La pesca no es sólo eso: producción, reproducción social y ambiente. Sobre pesca artesanal y variabilidad climática en el Uruguay.

 

Por Alicia Migliaro y Carlos Santos

 

Alicia Migliaro - Licenciada en Psicología, maestranda en Psicología Social (Facultad de Psicología, Universidad de la República; Uruguay), integrante del Equipo de Pesca Artesanal del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República.

E-mail: alicia.migliaro@gmail.com

 

Carlos Santos - Licenciado en Antropología, maestrando en Ciencias Sociales (Universidad Nacional General Sarmiento-Instituto de Desarrollo Económico y Social; Argentina), integrante del Equipo Pesca Artesanal del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio y del Núcleo Interdisciplinario “Biodiversidad y Sociedad” de la Universidad de la República.

E-mail: santos.carlos@gmail.com

 

 ¿Cómo le va Don Argüeyo? Aquí me tiene paisano. Muchos creen que me divierto, cuando ven que ando pescando. Comentan “lindo ranchito, usted debe ser feliz”, una cosa es ver de lejos y la otra es vivir aquí. Por qué no preguntan qué me trajo aquí, por qué ando en el agua como el surubí. Porque me quitaron la tierra y después crecieron los campos de un mister inglés.

 Anibal Sampayo, El río no es sólo eso.

 

Resumen

La pesca artesanal (PA) se destaca por tener esquemas y relaciones sociales particulares, signadas por la tensión entre la explotación de un recurso natural para la subsistencia y las lógicas de apropiación vinculadas al desarrollo del capital; ésta diversidad hace que en la denominación de la PA convivan una cantidad de prácticas y situaciones heterogéneas. No obstante, una de las características más notorias de este sector, es la población en situación de pobreza que se dedica esta a actividad en condiciones de fuerte precarización laboral.

     En su interrelación con el entorno la PA -como toda actividad extractiva-, genera impactos en el ambiente a la vez que es fuertemente vulnerable y dependiente de él, en estrecha relación con el grado de especialización relativo al desarrollo de la actividad. Las condiciones climáticas extremas o la contaminación son amenazas para los trabajadores y sus familias, principalmente en los sectores más pobres, quienes están más expuestos y tienen menos condiciones de enfrentar este tipo de situaciones.

     Esta situación se ve complejizada por los efectos de la variabilidad climática en la región y por el impacto diferencial sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad social. Los trabajadores de la PA están ubicados en una zona de conflicto que amenaza tanto las posibilidades de desarrollo de estrategias de superación como las condiciones materiales de vida y subsistencia del sector.

     La desigualdad social obliga a los sectores más pobres a pagar las consecuencias de la degradación ambiental, más aún en poblaciones que dependen de la explotación de recursos naturales para sobrevivir.

     Pretendemos abordar aquí tres dimensiones principales: a) una caracterización de la denominada “pesca artesanal”, analizando las complejidad que presenta esta actividad desde un enfoque que toma en cuenta primordialmente la reproducción social y los procesos de diferenciación social, b) la interrelación de la PA con el ambiente y la afectación de la variabilidad climática sobre el proceso productivo y reproductivo y c) un análisis de algunas políticas ambientales y su relación con la PA, dando cuenta de cómo determinadas regulaciones se enfocan en el impacto de las poblaciones más vulnerables y susceptibles de ser controladas, sin tocar los procesos productivos más contaminantes ni la riqueza que éstos generan.

Palabras clave: pesca artesanal - variabilidad climática  - desigualdades ambientales  

 

a) Los procesos productivos de la pesca.

Balbi (2008) ha planteado la necesidad de complejizar los análisis habituales sobre la pesca artesanal, incorporando el término de 'productor independiente de base doméstica' para considerar el tipo de relaciones sociales que se dan en esta actividad y que son al mismo tiempo de producción y reproducción. En sintonía, Narotzky ha sostenido que “al intentar comprender el impulso de reproducción de las personas, y al mismo tiempo el impulso de acumulación del capitalismo, podemos concluir que no es la separación de los medios de producción la que empuja a las personas a integrarse en relaciones explotadoras con el capital, sino la separación de los medios de reproducción de su medio de vida, sin importar la propiedad efectiva de algunos medios de producción que pudieran tener. La separación de los medios para reproducir la forma de vida implica que, sin establecer determinadas relaciones de producción, no es posible la vida” (Narotzky, 2004).

