El perfil de la protesta ambientalista en la década de los noventa en el Estado de México

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El perfil de la protesta ambientalista: Estudio de la acción colectiva conflictiva en la década de los noventa en el Estado de México.

 

Por Arminda Ruiz González

 

Arminda.pngDoctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).Profesora del Área de Humanidades del ITESM-Toluca.

E-mail: armindarg@gmail.com 

 

 

 

Resumen.

En esta investigación se presenta un panorama de la protesta ambientalista en el Estado de México en 1990.  El objetivo es mostrar cómo la lucha por los recursos naturales se ha mantenido con la mecha prendida. En este estudio se analiza la fragmentación de las luchas ambientales tanto en términos de número de manifestantes  como de sus temáticas pero se pretende demostrar que esta lucha  se ha multiplicado en nuevos esquemas organizativos y se  ha agudizado en dos temáticas centrales: la tala clandestina y la desviación del agua.

Se plantea que la sociedad mexiquense durante los años noventa construyó un nuevo tipo de defensa, definida como protesta social, la cual tiene un carácter político en la medida en que jugó un papel fundamental en la definición, restricción y desarrollo de las políticas ambientales locales.

Palabras claves: protesta ambiental, acción colectiva, movimiento ambientalista mexiquense en los noventa

 

Introducción

El tema del ambientalismo mexicano se asocia de inmediato a las movilizaciones de los años ochenta en contra del crecimiento urbano desordenado y la ampliación de las calles por los ejes viales en la ciudad de México; así  como también aquéllas realizadas por el cierre de  las gaseras en San Juanico; o a  la oposición por la apertura de la planta nuclear en Laguna Verde; además debe concederse importancia a la resistencia en la construcción del  club de golf de Tepoztlán. Pero después, la lucha por la protección del medio natural parece quedar en el olvido ante la ausencia de  movilizaciones.

El desplome del ambientalismo se asoció, entonces, al problema de la pobreza, los mismos campesinos son los que están acabado con sus recursos por sobreexplotación (tala inmoderada, tumba y quema para la explotación agrícola y ganadera) para sobrevivir. También se atribuyó al reajuste económico de corte neoliberal que desgastó económicamente a la sociedad; ese desplome también se apunta a la individualización de la vida diaria y por tanto de sus manifestaciones de descontento. Este ?ocaso? además fue explicado por el enfrentamiento de campesinos y comuneros  a las  grandes corporaciones,  o con la  municipalización de la política ambiental que llevó al mero papeleo la lucha de las organizaciones de la sociedad civil, que acabó por pulverizar el interés de la sociedad por preservar su ambiente (Amín, 2004)-

Sin embargo, con la revisión de información periodística de los años noventa que se llevó a cabo en esta investigación, se  muestra que si bien el carácter masivo de esta lucha desapareció, existió un nuevo tipo de lucha fragmentada, poco numeroso pero dispersa por todo el Estado al grado tal que generó cambios en la política ambiental, este nuevo tipo de lucha tipo hormiga,  ha sido definida como  ?protesta social?.

La protesta social como categoría de análisis[1] 

La categoría de protesta ha sido empleada revisada por algunos autores para describir  las acciones de los piqueteros en Argentina, o las movilizaciones que se realizaron en Venezuela. Algunas teorías de los movimientos sociales se encuentran limitadas para explicar las acciones colectivas conflictivas[2] que se han estado desarrollando desde los años  noventa, en este trabajo se  rompe con dos  planteamientos, que pueden sintetizarse en: el de que cualquier acción colectiva debe estudiarse como movimiento social  y por tanto, que a falta de grandes movilizaciones, la sociedad se encuentra totalmente estática; así como  el carácter cultural del movimiento ambientalista, en tanto que en México su efecto político ha sido consistente en ejercer una presión sobre las políticas públicas.

En esta investigación se coincide con los trabajos de  Olvera (1999) y Rubio (2004), en los cuales se plantea que  las teorías de los nuevos movimientos sociales y movilización de los recursos trataron de explicar la realidad de los países que las generaron pero que no pueden ser generalizadas a otras realidades. Hay una coincidencia de los latinoamericanistas en destacar que las movilizaciones en esta región tienen una naturaleza distinta a la  europea y norteamericana, y esto se debe, fundamentalmente, a la existencia  de estados de corte autoritario que imprimen particularidades a la lucha. Y se consideraron los factores más importantes como fueron tamaño de sus manifestantes, el carácter temporal de sus acciones y el carácter público de su denuncia al  expresar  inconformidad  en el uso y/o el abuso de un bien colectivo natural.

