Teoría de la delincuencia: construcción social, acción y estructura

Por Rolando Hernández Alducin

Maestro en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Especializado en Sociología criminal.

E-mail: rolas-77@hotmail.com

 

 

 

Abstract

En este ensayo se analizan los factores sociales que inciden en la aparición y transcurso de la delincuencia, se toma distancia de los factores biológicos y psicológicos y se pone el acento en el entorno, el ambiente y el contexto en que el fenómeno delictivo se desarrolla en América Latina. Pobreza, marginación, desigualdad e inseguridad actúan como ‘factores preparantes’ de la delincuencia, los cuales son el resultado de un complejo proceso puesto en marcha por los requerimientos de la economía y la política capitalistas. La estructura condiciona los comportamientos individuales, pero no los determina, los individuos aún pueden tomar una postura frente al entorno; sin embargo, un medio social desigualitario y agresivo, prepara el campo de los antagonismos y los conflictos en el que se lleva a cabo la delincuencia y, por tanto, es el motivo principal (aunque no el único) del fenómeno delictivo.

     El estudio del fenómeno de la delincuencia puede llevarnos fácilmente a debates ontológicos o de la inmanencia del ser, además de discusiones interdisciplinarias que se disputan la verdad absoluta del fenómeno (basten de ejemplo los estudios bio-psicológicos sobre la adrenalina, la esquizofrenia, la genética, la psicopatía, etc., como determinantes del comportamiento delictivo), pero este no es el caso. En este ensayo se procura mantener el lineamiento social para analizar y describir las características de la delincuencia, y para esto es que se hará una descripción del contexto social, de los procesos y de las formas de la delincuencia como un fenómeno social. Debe señalarse también que la cifra negra[1] y los delitos potenciales (pasados o futuros) no estarán inscritos en el análisis de este trabajo, ya que no se pretende aquí dar con el total de las causas y consecuencias de la delincuencia, tarea por demás complicada, sino sólo con las características más comunes y constantes así como sus consecuencias más inmediatas y algunas de sus posibles causas, lo cual se plantea como un acercamiento al conocimiento del fenómeno delictivo. Con esto, en su conjunto, se podrá estudiar sociológicamente el fenómeno de la criminalidad en un ámbito específico y no como una generalidad inaprehensible.

     Para iniciar se tiene el argumento de que la desigualdad social dentro del sistema de producción y organización contemporáneo (capitalista, global, neoliberal) actúa como factor criminógeno preparante[2] de las conductas delictivas, con todos los antagonismos sociales y los consecuentes conflictos de interacción que conlleva, pues fabrica todo un complejo de actividades discordantes con el “bien común” (que, por otra parte, es un concepto abierto a la crítica), que en consecuencia se transforma en actividades concretas de “desviación” y conductas antisociales que alteran el pretendido “orden sistémico” (en sus sentidos político, económico y social y con todas las críticas que al respecto se han desarrollado). Los actores de los hechos criminales (los delincuentes), han sufrido la presión del medio social (desigualitario) y han adoptado comportamientos “desviados” (social y legalmente) y al hacerlo se han convertido en delincuentes que atentan contra el orden social y la legalidad (y la moralidad) que la sustentan. Esta argumentación, tal vez aventurada y divagante de momento, será sustentada ampliamente en el desarrollo de este ensayo.

     Debe aclararse que no se maneja aquí un determinismo causalista (la desigualdad socioeconómica como factor único de la delincuencia), sino de la parte que le corresponde a ésta como constructo que facilita la aparición de la misma, esto es, que la argumentación que aquí se maneja es sólo parcial y no determinante de las posibles causas de las conductas delictivas. Es decir que, por ejemplo, existe la llamada delincuencia de “cuello blanco” (la que llevan a cabo políticos, empresarios y funcionarios que no encajan en lo que se plantea) o la delincuencia organizada (en sus diversas vertientes, que tampoco encajan), pero de lo que se trata, justamente, es de estudiar la influencia que los factores sociales tienen sobre la aparición de la delincuencia; para esto, primero se aclarará cuál es el tipo de delincuencia que en esta tesis se está estudiando. Lo que aquí se expone es que la razón de que la delincuencia común (no la organizada ni la de cuello blanco) esté usualmente representada por los estratos más bajos de la sociedad, los pobres, es que éstos están expuestos a factores de riesgo[3] (pobreza, marginación, desempleo, inseguridad, violencia, etc.) que potencian de manera importante su emergencia como delincuentes en sus diversas tipificaciones; en un sistema productivo y organizacional desigualitario, el capitalista, existe una presión social que potencia el conflicto, y mientras más vulnerable se es más expuesto se está a tener comportamientos delictivos (esto, como se ha dicho, no como factor determinante, sino sólo influyente y dentro de un contexto específico).

