Teoría de la delincuencia: Estado, Seguridad pública y Gobierno.

 

Por Rolando Hernández Alducin

Maestro en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Especializado en Sociología criminal.

E-mail: rolas-77@hotmail.com

 

 

Abstract

En este ensayo se critica la noción del Estado como ente abstracto independiente de la volición humana-social, la crítica se basa en el concepto de “ciudadanización de la seguridad pública” como muestra de la dependencia gubernamental hacia las prácticas cotidianas de sujetos concretos. La delincuencia, cuyo crecimiento real e imaginario trasciende en la vida social, es una contraposición a los poderes del Estado y una negación del mismo como un ente abstracto. Cabe preguntarse, por supuesto, si tal contraposición es intencionada o no, si es real o es maquinada por el teórico que lo argumenta, la delincuencia y la seguridad pública pueden ser más bien conceptos y prácticas que afianzan el poder estatal. Contra esta última idea se sostendrá que el Estado no es un “monstruo frío” frente a nosotros, que su existencia depende de los sujetos que la sustentan. Esto implica procesos, antagonismos y contradicciones.

 Introducción.

El término “gobierno” plantea desde su inicio la escisión de la sociedad, esto es, que separa lo social entre aquellos que gobiernan y aquellos que son gobernados. El Estado en este proceso funge como la parte material, (objetivada) tanto del ordenamiento social como del tipo de gobierno que lo sustenta. La escisión aparece entonces como natural al orden social, escisión en la cual el Estado toma el puesto más privilegiado. Por supuesto, no se trata de un fetiche llamado Estado, es decir, que no es una ideología de dominación, o no sólo eso, sino que además se trata de relaciones sociales que se estructuran alrededor del término Estado, en las cuales los sujetos juegan un papel fundamental en la creación y recreación de los ordenamientos sociales e, incluso, de la dominación y la resistencia. En este trabajo se intentará analizar la relación existente entre el Estado y la Sociedad a través de un fenómeno particular: la delincuencia y el proceso de “ciudadanización” de la seguridad púbica, que es un buen ejemplo de lo que se ha expuesto, esto es, de la creación y recreación de los ordenamientos sociales con la participación directa de cada una de las partes.

 El Estado y su papel en la seguridad pública.

Michel Foucault (1999) nos habla de la “sobrevaloración del problema del Estado” como un fenómeno que nos pone frente a un “monstruo frío” o una “realidad artificial” que ha sido, justamente, sobrevalorada en la historia. Con esto, afirma no la estatización de la sociedad ante el poder del Estado, sino lo contrario, esto es, su movilidad, cuyo ejemplo más evidente es la gubernamentalidad, misma que puede ser encontrada en las técnicas de gobierno, y no sólo en el aspecto institucional y organizativo, sino además, y esto es incluso más importante, en el gobierno de sí mismo. Se entiende entonces que el Estado no es un monstruo frío frente a nosotros, que su poder no está emanando de sí mismo, sino que es un proceso que se conforma con la participación activa de cada una de las partes, incluso, bajo la forma de gobierno de sí mismo. En este sentido, las técnicas institucionales de gobierno son tan importantes como las técnicas de auto-gobierno. Y esto sería el biopoder foucaultiano: el gobierno de sí mismo, la microfísica del poder, en suma, la interiorización del mando. Esto ha llevado generalmente a la idea del Estado como monstruo frío ajeno a la volición humana, pero Foucault es enfático al exponer la sobrevaloración de este enfoque. La gubernamentalidad, como concepto de orden explicativo, da cuenta de un proceso de construcción del poder que poco o nada tiene que ver con la estaticidad o la finitud del poder estatal, sino que, como proceso, se construye y deconstruye en la realidad cotidiana. Con base en Foucault, se entiende que el Estado no es ese monstruo frío omnipotente y omnipresente, que su trascendencia ha sido históricamente sobrevalorada y que incluso requiere del gobierno de sí mismo para poder funcionar. De esta forma, se puede hablar del Estado no como una “abstracción mitificada”, sino como un proceso que pone en marcha relaciones sociales concretas. La gubernamentalidad, en todo este complejo proceso (que por supuesto es mucho más de lo que hasta ahora se ha apuntado), es un concepto que nos permite acercarnos de manera confiable a la realidad del mismo, es decir, al proceso de creación y recreación del ordenamiento social y sus conflictos inherentes, donde las estructuras tanto ideológicas como de dominación real pueden existir, pero no sin los sujetos que las sustentan y les dan forma con su actividad diaria, que las deconstruyen y las reconfiguran diariamente.