     En Uruguay, la PA es una actividad productiva de gran importancia tanto a nivel económico como social en muchas localidades. La única definición oficial caracteriza esta actividad por su escala, siendo la PA la actividad de captura pesquera en la cual se emplean embarcaciones menores a 10 Tonelajes de Registro Bruto[1] y se utilizan las artes de pesca que la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) establece para cada zona del país. La acotada definición oficial nada nos dice ni de las particularidades de la dinámica productiva ni de las complejidades socioeconómicas y ambientales que el sector presenta en la actualidad.

     Según la geografía de Uruguay se distinguen tres zonas aptas para el desarrollo de la actividad pesquera: pesca de río -costa del litoral oeste, costa noroeste, ríos y arroyos del interior del país-; pesca de estuario -costas sur y sur este-; y pesca de océano -costa este-. Estas zonas revisten características productivas diferentes: en función de las especies capturadas y sus respectivos ciclos biológicos; las artes de pesca y estrategias productivas desarrolladas; la complejidad en la navegación y medios de producción empleados. Sin embargo estas diferencias espaciales no explican por sí mismas las diferencias socioeconómicas y productivas.

     Una mirada más aguda sobre la dinámica del complejo pesquero, permite evidenciar distintas lógicas productivas, propias de diferentes modelos de desarrollo. Así, podemos distinguir un modelo de corte industrial, orientado por la producción de alimentos para cotizar en el mercado internacional y otro centrado en la producción de alimentos para el consumo local y regional, más cercano a la conceptualización de soberanía alimentaria, entendida como “el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y en materia de alimentación” (Vía Campesina, 2001). En éste último es donde podemos enmarcar a la mayor parte de la PA en nuestro país.

     Respecto a la dinámica productiva, la PA se destaca por tener esquemas y relaciones sociales particulares, diferentes a las que se dan en la pesca industrial. Esta dinámica particular está signada por la tensión entre la explotación de un recurso natural para la subsistencia y las lógicas de apropiación vinculadas al desarrollo del capital. Esta diversidad de intencionalidades en el desarrollo de la actividad productiva en relación con las particularidades locales, hace que en la denominación de PA convivan una cantidad de prácticas y situaciones heterogéneas.

     El proceso de diferenciación social en la PA puede caracterizarse partiendo de los pescadores artesanales que se mantienen en un nivel de reproducción social simple y que son objeto de la mayor parte de estudios sobre la PA. No hay registros de todos aquellos individuos o unidades domésticas cuya reproducción social se ve impedida dentro de la actividad como productores independientes, pero tenemos acceso a un cierto componente derivado de esta población que son los pescadores proletarizados, trabajadores de embarcaciones de la pesca industrial o proto-industrial -pequeñas embarcaciones que son consideradas “artesanales” por sus dimensiones pero cuyo proceso de trabajo encaja dentro de lo que denominamos pesca industrial-.  Por otra parte hay sujetos que ingresan en procesos de acumulación que les permiten acceder a un nivel de reproducción ampliada, convirtiéndose en acopiadores o en asalariados con participación destacada en el control del proceso de trabajo -patrones de pesca de este sector que hemos denominado proto-industrial-.

     Desde el Equipo de Pesca Artesanal de Extensión Universitaria (Arbulo et al., 2009) hemos propuesto el análisis de las prácticas productivas a través de los grados de especialización en la tarea, la cual deviene de la interrelación entre los medios de producción, la división del trabajo, la relación entre la esfera de producción y reproducción social. De acuerdo con esta división se evidencian tres tipos de perfiles productivos: baja, media y alta especialización. La baja especialización se caracteriza por relaciones de producción en torno a la barca, con predominio de explotaciones familiares y con una división del trabajo prácticamente acotada a la propia unidad doméstica. El perfil de especialización media mantiene la centralidad del trabajo del propietario de la barca, pero incorporando trabajo asalariado y mejoramiento tecnológico en la captura. Por último, en la alta especialización, se evidencia una clara división del trabajo con una subordinación del trabajo productivo al trabajo improductivo y una gran disponibilidad de recursos tecnológicos que reducen la dependencia de factores naturales.

     Sobre las características socioeconómicas de la PA se destaca la predominancia de población en situación de pobreza que se dedica esta a actividad en condiciones de fuerte precarización laboral. Entendemos la precarización laboral como el proceso que comprende “simultáneamente a la pérdida de estabilidad en el empleo de una proporción creciente de asalariados, así como a la creciente desvinculación del salario de los institutos de seguridad social, cobertura de salud y otros con los que estaba tradicionalmente articulado” (Palomino, 2004, 15). Esta inestabilidad no permite garantizar la reproducción social y debe ser entendida como la expresión de las relaciones laborales que se establecen en la etapa actual del sistema capitalista.