Farinetti (1999), define a la protesta como sinónimo de movilización y la distingue de los movimientos sociales, señala que son aquellas manifestaciones públicas de tipo directo y discontinuo que expresan desacuerdo y reclaman soluciones  colectivas, en donde los actores tienen una percepción de que existe un conflicto social  y el cual ha sido perturbado de su funcionamiento normal. La protesta no queda incorporada al estudio de los  nuevos movimientos sociales[3],  por su carácter discontinuo, episódico, su pertenencia a luchas más amplias,  que han desarrollado diferentes modalidades de acción.

Los investigadores de la protesta contemporánea tratan de construir herramientas conceptuales que posibiliten explicar ese carácter fragmentario y esa fugacidad mientras que observan las posibilidades de estructuración de un nuevo movimiento social originado en las experiencias del pique y el cacerolazo (Farinetti, 1999: 19).

Esta fragmentación, para algunos autores, es la respuesta al quiebre de identidades tradicionales y la necesidad de construirlas como colectividades sustitutas, utilizando un repertorio de medios de los que dispone un grupo para realizar reclamos; aunque se nos presentan en un carácter conservador, curiosamente este reconocimiento de la protesta se hizo en Estados Unidos,  en América Latina quienes las encabezan son grupos sociales de diversa índole pues los hay desde los que tratan de moldear el status quo, como es el caso de jóvenes, homosexuales, hasta los que no tiene tintes rojos ya como son globalifóbicos y de amas de casa como señala Farinetti (1999), la idea de caracterizar a estos reclamos en la categoría de protesta se relaciona con la transformación estructural pero también de la coyuntura.

La revisión de fuentes periódicas fue de gran utilidad para mostrar lo anterior,  que en el Estado de México se tomaron decisiones por parte del gobierno a través de la presión social, como fue: mandar a archivo muerto la apertura de basureros en  Polotitlán, Temoaya y Tultitlán, el determinar la administración del agua, investigación a funcionarios en el Oro, en recuperar el Lago de Texcoco, en impedir concesiones  para el manejo particular de recursos forestales en Valle de Bravo, por señalar algunos ejemplos.

A pesar de que existe una gran gama de perspectivas para el análisis del ambientalismo, el comportamiento de las acciones colectivas de los noventa no ha sido rescatado, debido a que esta lucha tuvo repercusiones muy locales, esporádicas, se sumaron diversas formas de lucha, se desvincularon incluso de las organizaciones ambientalistas, estas nuevas expresiones requieren de un marco metodológico para su investigación sustentada en los estudios de caso.

Estos elementos también  muestran que es difícil considerar que alguna sociedad no exprese mediante acciones colectivas ciertos desacuerdos con las políticas públicas, en virtud de que no existe el consenso absoluto, ni la sociedad con los intereses totalmente representados; la protesta  ha sido destacada como una forma de acción colectiva conflictiva que han representado a una sociedad no necesariamente fragmentada pero sí altamente participativa, dinámica.

La protesta ha sido asociada como una forma de expresión o lucha de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, también como una forma ?primitiva? de organización. En esta investigación se tratará  de mostrar que es una forma novedosa de expresión colectiva, la cual debe ser estudiada  bajo su carga política en particular en la medida en que tiene una injerencia importante en la toma de decisiones o la gestión ciudadana, frente a un Estado autoritario. Por su parte, estas acciones colectivas se realizan a través de pequeños grupos y se han preocupado por crear canales distintos de influir en la opinión pública como base aliada para ejercer mecanismos de presión.

El movimiento ambientalista mexicano

El  ambientalismo en México ha tenido diversas formas de manifestarse tanto en el tiempo como en la racionalidad con la que se ha organizado. Para Alfie (2005) dentro los factores que contribuyeron a la formación de un ambientalismo mexicano se encuentran el proceso acelerado de industrialización que privilegió los beneficios económicos sobre la explotación de los recursos naturales; y que llevó a un rápido deterioro ambiental.

La legitimidad del discurso ambientalista ha ido ganando terreno a raíz de la difusión en los medios de comunicación, del alcance de estos impactos y finalmente, del surgimiento de grupos  de ecologistas que propiciaron la educación ambiental.