     El Estado como monstruo, sin embargo, puede ser una manera práctica de entender el por qué de las visiones finalistas, totalizantes y fatalistas del poder y la dominación, y con esto comprender, a su vez, la mitificación del mismo como algo totalmente ajeno a la volición humana-social[1], y con ello el miedo a su poder. El miedo al monstruo puede entenderse como un miedo paralizante o como un miedo que invita (o incluso obliga) a pelear. Hablar del Estado como un monstruo poderoso ajeno a la volición humana-social es hablar de un miedo paralizante, no de un miedo contestatario, y esto, por supuesto, es totalmente benéfico para los detentadores del poder estatal[2]. De la sociedad del miedo se pasa a la sociedad del control. En una sociedad de este tipo, basada en el miedo al monstruo estatal, el gobierno de sí mismo y el gobierno institucional se hacen más fáciles de instaurar como algo natural e incontestable (obviamente orquestado desde los discursos oficiales-hegemónicos y con el uso, frecuentemente indiscriminado, del monopolio legítimo de la violencia). Entonces, nos encontramos con el Estado como monstruo-demonio, y es difícil no tenerle miedo, después de todo su poder destructivo ha sido históricamente manifiesto; pero la gran diferencia la causa el tipo de miedo que se le tenga y el enfoque analítico desde el que se le estudia, esto es, si el miedo es paralizante o contestatario y si se habla (o no) de monstruos teóricos para seguir legitimando el discurso oficial.

     Entra aquí el concepto de seguridad. De la sociedad del miedo (al monstruo-demonio) se pasa a la sociedad del control (al Estado como salvador-protector). Ante el miedo, aparece la seguridad. Pero no cualquier seguridad, sino aquella que determina el Estado. El miedo puede ser contestatario, como de hecho lo es en muchos lugares, así que se le debe controlar. El ejemplo del miedo como instrumento de control será en este caso la delincuencia, que es a la vez enemigo público y pretexto del poder. La actividad delictiva al interior de las sociedades, por sí misma, es contestataria del orden establecido, ya que cuestiona el poder que un Estado tiene para asegurar la vida gregaria y organizar la interacción social. Una elevada actividad delictiva es sinónimo de falta de control estatal, ya que pone en marcha procesos de conflicto en la interacción social que en la cotidianidad se llevan a cabo entre la ciudadanía general y las instituciones encargadas de la seguridad pública: si el gobierno no tiene la capacidad de brindar seguridad frente a la delincuencia, entonces pierde credibilidad y fuerza frente a los ciudadanos. De ahí la aparición de fenómenos como la falta de credibilidad en el Estado y la ingobernabilidad democrática[3], que van en detrimento directo de la legitimidad del poder del Estado. El uso del monopolio legítimo de la violencia, entonces, aparece como la herramienta de control más sofisticada y eficaz (al lado, por supuesto, del control de la ideología y los pensamientos: la biopolítica, el gobierno de sí mismo). Ante un fenómeno de esta especie, es difícil no pensar en el Estado como un monstruo-demonio que todo lo puede cuando se trata de miedo, poder y dominación.