     Estas características de la PA determinan condiciones materiales y subjetivas complejas para el desarrollo del sector y para el potencial organizativo de los trabajadores. Esto se debe a que, tradicionalmente, ha sido un recurso de subsistencia, por tanto se ha desarrollado como una actividad subalterna en un alto margen de informalidad. Se destaca la gran cantidad de pescadores artesanales que desarrollan estrategias de trabajo en ciclos de zafralidad, compatibilizando la pesca con otras actividades -empleos zafrales agrícolas, construcción, turismo, servicios-, siendo la PA, trabajadores y sus familias, un recurso de complemento de los ingresos.

     Además, en el caso de Uruguay se da una situación similar a la descripta por Balbi en el Delta del Paraná (Argentina), donde la estructura del proceso productivo pesquero está dividida en tres fases cada una de las cuales es desarrollada por “diversas unidades productivas y enlazadas por los intercambios desiguales entablados entre las unidades de base doméstica dedicadas a la captura y las unidades empresariales que controlaban el traslado y la conservación, y con los acopiadores fluviales y locales concentrando parte de la producción local para venderla a los extralocales” (Balbi, 2008: 123).

     En los últimos diez años en Uruguay la cantidad de trabajadores y trabajadoras que perciben en la PA su único ingreso -o que dependen de ésta como fuente de ingreso más estable-, ha aumentado notablemente, esto se evidencia en el aumento de la flota pesquera artesanal, de acuerdo a información de DINARA.

     El aumento de la explotación vinculada a la PA se debe principalmente, a las transformaciones producidas en el mundo del trabajo, las cuales se producen a punto de partida de la consolidación en la región del modelo neoliberal en la década de los noventa. Este se basa en la acentuación de la división entre países centrales y periféricos, en la transnacionalización del capital y en la desregulación de los mercados. La aplicación de este modelo tuvo un fuerte impacto en relación a la producción de alimentos. En Uruguay, principalmente a partir de la crisis socioeconómica de 2002, se apuntó a la reconversión en términos empresariales de rubros tradicionales (como la ganadería y la lechería) a partir de la inyección de capital de inversores extranjeros (Carámbula, 2009).

     La maximización de beneficios se basa también en la explotación de los trabajadores y trabajadoras directa e indirectamente, desde allí se explican fenómenos como el aumento del desempleo estructural, la flexibilización y precarización de la oferta del mundo del trabajo. En lo que refiere al medio rural específicamente, este modelo impacta desplazando del trabajo rural tradicional hacia nuevas formas de empleo, caracterizadas por la menor necesidad de mano de obra permanente y de baja especialización y el aumento de la zafralidad. A su vez la alta tasa de rentabilidad de estos productos en el mercado internacional ha elevado el precio de la tierra a valores nunca antes alcanzados, eliminando a pequeños y medianos productores (CECSO, 2008).

 

b) Pesca artesanal, ambiente y variabilidad climática.

La interrelación entre la PA y el ambiente está atravesada por una serie de tensiones a considerar. Como toda actividad extractiva genera impactos en el ambiente a la vez que es fuertemente vulnerable y dependiente de él, en estrecha relación con el grado de especialización relativo al desarrollo de la actividad. En este sentido procesos como las condiciones climáticas extremas o la contaminación son amenazas para los trabajadores y sus familias, principalmente en los sectores más pobres, quienes en definitiva están más expuestos y tienen menos condiciones de enfrentar este tipo de situaciones.

     En este sentido, un marco analítico interesante para el estudio del impacto del cambio climático sobre la PA lo aporta la ecología política, en tanto que análisis de los conflictos ecológicos redistributivos, como ha planteado Martínez Alier (2005). A través de la idea del ecologismo de los pobres, este autor ha caracterizado a los conflictos ambientales llevados adelante desde los sectores subalternos y asociados con conflictos de subsistencia, en contraposición a los conflictos de abundancia que caracterizan al ecologismo de los sectores hegemónicos.

     La PA permite enfocarnos al mismo tiempo en un sector donde la reproducción social y el ambiente están directamente relacionados, por lo que cualquier alteración a nivel del clima puede impactar directamente sobre la organización social de la producción, además de su impacto material directo.

     Esta situación se ve complejizada por los efectos de la variabilidad climática en la región y por el impacto diferencial sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad social. Los trabajadores y trabajadoras de la PA están ubicados en una vidriosa zona de conflicto que amenaza tanto las posibilidades de desarrollo de estrategias de superación como las condiciones materiales de vida y subsistencia del sector.