     Otro hecho a destacar es que los delincuentes no son víctimas pasivas del entorno ni son una consecuencia directa de sus desventajas, o sólo el resultado de una compleja estructura desigualitaria, sino que participan activamente en la construcción concreta de sus propias circunstancias. Con esto se entiende que la emergencia de un delincuente, o de la delincuencia en general, difícilmente podrá reducirse a un solo factor causal, o a un grupo reducido de ellos, sino a un complejo conjunto de factores que deben ser analizados a fondo. La exposición a factores de riesgo, en este sentido, sería sólo una de las vertientes que pueden explicar la aparición de la delincuencia en un lugar y momento determinados, no en una totalidad. Por otra parte, la delincuencia y su crecimiento no es un fenómeno “anormal” dentro de una sociedad “civilizada” ni una enfermedad que caracteriza a ciertos individuos psicópatas. La delincuencia emerge como parte inherente del sistema de producción, como causa y consecuencia de la economía y la política como sistemas de organización. La delincuencia no está al margen, no es anormalidad ni enfermedad, esa es la imagen con la que se le quiere presentar para ocultar el problema real, es decir: la desigualdad económica, la corrupción política, la explotación laboral, la falta de oportunidades, el desempleo, la pobreza, la marginación, la violencia institucional, la represión social, etc., todo esto, como parte de un sistema económico-político que posibilita la aparición de fenómenos tan violentos y desesperados como la delincuencia. Pero debemos ser claros. No se está diciendo que tal sistema es el causante único de las conductas “desviadas”, está además la postura individual y las elecciones de los sujetos en la vida cotidiana, el sistema no es un factor determinante, sólo condicionante; pero debe remarcarse el hecho de que un sistema de esta especie, con las características que contiene, actúa como factor preparante de las conductas delictivas. La falta de oportunidades, el desempleo, la inseguridad, la violencia, etc., hacen más fácil la elección personal llegado el momento. Delinquir es una oportunidad en una tierra donde las oportunidades son cada vez más escazas.

     Ahora bien, desde las élites políticas, es más funcional la criminalidad como problema social que como problema político-económico, es decir que la delincuencia, al ser un problema social, se le puede descalificar, desechar y etiquetar como la parte de la sociedad que no se adapta a la “normalidad” y así manejarla como grupo antagónico que legitima la existencia del poder por vía de las políticas públicas en materia de seguridad (o incluso como militarización de la seguridad pública); de lo contrario, se tendrían que reformar tanto el sistema económico desigualitario como las políticas de segregación y exclusión social, y esto, por supuesto, no lo van a hacer (al menos no por las buenas). Ver el crimen como algo asociado al mal (Pires, 2007) es una política de miedo que permite la criminalización de los estratos sociales diferenciados y que posibilita la marginación de los “parias urbanos” así como de los movimientos sociales contestatarios al orden político.

     En este ámbito, Loïc Wacquant (2006) habla de la institucionalización del pobre como estrategia para hacer invisibles los problemas sociales, esto es, que la criminalización de la pobreza es una estrategia de poder para desaparecer a los pobres del ámbito político-público; la razón de una estrategia de este tipo sería, según el autor, que si el problema de la desigualdad fuera un problema de política económica se tendrían que crear empleos, generar una mejor repartición de la riqueza y así corregir de raíz el sistema desigualitario, mientras que si el problema de la desigualdad se mantiene como un problema social, es decir, de falta de adaptación al sistema, entonces se puede criminalizar a los “parias” del mismo sistema y, de esta forma, segregarlos, perseguirlos, castigarlos e, incluso, utilizarlos como grupo antagónico que legitima el poder del Estado. En este proceso se transformaría un problema político -que tiene sus raíces en la desigualdad económica, en la inseguridad social y la inadaptación individual- en un problema de inseguridad pública que es manipulado por algunos grupos de interés. Todo este proceso de criminalización de la pobreza así como algunos movimientos sociales, guarda una estrecha relación con la realidad latinoamericana: políticamente es más fácil tratar un problema social que uno económico pues, efectivamente, se trataría de elegir entre corregir todo el sistema desigualitario o criminalizar un problema social de inadaptación, inseguridad y delincuencia.