     Loïc WacQuant (2006), por ejemplo, califica a los Estados Unidos como arquetipo de la institucionalización del pobre como estrategia para hacer invisibles los problemas sociales, esto es, que la criminalización de la pobreza es una estrategia de poder para desaparecer a los pobres del ámbito político-público; la razón de una estrategia de este tipo sería, según el autor, que si el problema de la desigualdad fuera un problema de política económica se tendrían que crear empleos, dar mejores salarios y oportunidades, generar una mejor repartición de la riqueza y así corregir de raíz el sistema desigualitario, mientras que si el problema de la desigualdad se mantiene como un problema social, es decir, de falta de adaptación al sistema, entonces se puede criminalizar a los “parias” del mismo sistema y, de esta forma, segregarlos, perseguirlos, castigarlos e, incluso, utilizarlos como grupo antagónico que legitima el poder del estado. En este proceso se transformaría un problema político -que tiene sus raíces en la desigualdad económica, en la inseguridad social y la inadaptación individual- en un problema de criminalidad que es manipulado por algunos grupos de interés.

     Pero seamos más claros con los argumentos: 1) no todos los tipos de delincuencia son contestatarios al orden establecido –existen delitos, como los administrativos (el fraude por ejemplo), que más que cuestionar el mando lo refuerzan-; 2) no se está hablando aquí de todos los tipos de delincuencia, sino sólo de aquellos tipos que alteran el pretendido “orden social” –crimen organizado, narcotráfico, secuestro, asalto, lesiones, homicidio, etc., que impactan fuertemente la opinión pública y la actividad cotidiana-; 3) se afirma aquí que existe un fenómeno de “criminalización” de ciertas actividades sociales que se contraponen al poder del estado[4], complejizándose así el entendimiento de lo que es delincuencia y lo que no lo es, ya que se confunden las actividades “protectoras” del Estado con sus actividades represivas; y 4) la delincuencia y la seguridad pública no son fenómenos emanados sólo del Estado, son también fenómenos emergidos de las relaciones sociales establecidas entre los individuos actuantes y las estrategias de poder gubernamentales, en cuya interacción se conforman ambos fenómenos.

     Ahora bien, como se decía, la delincuencia y la seguridad pública no son simples fenómenos emergidos del poder del Estado, pero tampoco son fenómenos imaginarios, es decir, no son meras abstracciones. El homicidio, el robo, el asalto, el suicidio, el secuestro, el narcotráfico, etc., existen, son realidades cotidianas y es real también el miedo que desatan a su alrededor; de igual forma, son reales las políticas públicas que se desarrollan para contrarrestar estos fenómenos, es cierto que el gobierno no se queda simplemente cruzado de brazos a mirar cómo crece la delincuencia; el problema es la confusión existente entre el Estado protector y el Estado represor. Como ya se apuntaba, es difícil distinguir entre las políticas públicas para la seguridad ciudadana y las estrategias políticas que ocupan el miedo para controlar los movimientos sociales[5]. A continuación se expondrán algunas cifras y análisis sobre la realidad delictiva de la región y se argumentará sobre el grado de realidad y ficción de la delincuencia. El elevado crecimiento de la delincuencia puede ser una estrategia de poder basada en el miedo o bien una realidad amenazante basada en los hechos, o incluso ambas cosas, que puede ser lo más probable, es decir, que el incremento en las tasas de la delincuencia se aprovecha políticamente para incrementar el miedo y el control de la sociedad.

 La ciudadanización de la seguridad pública.

Según estudios de José M. Rico[6], América Latina se encuentra entre las regiones más violentas del mundo, donde los delitos más frecuentes son contra la vida y la integridad física de las personas, como lo son el robo y las lesiones. Al respecto, el autor presenta algunos datos preocupantes:

“El incremento de la violencia en el continente se manifiesta en particular con respecto a los homicidios: en América Latina y el Caribe, el promedio de las tasas de este tipo era, entre finales de los años 80 y principios de los 90, de 22.9 homicidios por 100 mil habitantes, más del doble del promedio mundial (10.7), excediendo ampliamente dichas tasas el promedio regional en El Salvador (150), Guatemala (150) y Colombia (89.5) (Rico, 2002: 14)”.