     Tomando los aspectos planteados en el Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático (PNRCC), se entiende que el sector de la pesca artesanal es altamente vulnerable a la variabilidad y el cambio climático (CC). Esta vulnerabilidad se expresa tanto en la esfera productiva como en la reproductiva[2].

     En lo que concierne a la esfera productiva se destacan los impactos del CC en las zonas costeras, principalmente en costa oceánica y de estuario pero también en costas de ríos. “El cambio climático combina y amplifica los actuales factores estresantes tornando más vulnerables a las comunidades costeras. Estos cambios se expresarán de diferente manera e intensidad en las distintas regiones costeras de este complejo sistema, en función de la magnitud de los vectores (presiones) climáticos, las características naturales de la costa y la influencia de la actividad humana” (PNRCC, 2010: 34 y 35).

     El aumento en la intensidad de las precipitaciones, las sequías, los eventos climáticos extremos, interfiere directamente y supone fuertes impactos en los ecosistemas costeros, alteración en los patrones de los caudales, intrusión salina y erosión costera; lo cual interfiere directamente con las capturas -interferencia con ciclos reproductivos, migración, aumento de la mortalidad- y con el desarrollo de la actividades productivas -condiciones de trabajo-. La interrelación de estos factores convierten a la PA en uno de los rubros productivos más vulnerable a los efectos del CC, según el informe del PNRCC.

     Para comprender la interferencia del CC con el sector pesquero en la esfera reproductiva, es necesario considerar las características socioeconómicas de los trabajadores del sector pesquero.

     Predomina la población en situación de pobreza, lo que aumenta las condiciones de vulnerabilidad y disminuye las posibilidades de hacer frente a los impactos del CC. La desigualdad social obliga a los sectores más pobres a pagar las consecuencias de la degradación ambiental, más aún en poblaciones que dependen de la explotación de recursos naturales para sobrevivir. Son estos sectores quienes menos recursos y capacidades tienen para generar estrategias de adaptación a las nuevas condiciones ambientales.

     Hay un impacto directo del CC en las condiciones de habitat y salubridad de la población pobre. El aumento de las manifestaciones climáticas extremas -sequías, inundaciones, turbonadas- impacta sobre las viviendas precarias, caminos y acceso a recursos. No podemos olvidar que los criterios de distribución y asentamiento geográfico están directamente relacionados tanto con las desigualdades sociales como con las estrategias productivas y las inserciones laborales; es así que los trabajadores y trabajadoras de la PA suelen ubicar sus viviendas en las zonas costeras en condiciones de fragilidad.

     A su vez, estas mismas condiciones impactan sobre la salud humana -cambios en la morbi-mortalidad en relación con la temperatura, efectos en salud relacionados con eventos meteorológicos, enfermedades transmitidas por alimentos, agua y vectores infecciosos-. Esta vulnerabilidad es aún mayor en poblaciones que desarrollan actividades productivas con recursos naturales. En primer lugar porque la exposición a las inclemencias climáticas es mucho mayor, lo cual, además de los impactos ya mencionados sobre la salud humana, aumenta también el riesgo de accidentes.

c) Ensayo y error: la mirada de las políticas públicas y pesca artesanal.

Generalmente la intervención del Estado sobre la PA es débil y fragmentada. El contralor productivo, las políticas sociales -reducción de la pobreza, por ejemplo- y la promoción de proyectos ecológicamente sustentables o asociativos llegan cada uno por su lado, respondiendo a sus propias lógicas institucionales, en general para trabajar con los mismos grupos poblaciones y con escasa o nula articulación entre sí; de todas éstas, la preocupación de corte social o socioeconómica sobre la población que vive de la PA es claramente una novedad reciente de las políticas públicas del sector pesquero.

     Son rastreables hacia el inicio del primer gobierno de izquierda (Encuentro Progresista-Frente Amplio) con la consolidación de una Unidad de Pesca Artesanal dentro de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

     Esta situación es la contracara de una dimensión 'social' de la pesca artesanal que ha respondido a una gran sobre intervención de organizaciones no gubernamentales, algunas de desarrollo social, algunas de corte ambiental, que trabajan desde intereses sectoriales sobre los pescadores y su entorno.

     En el año 2005, el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca implementó el Proyecto de Producción Responsable (PPR) con el objetivo de “Promover la adopción de sistemas de manejo integrado y eficiente de los recursos naturales de uso agropecuario, incluyendo a la diversidad biológica, que sean económica y ambientalmente viables” (PPR, 2010: 11).

