). Estos tres planes son los siguientes: la North American Water and Power Alliance (NAWAPA), el Plan Puebla-Panama (PPP) y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA).

     La NAWAPA pretende desviar los vastos recursos hídricos de Alaska y el oeste de Canadá hacia Estados Unidos, mientras que el PPP tiene proyectadas varias obras de infraestructura en Centroamérica, incluyendo la explotación hídrica del Petén guatemalteco y el sur de México (Chiapas y Yucatán). Sin embargo, el más ambicioso de los tres megaproyectos es el IIRSA, que propugna la creación de corredores industriales y enormes construcciones hidroeléctricas e hidrovías en América del Sur. En este contexto es donde hay que entender la profusión de tratados de libre comercio firmados en los tiempos más recientes entre Estados Unidos y otros países latinoamericanos, así como las estrategias del abortado ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), que pretendía configurar una gran área de libre comercio desde Alaska hasta la Tierra del Fuego con la excepción de Cuba (Segrelles, 2002; Segrelles, 2004; Segrelles, 2005).

El agua, ¿propiedad pública o propiedad privada?

Como ya se ha comentado, el agua es un recurso natural escaso y agotable, y buena prueba de ello es la disminución que en términos generales se constata en todos los continentes del mundo, aunque las perspectivas de unos y otros sean sensiblemente distintas según su disponibilidad y los niveles de empleo de este líquido vital. Al mismo tiempo, la demanda es cada vez mayor conforme aumenta la población mundial y se desarrollan países y actividades económicas que precisan de volúmenes hídricos en crecimiento. De ahí que, como indica el colombiano A. Mendoza (2005), el agua se haya convertido en un negocio muy lucrativo en muy poco tiempo, ya que el agua privatizada es cara, tal como se comprueba en Chile, uno de los pocos lugares del mundo, junto con  Inglaterra y Gales, donde el abastecimiento hídrico está en manos particulares.

            Algunos países, como los mencionados, renuncian a la propiedad y gestión pública del agua siguiendo los consejos de la banca internacional y el Banco Mundial, cuyas estrategias son bien conocidas, ya que suelen preparar el terreno acusando y culpando a la gente común, a los campesinos y a los servicios públicos por el mal uso y administración de los recursos hídricos. Por si esto fuera poco, el Banco Mundial representa un papel clave, puesto que invierte, proporciona dinero para realizar reformas en el sistema del agua e incluso actúa como juez en caso de conflicto entre los inversores y los Estados, al mismo tiempo que ha llegado a amenazar a los países que se muestran renuentes a privatizar sus servicios públicos de agua potable y alcantarillado con negarles cualquier tipo de financiación para otras necesidades. Así se comprueba en el documento firmado por el presidente del Banco Mundial, P. Wolfowitz, emitido durante las sesiones del IV Foro Mundial del Agua celebrado en México D. F. en marzo de 2006, pues fue catalogado como una amenaza para aquellas naciones que pretendieran incluir en la declaración final del foro que el agua es un derecho humano fundamental y que, por lo tanto, no puede quedar en manos privadas.

     Como dato ilustrativo conviene recordar que el jefe del Banco Mundial es elegido de forma unilateral por el presidente de Estados Unidos desde que se creó en 1944 (Bretton Woods) este importante organismo económico, financiero y de desarrollo. La Unión Europea nunca puso ningún obstáculo a esta arcaica práctica porque desea mantener su propio privilegio de nombrar al jefe del FMI, institución hermana del Banco Mundial.

            Siguiendo con los anteriores planteamientos hídricos, se debe tener en cuenta que la creciente escasez de agua y el aumento desaforado de la demanda provoca que este líquido fundamental para la vida interese más que el petróleo a los grandes inversores. Baste señalar, pues no es este el objetivo de esta breve reflexión, que el Bloomberg World Water Index, propiciado por once empresas del sector, ha registrado un rendimiento del 35 % anual desde 2003, mientras que las acciones del petróleo y el gas sólo han experimentado un aumento del 29 %. El origen de esta comercialización del agua se puede datar en noviembre de 2001, cuando los recursos naturales, la salud y la educación comenzaron a ser objeto de negociación para su liberalización en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

            Las dos mayores compañías vinculadas al agua son Veolia (antes Vivendi) y Suez, ambas con sede en Paris, que controlan el 70 % del mercado mundial de este recurso. Veolia suministra agua y servicios de saneamiento a 110 millones de personas en todo el mundo. En este sentido también destacan la alemana RWE, que recientemente adquirió Thames Water (Gran Bretaña) y American Water Works (Estados Unidos), y la estadounidense Bechtel. Por su parte, la estrategia de la corporación norteamericana General Electric es que su división de aguas invierta en plantas desaladoras y de purificación en los países donde no abunda el agua dulce y potable. Arabia Saudí es un potencial cliente (Laimé, 2005).