     Aunado a esto, según Rico, América Latina registra otro tipo de fenómenos que facilitan el aumento de las tasas de criminalidad, que tienen que ver con las formas específicas en que se ha desarrollado la delincuencia, y que el autor enumera de la siguiente manera: 1) mayor participación delictiva de los jóvenes, típicamente representados en bandas o pandillas, como los “maras”, que se distinguen por su violencia y su elevado número en Centroamérica, 2) relación más estrecha entre el crimen común y el crimen organizado, principalmente a través del narcotráfico, y 3) regionalización del delito, es decir, condiciones territoriales propicias para la operación de la delincuencia internacional y del crimen organizado. Todo esto, en su conjunto, hace de América Latina un territorio conflictivo que amenaza la seguridad pública y que genera problemas de organización y gobernabilidad.

     Para el caso de la ciudad de Puebla (México), según datos del Plan Municipal de Desarrollo del expresidente Enrique Doger (2005-2008), el robo en sus distintas modalidades era el que tenía mayor incidencia en el municipio con un 35% del total, seguido por el delito de lesiones con un 18% y el daño en propiedad ajena con el 9%, representando estos tres elementos el 62% del total de los delitos cometidos en la ciudad de Puebla. Estas cifras son de base oficial (INEGI)[7] y sabemos que la llamada “cifra negra” (es decir el conjunto de los delitos que no son denunciados) suele alterar drásticamente estos datos por causas también significativas como la poca credibilidad en la eficiencia oficial o el miedo a la venganza, que necesitarían de un estudio particularizado para poder ser entendidas. En datos presentados por el Plan Municipal de Desarrollo de la actual presidenta municipal Blanca Alcalá (2008-2011), los tres delitos con mayor incidencia en el municipio son el robo con el 38.2% del total, seguido de las lesiones con el 18.1% y el daño en propiedad ajena con un 11.1% (hasta el año 2006, con base en datos del INEGI), los cuales son los mismos que se presentaban en el plan de Doger salvo pequeñas variaciones porcentuales. Esta constancia puede hablarnos de los problemas que deben tratarse más apremiantemente y es igualmente una base para la conformación de modelos y estrategias de tratamiento y prevención que correspondan fielmente a la realidad de la que emergen.

     Tenemos, en definitiva, que los tres principales delitos en el municipio (robo, lesiones y daño en propiedad ajena) conjuntan poco más del 66% del total de los delitos cometidos en la localidad. De igual forma, éstos son los principales en Latinoamérica según los datos que presentaba José M. Rico (igualmente, salvo algunas variaciones porcentuales), lo cual nos habla de la importancia que tiene (o debería tener) este fenómeno social en toda la región (con las características particulares que ya se han destacado). Al mismo tiempo, estos datos nos hablan de la ausencia más o menos general del crimen organizado en esta localidad, aunque, como lo pueden corroborar los últimos sucesos[8], éste parece estar incrementándose tanto en la capital poblana como en todo el país[9]. Por todo esto, no es fortuito encontrar que los programas de prevención y tratamiento de la delincuencia involucren cada vez más a la participación ciudadana, es decir, la “ciudadanización” de la seguridad pública, pues sin ésta (sin la ciudadanía) los proyectos políticos (exitosos o fracasados, viables o inviables) pierden toda su legitimidad, y entonces su capacidad de mando y su poder, en suma, la gobernabilidad.