     En otro lugar, Wacquant (2007) nos dice que los fenómenos de marginalidad y exclusión social, que a su vez se traducen en otros problemas sociales, como la delincuencia, no se deben a una inadaptación individual ni a la incapacidad de los sujetos para insertarse en la lógica productiva y organizativa de los sistemas sociales contemporáneos, sino que el problema es estructural, es decir, que éste se debe a la marginación económica de grupos sociales desfavorecidos, a la exacerbación de la pobreza, a las segregación social, a la estigmatización pública y a las políticas de negligencia que posibilitan el incremento de la marginación urbana. Esto es verdad en cierto grado. Es un hecho incontestable que las políticas económicas provocan directamente la marginalidad económica, la pobreza extrema de las capas más desfavorecidas y la exclusión social (incluso territorial), pero decir que este problema es sólo macrosocial, es decir, estructural, es desaparecer de la realidad a los sujetos como constructores de sus propias condiciones de existencia. Como se apuntaba anteriormente, los individuos no son víctimas pasivas dentro de una estructura que los determina, sino que participan activamente en la construcción de su existencia, incluso, en un sentido perjudicial. De esta forma, tenemos que las circunstancias macroestructurales van a condicionar el contexto de la existencia de los individuos, pero no van a determinar, por ejemplo, las conductas delictivas. Es decir, la marginalidad y la exclusión social actúan como factores condicionantes, pero no como determinantes de la actividad delictiva, que responde a un número más vasto y complejo de factores criminógenos. La marginación social es para Wacquant un factor de riesgo que condiciona de alguna manera los comportamientos de los individuos. Un ejemplo claro es la estigmatización territorial que el autor expone como factor condicionante en la interacción social, es decir, la etiqueta de peligrosidad y miedo que se pone sobre determinadas zonas marginadas. Para Wacquant, la estigmatización de las zonas marginadas (como focos rojos de violencia de los que se debe huir) crea comportamientos sociales de exclusión que, incluso, los propios marginados llevan a cabo[4]. En este proceso, el Estado jugaría un papel fundamental al ser el instrumento con el que las clases privilegiadas protegen sus intereses y con el que posibilitan la marginación y la exclusión de los parias urbanos. El autor nos dice que la ampliación de la brecha entre ricos y pobres está generando revueltas contra la miseria cotidiana y las condiciones de vida que no son, como el discurso oficial lo ha pretendido, reacciones irracionales o atávicas de grupos sociales que no se han desarrollado, sino que son reacciones lógicas que se contraponen de manera directa a lo que el autor considera una “violencia estructural masiva”, cuyos componentes son el desempleo, la relegación racionalizada de barrios y la estigmatización de la pobreza como “parias” de la modernidad., es decir, la criminalización de la miseria.

     Al respecto, Teresa Pires (2007) nos dice que en las ciudades latinoamericanas se está llevando a cabo un proceso de marginación y exclusión social que se transforma en fenómenos más complejos de violencia cotidiana e incremento de la delincuencia. Según la autora, “la violencia y el miedo se combinan con procesos de cambio social en las ciudades contemporáneas, generando nuevas formas de segregación espacial y discriminación social” (Pires, 2007: 11), cuya característica más destacada es la creación de muros que separan real y simbólicamente a la sociedad. Dicha separación, para Pires, no es fortuita, sino racionalizada, es decir, orquestada por las élites de todo el mundo para “reconfigurar la segregación espacial” (aun para protegerse de lo que Wacquant llamaría los parias urbanos). Pires, incluso, afirma que en la actualidad la desigualdad es un “valor estructurante”, y que “el nuevo medio urbano refuerza y valoriza desigualdades y separaciones y es, por lo tanto, un espacio público no democrático y no moderno” (p. 15). Además, para poner en marcha un proceso de esta naturaleza, sería necesario utilizar el miedo a la violencia y al crimen para justificar la exclusión, es decir, la criminalización de determinadas capas sociales para legitimar su marginación socioespacial. Estos enclaves fortificados (ciudad de muros) son para Pires “las nuevas formas de segregación espacial y discriminación social”, es decir, la separación drástica entre las clases más privilegiadas (el consumo ostentoso, las mansiones millonarias, los automóviles de lujo, etc.) y la miseria urbana colindante (con servicios públicos precarios, transporte público deficiente, escasa o nula pavimentación y alumbrado, etc.).