            La privatización del agua es más compleja de lo que pudiera parecer a simple vista, ya que, según la opinión de S. Ribeiro (2005), ofrece varias facetas que deben ser tenidas en cuenta:

1.)    Privatización de territorios y biorregiones. Las empresas que necesitan agua para sus actividades privatizan territorios enteros para garantizarse el uso monopolístico del recursos, protegidas por modificaciones sustanciales de las legislaciones nacionales.

2.)   Privatización por desviación de aguas. La construcción de presas e hidrovías para abastecer zonas de alto consumo industrial, agroindustrial, turístico y urbano priva del recurso a millones de agricultores y comunidades, con desplazamientos que destruyen sus formas de vida, cultura y economía propias.

3.)   Privatización por contaminación. La minería, la industria y la agroindustria contaminan las fuentes de agua, apropiándose de un recurso que es de todos al imposibilitar que otros las puedan utilizar.

4.)   Privatización de los servicios municipales de agua en zonas urbanas. Mediante concesiones y contratos de servicios, protegidos por las legislaciones nacionales del agua, las empresas transnacionales del sector se apropian de la distribución y las plantas purificadoras y fijan, después, las condiciones de acceso y tarifas a la población autóctona.

5.)   Privatización por el embotellamiento del agua. No hay mantenimiento adecuado de las redes públicas de distribución de agua debido a las políticas presupuestarias injustas, pero se subsidia, por el contrario, con permisos muy baratos de explotación de las fuentes de agua a las industrias que “transforman el agua en agua”, como es el caso de las famosas Coca - Cola, Pepsico, Nestlé y Danone. Sólo en 2002 estas empresas obtuvieron beneficios superiores a 86.000 millones de dólares.

6.)   Privatización por medio del monopolio de las tecnologías. Las industrias despilfarran y contaminan el agua (AA. VV., 2003), pero se presentan como las únicas capaces de extraer el agua más profunda o de purificarla de forma adecuada. Por supuesto, esta “salvación” hay que pagarla, y a precios cada vez más elevados.

     La cuestión de la privatización del agua se ha estado planteando en el seno de las negociaciones del ALCA y de los tratados de libre comercio bilaterales auspiciados por Estados Unidos. Si persistieran estas tendencias, el resultado evidente sería un alza de las tarifas y un aumento de los pobres que quedarían sin este servicio vital. Gracias al respaldo que ofrecen los tratados comerciales internacionales, varias empresas están desarrollando tecnologías para transportar grandes cantidades de agua potable a largas distancias, estrategia que de hecho supone una clara privatización del recurso.

     Todos los tipos de privatización del agua son perjudiciales para la mayoría de la población, tanto la apropiación particular de territorios enteros para garantizarse el uso exclusivo como la construcción de presas y desvío de cursos fluviales o la contaminación que deriva de la actividad fabril, minera o agroindustrial. Sin embargo, se puede destacar como especialmente grave la privatización del agua que se realiza a través de concesiones y contratos de los servicios municipales de distribución, gestión y purificación del agua, así como de las redes de alcantarillado y saneamiento. Las empresas beneficiarias pueden fijar las condiciones de acceso al agua y las tarifas que debe abonar la población. En este aspecto incluso es posible ignorar el mantenimiento adecuado de las redes públicas aduciendo una merma presupuestaria, con lo que se abre el camino y la justificación para privatizar el recurso y el servicio (Laimé, 2005).

     La mundialización de la economía, la progresiva liberalización comercial y la privatización del agua ha afectado a los agricultores pobres de todo el mundo, pero el impacto de estos factores ha sido especialmente brutal en las comunidades indígenas de América Latina, pues al tener una relación directa con el agua, son muy vulnerables ante cualquier alteración de sus ecosistemas acuáticos. Un caso flagrante es el de los mapuches en Chile.

     Una ley de privatización del agua (Ley 2029 del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario), aprobada a finales de 1999, desencadenó un cruento conflicto en Cochabamba (Bolivia) en 2000, ya que los precios de este recurso se triplicaron tras ser privatizado el servicio a favor de la empresa transnacional Aguas del Tunari, subsidiaria de la compañías Bechtel (Estados Unidos) y Abengoa (España). La presión de los habitantes fue tal que el gobierno de turno tuvo que retroceder en sus pretensiones y las empresas transnacionales abandonaron el país, no sin demandar antes al Estado boliviano por más de 25 millones de dólares. La demanda, que todavía es exigida por la empresa estadounidense, no se fija por lo que había gastado, sino por lo que hubiera  percibido de haber continuado el convenio firmado.