     Entran aquí los conceptos centrales de este trabajo: 1) delincuencia-miedo, 2) seguridad-control, 3) seguridad pública-estrategia de poder y 4) la “ciudadanización” de la seguridad pública como ejemplo de la relación mutuamente dependiente Estado-Sociedad. Primero, el incremento (real y discursivo) de la delincuencia da cuenta del miedo social y de las estrategias políticas para incrementar ese miedo; segundo, el Estado entra en escena como protector-salvador y ocupa la seguridad social como pretexto de control y dominación; tercero, la existencia de políticas públicas en materia de seguridad se confunden entre las estrategias de poder y la verdadera protección de la ciudadanía; y cuarto, en cualquiera de los sentidos, la interacción Estado-Sociedad está condicionada por las necesidades de los sujetos sociales como constructores de su propia realidad, cuyo ejemplo en este ensayo es la “ciudadanización” de la seguridad pública, concepto que enseguida desarrollaremos.

     Existen dos vertientes por las cuales podemos explicar el concepto de “ciudadanización” de la seguridad pública, uno es mediante el modelo de policía de proximidad [10] y el otro lo encontramos en los planes municipales de desarrollo más recientes en la ciudad de Puebla. El modelo de policía de proximidad para la prevención y tratamiento de la delincuencia se trata de un proyecto oficial en forma de política pública que contiene dos conceptos fundamentales: la profesionalización policiaca y la participación ciudadana en su propia protección. La profesionalización policiaca contiene puntos como: modernización del equipo tecnológico, más y mayor patrullaje, la creación de una carrera policiaca y la especialización en técnicas de investigación policial, entre otros. La participación ciudadana en su propia protección, tiene que ver con: una concientización pública del problema de la delincuencia, mayor cercanía ciudadana con los cuerpos policiacos, la creación de junta vecinales de vigilancia y un aminoramiento sustancial de problemas sociopolíticos como la justicia de mano propia (linchamiento) y la contratación de seguridad privada (que genera anarquismo y mayores problemas delictivos). Por su parte, los planes municipales de desarrollo más recientes contienen tres aspectos fundamentales en materia de seguridad: 1) profesionalización policiaca, que tiene que ver igualmente con los puntos anteriores (tecnología, carrera policial, técnicas de investigación etc.); 2) coordinación interinstitucional, que se refiere a la interacción y comunicación constantes entre los diversos niveles de sanción, prevención y tratamiento de la delincuencia; y 3) la participación ciudadana, que se trata de involucrar a los ciudadanos en todo el proceso de prevención y tratamiento de la delincuencia (igualmente, con la conformación de juntas vecinales de vigilancia, cercanía y conocimiento de los cuerpos policiacos, cultura de la denuncia y conciencia ciudadana sobre el problema delictivo). Ambas vertientes, policía de proximidad y los planes municipales de desarrollo, nos hablan de la participación ciudadana en los proyectos políticos para atacar la delincuencia, y es en esto donde podemos entender el proceso de “ciudadanización” de la seguridad pública: en el involucramiento de la ciudadanía en una política pública en materia de seguridad. Al mismo tiempo, este fenómeno nos habla de dos asuntos importantes: 1) la puesta en marcha de políticas públicas estatales en base a las necesidades y demandas ciudadanas, y 2) la conformación de un proceso social de lucha y acomodo donde el Estado no es un ente abstracto ni acabado. La “ciudadanización” de la seguridad pública en los procesos sociales y políticos que se han venido describiendo, son un buen ejemplo de la falla conceptual denunciada por Foucault: el Estado no es una estructura externa a las prácticas sociales y las ideologías que lo constituyen.

Conclusiones.

La actividad delictiva da cuenta de la trascendencia social del comportamiento humano y del condicionamiento político que su actividad provoca: el comportamiento delictivo condiciona el comportamiento estatal. Esto da muestra clara de “la sobrevaloración del problema del Estado”, pues éste no es un ente abstracto, sino que se conforma en los acomodos y movimientos de la sociedad, cuyas necesidades son actividades concretas en la realidad social -aunque cabría preguntarse, por supuesto, si la actividad delictiva pretende intencionalmente ser una contraposición al poder estatal. Lo cierto es que la actividad delictiva genera políticas públicas en materia de seguridad, a la vez de miedo, control y dominación, lo cual da cuenta de la dependencia que tiene el Estado de las actividades de las sociedades que gobierna. Por otra parte, la delincuencia común rebasa en número e importancia a la delincuencia organizada (al menos en el municipio de Puebla), pero a la primera no se le da la importancia con tintes de alarmismo con que cuenta la segunda, así que cabe preguntarse si el miedo a ésta (e incluso la “guerra” desatada contra ella) es real o se trata de una estrategia política de control en base al miedo.