     En este sentido desarrolló una línea de trabajo específica hacia la PA que buscó promover -mediante créditos y contrapartes de trabajo- la instalación de cámaras de frío como alternativa tecnológica para la conservación del pescado, en el intento de reducir la contaminación por residuos sólidos generada por los pescadores en dos momentos del proceso productivo: a) al trasladar el hielo para la conservación en envases plásticos que luego de utilizados eran arrojados al agua y b) al verse obligados a realizar las tareas de eviscerado y limpieza del pescado en la costa al no contar con la tecnología para conservar el producto y trasladarlo a un lugar acondicionado para tal fin (Valdez, 2008 y Parrilla 2009).

     Estos recursos fueron distribuidos a asociaciones de pescadores, consolidando en la mayoría de los casos organizaciones cooperativas donde no las había. Esta promoción de lo grupal de las políticas públicas -cuando no cooperativización forzada-, tienen como trasfondo un sesgo ideológico que es necesario poner en  discusión.

     En primer lugar es necesario desarmar la ficción de la política de lo grupal como estrategia de socialización y distribución de la riqueza. A nuestro entender, el signo distintivo de estas propuestas, es que diseñan dispositivos particulares desde donde organizar la 'bajada' de políticas públicas a aquellos sectores olvidados por el Estado Neoliberal. Estamos asistiendo al armado de una nueva configuración del Estado de Bienestar, ya no organizado desde la centralidad del Estado dirigiendo políticas públicas hacia los individuos, sino desde la diseminación de las políticas y los recursos estatales sobre agrupamientos y colectivos, tanto para los beneficiarios de las políticas públicas, como para los ejecutores de las mismas -ejecución vía ONG’s y asociaciones civiles-.

     Atravesando estas políticas opera la idea de que el asociativismo es una estrategia alternativa a las formas típicas del capitalismo y, por ende, que el asociarse es bueno en sí mismo. Esto parte de una mirada simplista de los procesos que involucran trabajo y capital, donde el asociativismo es vinculado exclusivamente a figuras organizativas cooperativas que pretenden una relación del trabajo/capital que, jerarquizando el primero, organicen una distribución equitativa y solidaria de los recursos gestionados y generados.

     El Estado -a través de los múltiples dispositivos desde los que actúa-, opera como un capitalista encubierto; provee capital a aquellos que sólo pueden ofrecer trabajo y les impone una lógica organizativa funcional a las necesidades del propio Estado, fundamentalmente en relación a los compromisos asumidos con el Mercado. Se trata de capitalizar organizaciones de pequeño porte que no compitan deslealmente en el mercado, y que, a través de la idea de generar estrategias donde los sectores excluidos puedan compensar carencias para la inclusión social, tengan la base material sobre la cual desarrollarse. Desarrollo basado en una mirada principalmente economicista que lleva a pequeña escala, ciertas lógicas que encontramos a nivel global. Estas nuevas organizaciones pueden verse así, como pequeñas empresas/cooperativas en desarrollo, a las que si les va bien, algún día podrán llegar a ser empresas/cooperativas desarrolladas.

     El corolario de estas miradas maniqueas sobre el capital y sus procesos, es un abordaje lineal y simplista de los grupos -como sustento material de los emprendimientos asociativos-, que llevan adelante estas propuestas. Las políticas públicas de promoción de lo grupal suelen ignorar y/o encubrir el proceso de constitución de lo grupal, recargando sobre estas noveles organizaciones el peso de la reconversión del trabajo singular al colectivo. Los grupos no se forman por mera sumatoria de voluntades o de acuerdo a recetarios de manuales sociales, exigen procesos singulares y únicos, tiempo de trabajo con ritmos e intensidades propias que pueden encontrarse o no con las necesidades de las instituciones y las políticas públicas que los promueven.

     Siguiendo esta línea de análisis, es frecuente encontrar, por parte de técnicos y actores políticos, una visión profundamente moralista en relación a los grupos. Preexiste el ideal que siempre positivo el trabajo asociado (principalmente en aquellos sectores de menos recursos) y que alcanza con agrupar a 'gente de trabajo' y facilitar algún capital para lograr constituir proyectos cooperativos; invisibilizando, cuando no negando, la dimensión subjetiva en cuanto a la conformación de la organización del trabajo.

     A su vez, en el caso de las cooperativas de pescadores artesanales promovidas por el PPR, la cooperativa constituye una segunda alternativa tecnológica que impacta en el desarrollo de la actividad laboral. No sólo se altera la organización del trabajo, sino que también se altera la relación con el ambiente, tanto en cuanto a objetivar las prácticas productivas contaminantes, como a ser reconocidos como agentes sociales claves para el cuidado del entorno frente a otras amenazas ambientales.