Figura I. Muro intermedio entre el Fraccionamiento Lomas de Angelópolis y la Colonia 2 de Octubre en la ciudad de Puebla. Más abajo se encuentra el rio Atoyac (de aguas negras), que es una barrera natural. Ejemplo claro de la separación material de esta especie en la ciudad de Puebla, que representa tanto el aislamiento y la segregación de los ciudadanos “peligrosos”, como el distanciamiento entre los estratos socioeconómicos diferenciados.

Figura II. Fraccionamiento Lomas de Angelópolis visto desde la Colonia 2 de Octubre.

Figura III. Colonia 2 de Octubre vista desde el Fraccionamiento Lomas de Angelópolis.

Figuras   IV   y   V.  Comparación  entre  las  calles  de  entrada  al  Fraccionamiento   Lomas  de  Angelópolis y a la Colonia 2 de Octubre. Antagonismos.

Figura VI. Los vecinos de la opulencia: gente afuera de los muros que no cuenta con los servicios básicos de agua, luz, pavimentación, drenaje, alumbrado, etc., pero que cuenta con inseguridad, desempleo, pobreza, marginación, adicciones, etc. 

     Ahora bien, no se está diciendo aquí que la miseria, la segregación y la marginación sean los determinantes únicos de los conflictos sociales y las conductas delictivas y que la pobreza sea la causante final, sino sólo que son factores de riesgo entre algunos otros existentes (como lo puede ser el incremento de la delincuencia organizada -narcotráfico- y el incremento de jóvenes narcomenudistas), es decir que éstas, la miseria y la marginación, se adjuntan a otros factores de riesgo que acaban por convertirse en lo que Gonzalo Saraví (2007) llamaría acumulación de desventajas. Si los estratos más bajos de la escala económica están comúnmente identificados con la delincuencia en sus diversas facetas, no es porque exista una predisposición de clase a delinquir, sino porque éstos están sobreexpuestos a factores de riesgo y acumulación de desventajas que propician en muchos de los casos la actividad delictiva tanto como medio de subsistencia como reacción desesperada antes las condiciones míseras de existencia. Y esto, en su conjunto, sí es un fenómeno estructural (Wacquant, 2007), es decir, emergente de las decisiones y las políticas estatales (la delincuencia no está determinada sólo por las grandes estructuras sociales como el Estado, pero las condiciones míseras de existencia, la pobreza, la marginalidad y los factores de riesgo, sí lo están), pues “preparan” el contexto de los conflictos. Para Gonzalo Saraví (2007) la acumulación de desventajas son factores que ponen en situaciones de vulnerabilidad a los individuos respecto a la exclusión social. Para este autor, las profundas desigualdades en el territorio latinoamericano se presentan como factores de riesgo para la aparición de la pobreza, siendo la vulnerabilidad de los estratos más bajos de la sociedad los que potencialmente se encuentran expuestos a la exclusión social, derivándose luego en una “profunda preocupación por la desigualdad y la emergencia de una sociedad fragmentada”, que por sí misma representa un enorme factor geográfico e histórico de riesgo. 

     En otro ejemplo, para Koonings y Kruijt (2007) las ciudades latinoamericanas presentan una dualidad entre pobreza-riqueza y organización-desorganización, que acentúa la desigualdad, la marginación y la inseguridad al interior de las mismas, y es por ello que las exponen como Ciudades Fracturadas, esto es, la polarización entre ricos y pobres, entre zonas privilegiadas y cinturones de miseria. Tal fractura la ven manifestada en “la coexistencia de la contradicción social al interior del mismo espacio sociodemográfico” (como se expone en las figuras). Esta contradicción o fractura, es decir el antagonismo social e interactivo, es lo que posibilitaría, a decir de los autores, la inseguridad y la violencia al interior de estos espacios urbanos en Latinoamérica. Este fenómeno a su vez tiene el poder de reconfigurar las prácticas cotidianas, es decir que puede dar paso a comportamientos defensivos u ofensivos que buscan agregar un poco de seguridad en la vida diaria, como pueden ser: no salir de noche, no visitar ciertas zonas, tener viviendas enrejadas, sistemas tecnológicos de protección, contratación de seguridad privada y la proliferación de complejos residenciales resguardados (como ciudad de muros, para Pires). 