Esto hace que se dude propiamente de la existencia de un movimiento ambientalista como tal, en su lugar -según Melucci (1999)- lo que se presenta es una temática ambiental a la que pequeños grupos se insertan para aumentar la legitimidad del discurso; su carácter local se rebasa gracias a que se conectan con una problemática que concierne al mundo, que permite establecer redes sociales pese a que en muchos aspectos no coincidan en cuanto posturas. Lo que se intenta en estos movimientos es impactar en la opinión pública y en las políticas públicas.

La idea fundamental de que el movimiento ambientalista tiene como propósito influir en las políticas públicas y que contribuye al fortalecimiento de la sociedad civil frente al Estado, se encuentra también en los trabajos de Verduzco (2001),  para quien  la influencia de estas luchas en las políticas públicas se debe a la movilización ciudadana y a la cultura política que se ha generado a partir de esto.

Se consideran los años de 1984 a 1988 como la proliferación de los movimientos ambientalistas en México, en particular tiene que ver con la alerta general de detonantes ambientales: San Juanico, contaminación del DF, tiraderos de desechos tóxicos.  Para Delgado (2005),  el radicalismo  ambiental obedeció a que en su lucha se combinó con otra de carácter social que atendía las demandas de mejora a sus condiciones de vida.  Esto mismo hizo que,  durante los ochenta, estos movimientos fueron de lo ?más aguerridos y combativos? según la experiencia de esta líder.

De forma tal que, durante los ochenta,  se dio una efervescencia de los movimientos ecologistas, según Quadri (2000) y  Sandoval (2000),  y que se reflejó en una  variedad de estudios, se  cuestionó la no intermediación del Estado en la degradación ambiental, mediante la confrontación directa con este último, entre los que se encontraban: la instalación de la planta nuclear de Laguna Verde, esta lucha marcó sus diferencias con el primer mundo por su radicalismo, por su expresión popular y  por la confrontación con la autoridad (Delgado, 2005). Cerca de 10 mil personas se movilizaron en todo el país en torno a este aspecto.

Se observa también que las organizaciones ambientalistas[4]  fueron formas características de representación de la sociedad civil, no sólo en funciones sino en acciones temáticas que el Estado había ido abandonando, y esta situación se ha dado para casi todo el mundo. Por ejemplo, de los años setenta que existían dos organizaciones ambientalistas  en México, en 1992 eran 510 y en 1994,  674 (Alfie, 1995). Según Delgado (2005) ?representante de la Unión de Grupos Ambientalistas- surgieron las organizaciones ambientalistas, prácticamente de los procesos  que retoma la sociedad civil sobre la problemática no resuelta por el gobierno: salud, derechos humanos, vivienda y educación. Alfie (2005) maneja como dato acerca de 197 organizaciones agrupadas en la Unión de Grupos Ambientalistas que trató de unir a las organizaciones más radicales de este movimiento.

Los ambientalistas han estado más cercanos a los movimientos vinculados con la comunidades más carentes de recursos, de tal suerte que las luchas de estas organizaciones están en estrecha relación con su sobrevivencia, son tendencias más espontáneas y por tanto menos duraderas (Olivos, 2004).  Florecieron en los ochenta y estuvieron bañados de las ideas de la nueva izquierda, fueron arropados por organizaciones estudiantiles, universitarias y partidos de izquierda. En muchos casos estas posturas han tenido que radicalizarse por la actitud del Estado, e incluso han sido formas en que las comunidades indígenas y los campesinos han vinculado la lucha por la tierra, la propiedad comunal, el manejo autónomo y sustentable de los recursos (conocido como  ecologismo de sobrevivencia).

La acción colectiva  construyó un espacio que ha dado diferentes dimensiones al movimiento ambientalista. En este sentido,   esta gama representa niveles distintos no de evolución sino de explicación de la crisis, a la diversidad de estrategias, a las redes que ha construido, al  medio político en el que se ha desenvuelto, a la magnitud de la crisis a que ha enfrentado y  al papel  del Estado, así como el cálculo de los costos- beneficios de sus acciones para proteger un bien público. Se observa claramente que las reivindicaciones ambientalistas no han sido uniformes ni siquiera como organizaciones y en menor medida como movimientos.