     Por otro lado, desde el año 2008 la DINARA aplicó una serie de vedas de captura sobre el sector de pesca artesanal, con la finalidad de preservar las etapas de reproducción de las diferentes especies. Desde ese entonces -y con variaciones de acuerdo a la zona-, entre los meses de setiembre y febrero de cada año se prohíbe la captura de peces, con base a una fundamentación relacionada con la sustentabilidad ecológica de la actividad. Esto ha implicado un aumento del control estatal sobre la PA.

     Estas iniciativas se dieron en un momento donde en Uruguay se registró un doble proceso en la producción agrícola: la mayor expansión territorial de la frontera productiva, por un lado, y la creciente intensificación productiva -básicamente a partir del monocultivo de soja-, lo que acarreó un aumento históricos en el uso de agrotóxicos, registrando una serie de eventos de contaminación y afectación puntual de otros sistemas productivos -ganadería, apicultura y aún PA-.

     Al tiempo que el PPR y DINARA pretendieron volver más sustentable la PA, la ausencia de controles sobre el uso de agrotóxicos en la actual fase de producción agrícola hace resonar las palabras de un pescador artesanal de Villa Soriano -departamento de Soriano, Uruguay- que afirmaba resignado “el hilo siempre se corta por el lado más fino”. En términos de Foladori esto responde a la idea de la sustentabilidad puente: la pobreza se vuelve una preocupación no como pobreza en sí, ni por lo que implica en términos sociales, sino por su “impacto” sobre el ambiente.

     Sin embargo el impacto de los sistemas productivos del agronegocio no merece aún el foco de ninguna política pública relacionada con la calidad ambiental. Recientemente un estudio de la organización Vida Silvestre[3] a lo largo del año 2009 en el área de influencia del Parque Nacional Esteros de Farrapos -departamento de Río Negro-, detectó “la presencia de residuos de plaguicidas altamente tóxicos en peces de valor comercial y consumidos a nivel local” (Vida Silvestre, 2010; 6) como tarariras, bagres, sábalos y bogas.

     Con respecto a la agricultura, el estudio constató que “los insecticidas utilizados en los sistemas agrícolas estudiados, tiene un elevado impacto sobre la apicultura, generando entre otras cosas, una clara disminución de la producción de miel” (Vida Silvestre, 2010; 6). Dentro de los insecticidas encontrados, los niveles más preocupantes corresponden a un producto conocido como Endosulfán, insecticida que ha sido prohibido en más de 50 países -incluyendo toda la Unión Europea-[4]. En lo que respecta a los momentos en que se registraron mortandades masiva de peces y abejas, el estudio permitió constatar “altas concentraciones” de plaguicidas, así como en “suelos productivos tiempo después de su aplicación (hasta 3 años en suelos de uso forestal y un año después en suelo de uso sojero) y su presencia en suelos de ambientes naturales, incluyendo el área protegida” (Vida Silvestre, 2010; 6).

     Claramente la reducción del 'impacto' ambiental de los pescadores artesanales no va a permitir superar los problemas mayores de la pesca de agua dulce -en realidad originados por los sistemas productivos del agronegocio- ni de aguas oceánicas -originados por la pesca industrial-.

d) La discusión conceptual desde los conflictos por la distribución ecológica.

Estos casos, que hemos repasado brevemente, donde están en juego determinadas políticas ambientales y la pesca artesanal, permiten hacer una serie de lecturas desde enfoques como el ambientalismo popular o la justicia ambiental; a lo que nos dedicaremos a continuación.

     En primer lugar, en relación al concepto de justicia ambiental y su surgimiento a partir de la acción de grupos sociales víctimas de injusticias ambientales -como plantean Walker y Bulkeley (2006)-, encontramos un primer posible vínculo con preocupaciones como la de Charles Tilly (2000), en relación a las desigualdades categoriales, donde se plantea la confluencia de una serie de dimensiones que potencian estas situaciones de desigualdad.

     En el caso de Estados Unidos -donde surge el movimiento de la justicia ambiental, en la década de los ochenta, a partir del llamado racismo ambiental (Carruthers 2008, Harvey 1996, Bullard, 2004-, es muy gráfica la idea que plantea David Harvey: si superponemos mapas de pobreza y de distribución racial, además de poder realizar lecturas en relación a la segregación espacial se puede adelantar un diagnóstico de los lugares objetivo de instalación de industrias contaminantes: “uno de los mejores predictores de la ubicación de vertederos de desechos tóxicos en Estados Unidos es la concentración de población de bajos ingresos y de color”  (Harvey, 1996, 368)1.