     Al mismo tiempo, Pansters y Castillo (en Koonings y Kruijt, 2007) nos dicen que “la violencia estimula cambios en el diseño urbano y en los estilos de vida” (p.37). Lo anterior se debería a la generalización de la segregación social y de la estigmatización de sujetos y espacios sociales, como lo pueden ser el delincuente juvenil, las zonas de riesgo, los individuos infractores, etc. Este complejo fenómeno social es visto por los autores como un “fantasma” que tiene presencia tanto real como simbólica, es decir que su existencia, la de la violencia como fantasma, es un elemento de la cotidianidad que condiciona los comportamientos tanto de la sociedad como del gobierno al convertirse en un ser real tanto como imaginario. Pansters y Castillo nos dirán que “el fantasma de la violencia parece reemplazar el tema del conflicto social” (p.37), esto es, que la violencia, sólo como fantasma y no como materia, oculta las relaciones sociales de desigualdad, marginación e inseguridad (algo muy parecido a lo expuesto por Wacquant). Tras el fantasma de la marginación, la desigualdad y la inseguridad estaría oculto el sistema social que permite y potencia tanto la marginación como la desigualdad y la inseguridad; es decir que no se crearon solos, que tal fantasma es un velo que oculta una realidad social emergente de las decisiones y las políticas estatales y económicas. Para Pansters y Castillo, este proceso genera un “círculo vicioso” de exclusión, inseguridad y violencia, que a su vez ha causado la fragmentación social y espacial en las ciudades latinoamericanas, en suma, como ciudades fracturadas, escindidas, rotas, desgarradas, donde los nuevos “enemigos sociales” son los excluidos, los inseguros y los violentos; y donde, además, el gobierno tiene escaza o nula capacidad de respuesta contra estos fenómenos, o incluso los promueve y posibilita, y cuyo resultado, nos dicen los autores, es “la fragmentación del paisaje urbano con pobreza, exclusión, coerción, violencia y miedo” (p. 8). 

     Por su parte, Koonings y Kruijt hacen una aclaración crucial: “la pobreza por sí misma normalmente no generaría violencia sistemática u organizada, pero provee medios y motivos para las acciones violentas” (p. 13). Es decir que la pobreza actúa como factor preparante de las conductas violentas (o delictivas), o como factores de riesgo que incrementan la posibilidad de encontrar actividades criminalizadas por el Estado. Más adelante nos dicen que “pobreza y exclusión social se deben a la falla del Estado en garantizar seguridad y legalidad contra la violencia cotidiana” (p.17), que es la violencia tanto social como económica y política (asegurada con la militarización de la seguridad pública), donde además existe una “simbiosis entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones criminales locales” (p. 18), lo cual genera más inseguridad y más represión estatal-policial y más fragmentación social, esto es, fracturas, desgarramientos. Bajo este análisis, Koonings y Kruijt concluyen que el panorama de las ciudades latinoamericanas está caracterizado por la exclusión social y económica, la segregación espacial y la ausencia de autoridades legítimas que, en su conjunto, generan la inseguridad y la violencia urbanas. 

     Esto puede ser cierto, pero no como una totalidad. Es decir que al ver el problema (y la solución) sólo como un fenómeno estructural, se está relegando al los individuos al papel de víctimas inofensivas y pasivas de un entorno que los condiciona como seres dependientes de una realidad que no pueden controlar, y esto, de ser así, tiene varios puntos débiles que requieren de un análisis más detallado. La solución, en caso de existir una pretensión tal, no puede provenir de la enorme “mano invisible” del Estado, de la estructura, del sistema o de cualquier otro fetiche conceptual, sino de la gente y las relaciones sociales que construyen en la cotidianidad la realidad social de todos los días, cualquiera que esta sea.