La inserción de la clase media en la lucha ambiental  y de la Iglesia  ha permitido que el ambientalismo tuviera otros espacios como fue una mayor injerencia en los medios de comunicación y mayor aceptación de la polación, Sandoval (2000) refiere a los intelectuales que surgieron al cobijo del Estado y por tanto fueron grandes promotores de la intermediación del Estado para atender los problemas ambientales. El grupo de los cien fue una agrupación de intelectuales de este tipo que tras el apoyo de Aridjis[5] trataron de ?conminar al gobierno a responder con acciones y no con discursos al alarmante problema de la contaminación de nuestra ciudad.? (Sandoval, 2000: 310)

En el caso de los sectores sociales más desprotegidos se ha observado que también jugaron un papel fundamental en la perspectiva del ecologismo que planteó nuevos retos acerca de la explotación de los recursos naturales.

Como se mencionó al principio, esta breve mención de las movilizaciones y organizaciones ambientalistas refleja una clara gama de posturas y actitudes en materia ambiental.

Ambientalismo en el Estado de México.                                      

Manzini y Bigues (2000) mencionan que una verdadera democracia ambiental debe estar basada en la existencia de observatorios que lleven registro de los activistas detenidos, procesados, reprimidos, debe existir seguimiento de las políticas ambientales y sus implicaciones y de las acciones que la ciudadanía emprende para proteger el medio ambiente. La ausencia de información documental   es  más notoria en México, donde   su ejecución  ha quedado a cargo de los municipios y no existe  una institución que lleve registros, cree una infraestructura y desarrolle la gestión.

Esta ausencia de una figura institucional no es casual, obedece a las funciones que ejercen las alcaldías en las concesiones de la explotación de los recursos.

Esta acción colectiva  se le ha  observado como resultado de la fragmentación de la lucha social debido a la criminalización de la protesta social, a las políticas neoliberales del capitalismo salvaje y a la individualización de la sociedad[6]. Sin embargo, frente a las movilizaciones espectaculares de los años ochenta, en los  noventa la sociedad siguió su reclamo mediante la protesta social en pequeños grupos. En México dicha pulverización de los movimientos sociales  también tuvo que ver con el aumento de las responsabilidades estatales y municipales en la toma de decisiones y en la pérdida del poder de la federación[7].

Es más difícil encontrar un movimiento nacionalista sobre el Medio Ambiente por la gestión municipal que a raíz de los noventa comenzó a llevarse a acabo, además de que la percepción del deterioro ambiental es local.

Para efectos de análisis la información procesada se presenta bajo los mandatos de los tres gobernadores correspondientes: Ignacio Pichardo Pagaza(1989-93), Emilio Chuayffet Chemor (1993-95) y César Camacho Quiroz (1995-99).

Se tomó como base el criterio sexenal debido a la definición de estrategias políticas para la cuestión ambiental, y de hecho el comportamiento social sí mostró diferencias en función de la autoridad estatal.

La protesta ecologista durante el gobierno de Pichardo Pagaza

En los primeros años de los noventa, los encabezados de los periódicos estaban concentrados en la cuestión  ecológica, casi por lo general aparecía las noticias en primera plana y no hubo semana alguna que no existiera información al respecto. Se señalaban desde diversos ángulos: artículo, nota periodística, editorial el problema ecológico en el Estado.

De acuerdo con la entrevista sostenida con el Ing. Agustín Gasca Pliego (comunicación personal, 7 de julio, 2007)[8], primer secretario de Ecología del Estado de México, esto tuvo  que ver con las condiciones de contingencia que se presentaban en la ciudad de México y zona conurbada, que llevaron a ser foco de atención de las autoridades y grupos ecologistas.

En la ciudad de México, se habían tomado no sólo medidas sanitarias como el ?hoy no circula? sino que se habían creado nuevos departamentos de investigación para el análisis de la problemática como el Instituto Nacional de Ecología (1989). A  la vez,  como resaltó Gasca Pliego, tuvo que ver  la presión externa que se ejerció por la firma del Tratado de Libre Comercio, que  puso el dedo en el renglón sobre todo en materia de equipo anticontaminante que se exigía tuvieran los empresarios en México.

Durante los primeros años del mandato de Ignacio Pichardo Pagaza, se hablaba de un déficit de atención del gobierno en la  problemática, incluso por los responsables de algunas dependencias como PROBOSQUE.

Se demandaba por parte de la ciudadanía,  la  participación del gobierno del Estado de México  para generar una réplica de la Ley Federal de Equilibrio Ecológico (del movimiento ecologista del Estado de México,  seminarios de académicos, el colegio de abogados).