     En este sentido, la confluencia de estas diferentes dimensiones de la desigualdad -clase, raza, género y distribución del riesgo ambiental- preconfiguran una nueva dimensión a incorporar en el análisis de las desigualdades sociales que -como plantea Reygadas (2008)- necesariamente debe ser multidimensional.

    Como plantea  Carruthers, el enfoque de la justicia ambiental no sólo tiene potencialidad para analizar conflictos locales, sino para dar cuenta de “los desproporcionados costos negativos, ambientales y sociales, de la producción global, a cargo de comunidades del Sur global” (Carruthers, 2008, 2).

     Este enfoque de la justicia ambiental es confluyente con el estudio de los “conflictos ecológicos redistributivos”, como es el caso de Joan Martínez Alier, quien  diferencia entre un “ecologismo de los ricos” y un “ecologismo de los pobres”. El primero, es el de aquellos que “se preocupan de la conservación de los grandes mamíferos o protestan por la pérdida de paisajes de los que gozaban. El gasto cada vez mayor de materiales y energía, la pérdida de diversidad biológica, la producción de residuos, hacen perder calidad de vida y de ahí las protestas ecologistas cuyo contenido es <>”. Por otra parte, el “ecologismo de los pobres” es el de aquellos para los que “la cuestión es más bien de supervivencia que de calidad de vida: livelihood y no quality of life." (Martínez Alier, 1995:8).

     Los conflictos ambientales enmarcados en este ecologismo popular surgen "al empeorar la distribución ecológica (es decir, las desigualdades sociales, espaciales y temporales en el uso de los recursos y servicios de la naturaleza), sin que este empeoramiento sea compensado por una mayor igualdad en la distribución económica" (Martínez Alier, 1995:8). 

     En este sentido es de destacar el planteo de Reboratti (2008) en relación a que la explicitación de un conflicto y la movilización social son las vías para la enunciación de las injusticias ambientales en el continente.  Por ejemplo, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) ha definido la injusticia ambiental como "la distribución no equitativa de los impactos ambientales de las actividades humanas. En otras palabras inequidad social en los costos y beneficios de las actividades y sus resultados" (OLCA, 2005) partiendo de la diferenciación del "conflicto" con el "problema" ambiental: "el problema ambiental no está acompañado de acciones por parte de los afectados. El conflicto comienza cuando los -potencialmente-, afectados inician acciones con el objeto de evitar un daño ambiental o lograr su reparación" (OLCA, 1998).

     Una de las interesantes herramientas conceptuales que proporciona este enfoque es la definición de "injusticia ambiental": “la condición de existencia colectiva propia de las sociedades desiguales donde operan mecanismos sociopolíticos que destinan la mayor carga de los daños ambientales del desarrollo a grupos sociales de trabajadores, poblaciones de bajos ingresos, segmentos sociales discriminados, sectores marginalizados y más vulnerables de la ciudadanía” (Acselard et al., 2004:9).

     Como fue planteado anteriormente en relación a lo que definimos como PA, el impacto ambiental sobre esta actividad no implica solamente un conflicto productivo, sino que tiene que ver con la propia reproducción social: defender la existencia de peces ante la contaminación por agrotóxicos o la pesca de arrastre no es para estos sectores solamente una cuestión económica, es una cuestión que afecta directamente a la subsistencia.

     En este sentido, podemos establecer que cuando estos pescadores denuncian situaciones concretas de contaminación o mortandad de peces, lo hacen desde una posición de justicia ambiental o ambientalismo popular.

     Como plantea Martínez Alier para este tipo de casos “los movimientos sociales de los pobres son luchas por la supervivencia y son por tanto movimientos ecologistas (cualquiera que sea el idioma en que se expresen) en cuanto sus objetivos son las necesidades ecológicas para la vida: energía (las calorías de la comida y para cocinar y calentarse), agua y aire limpios, espacio para albergarse. También son movimientos ecologistas porque habitualmente tratan de mantener o devolver los recursos naturales a la economía ecológica, fuera del sistema de mercado generalizado” (Martínez Alier, 1995:21).

     Pero la discusión instalada a partir de la afectación de los sistemas productivos que dependen en mucho mayor grado de la calidad ambiental -como la pesca- tiene que ver con las formas de apropiación/expropiación en relación al bien común que podemos denominar genéricamente ambiente. El acceso al agua y al aire sin contaminación, la posibilidad de que los servicios ecosistémicos -la posibilidad el cumplimiento del ciclo reproductivo de peces, en este caso- se lleven a cabo son factores críticos, y aunque nadie se apropie directamente de ellos, si podemos dar cuenta de procesos de acumulación por desposesión, como los caracteriza Harvey. Dentro de estos procesos se encuentra “La reciente depredación de los bienes ambientales globales (tierra, aire, agua) y la proliferación de la degradación ambiental, que impide cualquier cosa menos los modos capital-intensivos de producción agrícola, han resultado de la total transformación de la naturaleza en mercancía” (Harvey, 2004, 114).