     Además de la triplicación de las tarifas, los campesinos de la región de Cochabamba descubrieron rápidamente que el agua que habían extraído gratis durante generaciones ya no era suya. En poco tiempo, los habitantes de la ciudad tuvieron que pagar el precio real de este líquido vital, sin subvenciones, mientras que los campesinos, en su mayoría indígenas de origen quechua, pasaron de ser propietarios ancestrales a clientes de Aguas del Tunari.

     Siguiendo con esta línea de protestas y rebeldía populares en Bolivia por la cuestión hídrica, los habitantes de El Alto también consiguieron en 2005 la expulsión de la firma Aguas del Illimani, subsidiaria de la francesa Suez. Una huelga popular logró que el gobierno rescindiera el contrato firmado con la empresa por no cumplir con la   expansión del servicio prometida hacia los sectores periféricos de menores ingresos y aplicar tarifas elevadas sin realizar inversiones.

     En 2005, el presidente argentino Néstor Kirchner aplicó una serie de sanciones económicas a los abastecedores extranjeros de agua y electricidad, entre ellos a Aguas Argentinas, filial de Suez, ya que hubo una reiterada interrupción de estos servicios precisamente en el momento en el que el país sufría una acentuada ola de calor.

Otro caso significativo es el acaecido recientemente en Ecuador, puesto que la Coalición de Defensa del Agua inició desde 2003 una campaña para denunciar el proceso de privatización del agua en la capital del país: Quito. Tras múltiples avatares jurídicos, la privatización ha sido suspendida en 2007 y el agua queda como un bien público.

     Por último, es interesante destacar la privatización que de hecho se ejerce mediante la acción de las embotelladoras de agua, que son subsidiadas con permisos de explotación del recurso muy baratos y que con total impunidad “transforman el agua en agua”. Aquí es fundamental la connivencia de la oligarquía y los gobernantes locales con las empresas transnacionales, toda vez que el no mantenimiento (o mantenimiento inadecuado) de las redes públicas de distribución del agua, obliga a la población a consumir más agua embotellada, bien por falta del recurso, bien por su deficiente potabilización.

     Un caso llamativo es el de la firma estadounidense Coca – Cola, que predice que su agua (en algunos lugares más cara que la gasolina) terminará dando mayores beneficios que sus conocidas bebidas gaseosas en muy pocos años. En 2004 esta corporación utilizó la inmensa cantidad de 283.000 litros de agua (conseguidos mediante la acción de 52 plantas de extracción), cifra suficiente para cubrir las necesidades de agua potable en todo el mundo durante diez días. Por cada 2,7 litros de agua potable que extrae de la tierra fabrica un litro de su producto. El 63 % restante se usa para lavar las botellas y la maquinaria; luego se descarta como agua de desecho. En India, por ejemplo, extrae normalmente hasta un millón de litros por día en algunas zonas, como en Kerala, y desecha el 75 % de los mismos. Apropiarse del agua y contaminarla (y también el suelo) ha traído consecuencias dramáticas de tipo socioeconómico y ambiental en un país donde más del 70 % de la población vive de la agricultura o de actividades relacionadas con ella (Shiva, 2005).

     En marzo de 2004, Coca – Cola debió retirar del mercado británico alrededor de medio millón de botellas de agua de su marca Dasani después de la denuncia del diario The Independent, que acusó a la compañía estadounidense de utilizar agua del grifo proveniente del río Támesis que luego procesaba, embotellaba y vendía. Lo que se comercializaba como “agua pura” no provenía de manantiales ni de otras fuentes naturales, sino directamente de la canilla. Tras este revés, que le cerró las puertas de todo el mercado europeo, dicha empresa redobló sus esfuerzos comerciales y de mercadotecnia en América Latina, al albur de la existencia de exigencias ambientales y sanitarias más permisivas con las corporaciones transnacionales (Machado, 2007). Lo más irónico del caso es que Coca – Cola patrocinó el IV Foro Mundial del Agua, que se celebró en México en 2006.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Aunque G. Sartori y G. Mazzoleni (2003) digan que “agua gratuita significa frustrada o nula innovación de los cultivos agrícolas, uso ineficiente de un recurso escaso y precioso, persistencia de nocivos tradicionalismos culturales”, lo cierto es que el agua, según la Directiva Marco del Agua de la Comisión Europea (2000/60/CE), no es un producto comercial como cualquier otro, sino un patrimonio que debe ser protegido, defendido y tratado como tal, consideración que es avalada y subscrita por varios autores como Y. Lacoste (2003) o R. Petrella (2003) cuando afirman que el agua es un derecho fundamental cuyo suministro y servicio es una obligación del Estado y no un factor de negocio.