     Finalmente, afirmamos que el poder y la dominación, generalmente asociados con la centralidad del Estado, no son fenómenos acabados ni homogéneos, sino que son heterogéneos y están en proceso, construyéndose en las prácticas cotidianas de sujetos activos que condicionan la movilidad de las estructuras que los dominan, esto contra la racionalidad gubernamental y administrativa (e incluso bajo la legitimación intelectual) que pretende desaparecer de la historia social al sujeto como constructor de la realidad. Por otra parte, no se descalifica el hecho de que el Estado cuenta con una enorme capacidad coercitiva que logra dominar ideológica y materialmente a las sociedades que gobierna (y de ahí la idea del Estado como monstruo-demonio-incontrolable y la naturalización de la presencia del poder estatal); pero contra esta última idea se destaca el hecho de que al estudiar la realidad social sólo a partir de las grandes estructuras, se corre el riesgo de desaparecer al sujeto y su actividad cotidiana de resistencia y confrontación (intencionada o no). Las actividades cotidianas de los individuos están condicionando incesantemente las actividades estatales. La actividad delictiva es un ejemplo de ello. Las políticas públicas en materia de seguridad son un ejemplo de la capacidad que tienen las conductas de las colectividades humanas de determinar los comportamientos de un monstruo que se nos ha querido presentar como omnipotente, homogéneo y autónomo.

 

Bibliografía.

 

Bailey, John y Roy Godson (2000): Crimen organizado y gobernabilidad democrática, Grijalbo, México.

Dean, Mitchell (2007): Demonic societies. Liberalism, biopolitics and sovereignty, en Ethnographic explorations in the postcolonial State, Duke University Press, Durham y Londres.

Foucault, Michel (1999): La gubernamentalidad, en Estética, ética y hermenéutica, Obras esenciales, Paidós, Barcelona.

Giddens, Anthony (2008): Consecuencias de la modernidad, Alianza editorial, Madrid.

INEGI, Anuario estadístico 2008, Tomo II, 8. Seguridad y orden público, Gobierno del Estado, Puebla, México.

Plan Municipal de Desarrollo 2005-2008, Enrique Doger, en Periódico Oficial, H. ayuntamiento del Municipio de Puebla, 18 de Julio de 2005, Tomo CCCLXIII.

Plan Municipal de Desarrollo 2008-2011, Blanca Alcalá, Puebla, en Página oficial del gobierno municipal.

Rico, José María (2002): Seguridad ciudadana en América Latina, Siglo XXI, México.

Rico, José María (1998): Crimen y justicia en América Latina, Siglo XXI, México.

WacQuant, Loïc (2006): Castigar a los parias urbanos, en Antípoda no. 2 enero-junio 2006, pp. 59-66.

Zavaleta, José Alfredo (2006): La militarización de la seguridad pública en México 1994-1998, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Dirección de Fomento Editorial.

 

NOTAS

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[1] Como ejemplo, puede citarse el Juggernaut de la modernidad de Anthony Giddens, que nos habla de la modernidad como una “máquina desbocada” que es un monstruo incontrolable e iracundo en el que los seres humanos vamos inmersos y sólo podemos pretender “dirigirlo” en la medida de lo posible, esto es, tratar de controlar a esta máquina desbocada que amenaza con destruirlo todo, incluido el ser humano.