     Mientras no se afecten los mecanismos que operan sobre estas desigualdades -como la acumulación por desposesión-, las políticas que aborden la dimensión ambiental aislada de la dimensión económica y social sólo reafirmarán la tendencia del capitalismo hacia la insustentabilidad.

• Referencias

 

Acselrad, Herculado & Pádua, (2004), “A justiça ambiental e a dinamica das lutas socioambientais no Brasil-uma introduçao” en Acselrad, Herculado & Pádua, Justiça Ambiental e Cidadania, (pp. 9-20), Dumará, Río de Janeiro.

 

Arbulo et al (2009), “Estudio comparativo de Pesquerías a pequeña Escala. Caracterización socioeconómica y productiva de la pesca artesanal en San José, Piriápolis y La Paloma”. Memoria de las II Jornadas de Investigación de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de la República. Montevideo, Uruguay. 

 

Balbi, F. A. (2008), “Sobre la presunta 'lógica interna' de una forma 'no capitalista' de producción: el caso de los pescadores entrerrerianos del Delta parananense en la década de 1980”, en Boivin, Rosato & Balbi (comps.) (2008), Calando la vida. Ambiente y pesca artesanal en el Delta Entrerriano. Buenos Aires, Antropofagia.

 

Bullard, Robert, (2004), “Enfrentando o racismo ambiental no século XXI” en Acselrad, Herculado & Pádua, Justiça Ambiental e Cidadania, (pp. 41-68), Dumará, Río de Janeiro.

 

Carruthers, David, (2008) “Introduction. Popular Environmentalism and Social Justice in Latin America” en Carruthers, David, (ed.), Environmental justice in Latin America, MIT Press, Cambridge-Londres.

 

Centro de Estudios para el Cambio Social (2008), “Nuevas y viejas prácticas organizativas de los trabajadores frente a la precarización”. Buenos Aires, El Colectivo

 

Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. http://www.dinara.gub.uy

 

DINARA (2020) Taller de transferencia tecnológica en Acuicultura y Pesca Continental.  Presentación en Cartagena, Colomibia. 

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Harvey, David (1996), “Justice, nature & the Geography of Difference”. Nueva York, Blackwell.

 

Harvey, David (2004), “El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión”, en Socialist Register, CLACSO, Buenos Aires. Acceso: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/

 

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[1]               Decreto del Poder Ejecutivo N º 149/997 Literal F, artículo 3º.

[2]              Entendemos aquí la reproducción social como  la “reproducción de las condiciones de producción social en su totalidad”. Los casos más evidentes y más analizados de reproducción social involucran a las relaciones de género y el trabajo doméstico, y han colocado la luz sobre una cuestión trascendente: hay otro tipo de relaciones, “diferentes a la de trabajo/capital que deben ser explicadas como partes fundamentales del proceso de reproducción social de las sociedades capitalistas” (Narotzky, 2004: 237). Prestar una especial atención a las condiciones de reproducción social de una familia, un grupo o un tipo de producción es central para indagar sobre las diferentes formas de explotación a las que están expuestas las personas. En todo caso el trabajo, asalariado, doméstico, precario o industrial, sigue siendo la clave para entender estos procesos. La producción y la reproducción social son ámbitos de la práctica económica, que muchas veces se confunden en las intervenciones que realizamos en el terreno. En sí mismo, el concepto de reproducción social engloba una serie de complejidades, para lo que tenemos que tener presente evitar confundirlo con la propia reproducción biológica o con la reproducción de la fuerza laboral.

[3]              El proyecto llevado adelante por Vida Silvestre contó con financiamiento de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) e involucró a equipos de investigadores de las Facultad de Química y Ciencias de la Universidad de la República y del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Los análisis de las muestras fueron realizados en laboratorios de Alemania, en virtud de la dificultad de encontrar técnicas de medición ajustadas en laboratorios de la región.

[4]              El estado Alemán -país de origen de Bayer, empresa productora de Endosulfán- solicitó la inclusión de este insecticida dentro de los compuestos prohibidos internacionalmente, en el marco del Convenio de Estocolmo de Naciones Unidas. Esta propuesta aún se encuentra en evaluación por parte de los diferentes mecanismos previstos en el Convenio.