     Al respecto, Philippe Bourgois (2002) nos dice que “los científicos sociales liberales han solido caer en la trampa de glorificar al pobre y negar cualquier evidencia empírica de autodestrucción personal” (p. 21); lo anterior lo ejemplifica con el comportamiento de dealers (comerciantes de drogas), adictos y criminales en Nueva York, quienes, opina, “se convierten en los administradores locales de la destrucción de sus comunidades”, es decir, “contradictoriamente autodestructivos”. Este tipo de pensamiento es para Bourgois un fallo al examinar la desigualdad estructural, que debe “ser puesta en su contexto histórico y social para evitar explicaciones reduccionistas y estereotipadas de la violencia” (p. 24). Por ejemplo, al exponer su experiencia con un dealer y su violencia cotidiana, nos dice que “su conducta puede ser interpretada como psicopatía antisocial, pero es más que eso” (p. 17), “la brutalidad y la violencia le permiten ser efectivo en su carrera de dealer”, pues “la agresividad pública es crucial para su credibilidad profesional”. Es decir que la violencia y la criminalidad son más que simples resultados de una compleja estructura social que determina los comportamientos “desviados”, sino que -y esto es algo que omite  Bourgois- también (remarcando la palabra “también”) son el resultado de la elección individual, de la postura ante el entorno y de las prácticas personales (autodestructivas en el ejemplo de Bourgois). 

     En suma, aquí se expone que no hay separación alguna entre las condiciones del medio y las elecciones personales, entre la acción y la estructura, sino que van de la mano en la vida cotidiana. Pero Bourgois parece darle un mayor peso a la acción y la elección individual sobre las condiciones estructurales desigualitarias, y esto sería igualmente un error, pues estudiar una realidad parcial nos daría resultados parcializados, lo cual él mismo advertía. Autores como Wacquant, Kruijt y Koonings, y Pansters y Castillo, estarían en el lado opuesto, es decir, de parte de una estructura determiante de los comportamientos delictivos. Son polos opuestos, son antagonismos conceptuales. Lo que se ha expuesto en este trabajo es que existen factores preparantes, factores de riesgo y acumulación de desventajas que condicionan, sin determinar, las elecciones individuales en términos delictivos, y que las condiciones externas son tan reales y trascendentes como las internas, y ambas interactúan para la composición específica de un fenómeno particular: la delincuencia. Pero, además, se ha privilegiado la explicación sociológica de la delincuencia sin demeritar las otras vertientes (psicológica y biológica) y se ha hablado de contextos y procesos sociales en la construcción del fenómeno delictivo, los cuales no buscan una realidad absoluta ni una finitud conceptual, sino procesos y relaciones sociales. 

     Bourgois nos advertía que glorificar al pobre y hacerlo víctima de su entorno es un error, que una ciencia social que niega cualquier evidencia empírica de autodestrucción está cometiendo un error científico. En este ensayo se ha argumentado que los delincuentes no son, efectivamente, víctimas pasivas de su entorno, sino que participan activamente en la conformación de sus propias circunstancias, o a decir de Bourgois, su autodestrucción. Pero, por otra parte, se han expuesto también las circunstancias sociales que, sin determinar, condicionan las actividades de los individuos y sobre las cuales tienen escaza o nula capacidad u oportunidad de incidir trascendentalmente, entiéndase pobreza, marginación, inseguridad y violencia institucional como factores preparantes de las conductas delictivas, en particular de las identificadas para el caso de los delitos del fuero común: robo, lesiones y daño en propiedad ajena -que son los más constantes en todo el territorio latinoamericano (Rico, 2002)-, además del narcomenudeo en el fuero federal, que son delitos identificados con los pobres y los marginados, o sea los inseguros y los violentos, en suma, los nuevos enemigos sociales, que no son otra cosa sino los enemigos del Estado, esto es, los enemigos de la clase dominante; de ahí los enclaves fortificados, la militarización de la seguridad pública, las políticas públicas intolerantes y negligentes, la profesionalización policiaca, la vigilancia extrema, etc., etc.Los autores de los tipos de delitos que se apuntan[v], sin duda, tomaron una postura concreta frente a su entorno, no fueron víctimas pasivas del medio, esto es cierto, pero de todas formas fueron condicionados por circunstancias sociales que delimitaron su libertad. Si bien es cierto que no puede hacerse una apología glorificando a los pobres como víctimas, tampoco se les puede exponer como agentes totalmente libres de la estructura social a la que pertenecen, así que también sería un error científico glorificar a la libertad individual o a la autodestrucción como determinantes de la realidad social en un contexto cualquiera. Y a esto no hay derecho, o ya no debería haberlo, pues poner al individuo a la par de la estructura es poner en competencia a dos fuerzas antagónicas desiguales, donde el Estado, la violencia política y la economía aplastante van a destrozar a las personas con la fuerza del monopolio legítimo de la violencia, pero también con la legitimación intelectual de quien se pone de su lado.