     Para solucionar el actual y futuro problema hídrico, debido a la creciente escasez y al constante aumento de la demanda de agua en el mundo, el Banco Mundial ha propuesto que este recurso sea tratado como un producto como el petróleo o el oro y que, por lo tanto, sea explorado y desarrollado como tal por la empresa privada, hecho que significaría que casi de forma inmediata los precios serían impagables por una parte muy grande de la población mundial. Si se privatiza la utilización del agua de forma generalizada, ¿cómo pagarán ese servicio las miles de millones de personas pobres en el mundo que no tienen ni tan siquiera dinero para alimentarse? Aunque en aras de un menor despilfarro sea necesario cobrar parte de esos servicios, lo fundamental es comprender que el agua es un bien público, como el aire y el sol, y también un derecho humano, no una mercancía.

     Si bien la ONU ha tardado en reconocer el fin lucrativo que perseguían las empresas beneficiarias de la privatización del agua en muchos lugares del mundo, varias organizaciones no gubernamentales (Contrato Mundial del Agua, Consejo Canadiense, Planeta Azul, Foro Social Mundial) han propiciado desde 2000 la construcción de un modelo alternativo para el manejo sustentable del agua que forme parte de la agenda social de las organizaciones civiles en todo el orbe. Sus propuestas se centran en reconocer que el agua es un patrimonio común de la humanidad, considerar el acceso al agua como un derecho humano y propiciar su utilización sustentable. Estas ideas constituyen la base contra la privatización de los recursos hídricos y con el objeto de asegurar la equidad y la participación social de las comunidades con el fin de mantener un dominio público del líquido y revertir cualquier proceso de privatización en su distribución y gestión.

     Los recursos hídricos constituyen los cimientos sobre los que se asienta el tan reclamado y publicitado desarrollo sostenible, al mismo tiempo que los ecosistemas y el sustento humano dependen de un uso eficiente y racional de este líquido vital y cada vez más escaso y precioso. Por lo tanto, no sólo es necesario preservar el agua, sino hacer también una distribución más equitativa y mejorar su calidad.

     En este sentido se deben destacar iniciativas como la administración conjunta entre el gobierno municipal y los vecinos de Porto Alegre (Brasil) mediante presupuestos participativos, que han llevado el suministro de agua potable con tarifas aceptables al 98 % de la población del lugar. El Estado puede ser un buen administrador y gestor de los recursos hídricos cuando se aplican políticas correctas. Las Naciones Unidas proponen reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas que carecen de acceso sostenible al agua dulce y potable. Por su parte, desde 2004, el 95,6 % de los cubanos disfruta de acceso sostenible al agua potable; el porcentaje de población sin acceso se ha reducido en casi tres cuartas partes respecto al año 1990.

     Como sostiene Vandana Shiva (2005), física, filósofa, ecofeminista y escritora india, que recibió en 1993 el Right Livelihood Award (Premio Nobel Alternativo) y actualmente lidera el Foro Internacional sobre la Globalización, la sobreexplotación de las superficies subterráneas freáticas y los grandes proyectos de desviación de los cursos de agua juegan en contra de la preservación de la Tierra en su conjunto. Para tener una idea de lo que está en juego, hay que saber que si cada parte del planeta recibiera precipitaciones iguales, con la misma frecuencia y siguiendo el mismo esquema, las mismas plantas crecerían por todas partes en la tierra y encontraríamos en todas partes idénticas especies animales. El planeta está hecho de diversidad. El ciclo hidrológico de las plantas es una democracia del agua, un sistema de distribución para todas las especies vivientes. Sin democracia del agua no puede haber vida democrática.

 

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[1] Muchos de los datos, referencias bibliográficas y reflexiones que contiene este artículo proceden de la elaboración del proyecto de investigación titulado Análisis de la creación del ALCA y sus repercusiones en la agricultura y los espacios rurales de la Comunidad Valenciana, financiado por la Dirección General de Investigación y Transferencia Tecnológica de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia de la Generalitat Valenciana (Programa de Ayudas para la realización de Acciones Especiales de I+D+I; Ref.: AE06/139) y dirigido por el autor. Asimismo, se ha escrito a raíz de la ponencia del mismo título presentada en el I Seminario de Estudio “Acqua: Fons Vitae”, celebrado en el complejo Real de Faula (Benidorm, Alicante) del 10 al 13 de abril de 2007.