[2] A esta conjunción del gobierno de sí mismo y el gobierno institucional, Mitchell Dean (2001) lo llamaría “sociedades demoniacas”, con lo cual se refiere a la conjunción de la soberanía con la biopolítica, esto es, el dominio de la vida privada (el sexo como ejemplo más destacado) al tiempo de dominar la vida pública (el derecho, por ejemplo); conjunción que es la característica primordial de los estados modernos… y de ahí lo demoniaco: la dominación más férrea que ha conocido la historia social en la unión de lo público con lo privado (en la soberanía, incluso, como biopolítica).

[3] Conceptos que pueden consultarse en el trabajo de Bailey y Godson Crimen organizado y gobernabilidad democrática (Grijalbo, 2000), donde hablan de la extensión del crimen organizado como un fenómeno que debilita la credibilidad en el Estado y dificulta la gobernabilidad democrática en México.

[4] Para Alfredo Zavaleta, La militarización de la seguridad pública en México (BUAP, 2006) da suficientes muestras de este proceso de criminalización, donde los enemigos políticos son convertidos en enemigos sociales para destrozarlos, literalmente, con la legitimidad que da la “seguridad pública”. Para este autor, la militarización de la seguridad pública no es más que un pretexto del Estado para protegerse de sus enemigos políticos, es decir, “criminalizarlos”, hacerlos enemigos públicos.

[5] Como ejemplo puede citarse la actual “guerra” declarada contra el narcotráfico en el territorio mexicano por parte del presidente Felipe Calderón, que ha desatado una serie de conflictos sociales (miedo, por supuesto, pero aparte críticas en los medios de comunicación y, sobre todo, un enfrentamiento armado que ha causado y sigue causando muchas muertes en las principales zonas de conflicto) que dan cuenta de la inestabilidad política y social en todo el país.

[6] Destacado estudioso de la delincuencia en América Latina que se ha dedicado a buscar los medios para generar las políticas públicas que se adapten de la forma más adecuada en este territorio. Por su intensa búsqueda intelectual se ha vuelto consultor de los principales organismos internacionales que tratan con la delincuencia y es profesor honorario del Departamento de Criminología de la Universidad de Montreal en Canadá. Entre sus obras más destacadas se encuentran Crimen y justicia en América Latina, Justicia penal y transición democrática en América Latina y Seguridad ciudadana en América Latina.

[7] Instituto Nacional de Estadística, Informática y Geografía, institución encargada de los censos de población y vivienda en México.

[8] Ejemplos cercanos en la ciudad de Puebla: 1) el 27 de Octubre de 2009 cuatro policías municipales son acribillados con armas AK-47 y R-15 por un comando aparentemente vinculado al narcotráfico. Mario Ayón, Secretario de Seguridad Pública Estatal, desestimó el suceso diciendo que se trataba de un “hecho aislado”; 2) el 10 de Diciembre de 2009 muere un policía ministerial en otra balacera tras perseguir a otro comando fuertemente armado, que finalmente se trató del Arturo Beltrán Leyva, capo del cártel de Sinaloa, quien aparentemente se enfrentó a balazos con la fuerza pública.

[9] En entrevistas realizadas con Carlos Loranca Muñoz (Magistrado del poder Judicial de la Federación) y Josué Mota Corro (reportero del periódico El Columnista, encargado de la seguridad pública) se encontró una opinión constante: “en la ciudad de Puebla todavía no hay presencia importante de la delincuencia organizada como lo está en el norte del país, esto puede ser corroborado en los datos oficiales y las noticias, pero también es cierto que cada vez se encuentran más cerca”. Esto puede ser cierto o no, pero es una opinión constante entre los ciudadanos; también está la otra versión de que el narcotráfico ha estado siempre oculto pero bien relacionado con las autoridades y presente tanto en la capital poblana como en todo el estado.

[10] Modelo estadounidense de prevención y tratamiento de la delincuencia creado en la década de los setenta para contrarrestar el elevado índice delictivo en zonas altamente industrializadas.