     El destrozo, el desgarramiento y la fractura de estas sociedades, las latinoamericanas, es la polarización entre ricos y pobres, entre opulencia y miseria y entre el Estado y la gente, los cuales tienen que convivir en un mismo terreno social que es conflictivo, antagónico y desigualitario, donde los factores de riesgo y la acumulación de desventajas son factores preparantes de las conductas delictivas, que son responsabilidad directa de la economía desigualitaria y de la política corrupta que generan y regeneran al delincuente, posibilitando esta locura del incremento masivo de la delincuencia organizada y la delincuencia común, que son un resultado directo de las condiciones económicas  y políticas de desigualdad y corrupción que azotan a toda América Latina, lo cual se oculta, como lo dijera Wacquant, en un problema social, es decir, de inadaptación al medio, de incapacidad individual, de una falla en el comportamiento. Esto es necesario criticarlo con toda severidad. Por tanto, es necesario contradecir a las políticas públicas negligentes que le dan más espacio a la sanción que a la prevención, es necesario contradecir al discurso político demagogo, cuya irresponsabilidad no hace más que incrementar el conflicto y la negligencia, y es necesario, más que nada, contradecir a la política y la economía capitalistas-neoliberales, que no hacen más que acentuar la desigualdad, la inseguridad y la violencia sociales, creando marginación y pobreza que amplían el antagonismo social, el conflicto interactivo y la delincuencia cotidiana.  

Bibliografía

Bourgois, Philippe (2002): Understanding Inner-City Poverty: Resistance and self-destruction under U.S. apartheid, en Anthropology on the front lines, University of Chicago, pp. 15-32.

Garland, David (2005): La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea, Gedisa, Barcelona.

Koonings, kees & Dirk Kruijt (2007): Fractured cities. Social exclusion, urban violence and contested spaces in Latin America,  Zed books, New York.

Lamnek, Siegfried (2002): Teorías de la criminalidad, Siglo XXI, México.

Pires, Teresa (2007): Ciudad de muros, Gedisa, Barcelona.

Rico, José María (2002): Seguridad ciudadana en América Latina, Siglo XXI, México.

Rico, José María (1998): Crimen y justicia en América Latina, Siglo XXI, México.

Rodríguez Manzanera, Luis (2002): Criminología, Porrúa, México.

Saraví, Gonzalo (2007): De la pobreza a la exclusión. Prometeo, Buenos Aires.

Wacquant, Loïc (2007): Los condenados de la ciudad. Gueto, periferias y Estado, Siglo XXI Editores, Argentina.

Wacquant, Loïc (2006): Castigar a los parias urbanos, en Antípoda no. 2 enero-junio 2006, pp. 59-66.

 

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[1] Nombre que se le da a la suma de delitos no denunciados ante las agencias del ministerio público y que permanecen en el anonimato; cifra que, según los especialistas, suele ser más grande que la que se registra oficialmente.

[2] El factor criminógeno preparante es un concepto de la teoría criminológica clásica en México (Rodríguez Manzanera, 2002) que se refiere a las causas exclusivamente sociales (diferentes a las causas biológicas y psicológicas) que permiten o facilitan la aparición de comportamientos delictivos, como lo son: pobreza, marginación, corrupción política, desempleo, inseguridad, entre otros.

[3] Es decir, aquellos elementos, eminentemente sociales, que potencian la aparición de un determinado fenómeno o que posibilitan o facilitan, hablando del caso de la delincuencia, los medios y las formas por las que los delitos y la delincuencia se manifiestan en una determinada sociedad.

[4] Este argumento es parecido a lo expuesto por la teoría del Labelling Approach o etiquetamiento, para la cual existe un proceso de auto-reconocimiento como delincuente derivado las diversas presiones sociales para serlo. Según esto, el delincuente es etiquetado como tal, lo internaliza y se etiqueta a sí mismo como delincuente y actúa en consecuencia (Siegfried Lamnek, 2002: Teorías de la criminalidad).

[v] Es decir robo, lesiones, daño en propiedad ajena y narcomenudeo, que son los más comunes en México y América Latina según datos oficiales y algunos estudios sobre la delincuencia y que son identificados con los estratos más bajos de la escala económica.