Se pedía a las autoridades hacer frente al daño ecológico del Estado de México[9] y también se denunciaba  la pérdida de los bosques por más de 300 mil hectáreas en tan sólo 20 años, el 43% de las tierras  que se estaban desertificando y el 40% de los manantiales que se habían secado. Existía la convicción de que la poca conciencia acerca del daño ecológico que tenían los mexiquenses[10]  era una de las causas más fuertes de este deterioro.

Había un número grande de protestas y denuncias de todo tipo: amas de casas, ejidatarios, comuneros, colonos, movimiento ecologista mexicano, abogados, académicos por diversas situaciones: tala inmoderada de bosques, revisión del daño ecológico como delito, falta de intervención gubernamental en asuntos ambientales, contaminación por basura, polución del aire, deterioro de la cuenca del Alto Lerma. Se observa que el ambientalismo en estos años mostraba  una gran diversidad de temáticas y alternativas.

Se crearon diversos  organismos con el fin de llevar a cabo las propuestas, se desarrollaron foros de consulta para la formulación de la Ley de Equilibrio Ecológico. Sólo por nombrar algunas: Una comisión entre CANACINTRA, gobierno del Estado  y la Federación para evitar contaminación aire en zona conurbada, un Club Amigos de Paseo Tollocan por la reforestación del lugar, diversos convenios entre estados destacan los colindantes (D.F, Michoacán, Morelos) un acuerdo de 32 municipios para  coordinar la recuperación ecológica de la Cuenca del Río Lerma a cargo de Jorge Jiménez Cantú[11]. La Iglesia también participó en la preservación de los recursos naturales. Los empresarios en un principio participaron en un movimiento conservador frente a las nuevas exigencias para la contaminación industrial, en virtud de las exigencias del Tratado de Libre Comercio, sus declaraciones comenzaron a abrirse a las nuevas posibilidades de cooperación con el gobierno.[12]

Durante los primeros años de la administración de Pichardo Pagaza había una continua preocupación del gobierno, comunidad y organizaciones ecologistas sobre la cuestión del agua en particular del Lerma y sobre la cuestión forestal (veda y tala inmoderada). Lo que sorprende es que cuando se creó la Secretaría de Ecología en 1992, el entonces  titular Agustín Gasca Pliego declaraba como prioridad  la cuestión de la contaminación ambiental[13], esto obedecía en particular a las presiones que se tenían en con el Departamento del Distrito Federal,  del cual era responsable Manuel Camacho Solís, para desarrollar acuerdos comunes.

Las otras prioridades de la Secretaría fueron: la situación de la Cuenca del Alto Lerma, las condiciones de la veda forestal y los desechos industriales (se mencionaba un tiradero en Texcoco).[14]

La Secretaría de Ecología comenzó sus funciones con un presupuesto para gasto corriente de 16, 500 millones de pesos, considerado un presupuesto medio, puesto que sumando las necesidades de algunas dependencias gubernamentales  permitiría emprender ciertas acciones (se hablaba que PROBOSQUE requería de 15 millones para llevar a cabo una adecuada protección de bosques[15], de medio millón de pesos para generar un programa que cambiaría el diesel por gas[16]); sin embargo, era  notablemente insignificante para el grado de deterioro de las necesidades estatales acumuladas. De esta forma,  se calculaban 200 millones de dólares para rescatar la cuenca del Lerma[17] o los 300 mil millones de pesos que declaraban los industriales requerir para cumplir con los programas de equipamiento en el control de contaminación.[18]

Esto puede compaginar con la idea de Arellano (2003), quien menciona que dado que en los noventa la presencia del PRI fue menor, entonces se asignó un gran presupuesto a través de programas de Solidaridad y amplia movilidad de Carlos Salinas de Gortari al Estado para  recuperar la región.[19]

Hasta antes de la creación de la Secretaría de Ecología, los titulares de la primera plana estuvieron en manos casi siempre por el responsable  de PROTIMBOS y luego PROBOSQUE, Enrique Collado, llama la atención que dos días después de que el titular de Ecología, Gasca Pliego, anunciara sus medidas, se  trataba de resaltar públicamente por parte de su responsable la enorme labor  que había tenido PROBOSQUE contra los talamontes y días después, un ejidatario de Sultepec denunciaba que PROBOSQUE pretendía colocar un aserradero a pesar de la veda.[20] Asimismo, PROBOSQUE pedía mayor energía contra talamontes[21]. Para marzo el titular de Ecología anunciaba fuertes amonestaciones, multas, encierro en prisión para contaminadores y que se incorporarían 250 inspectores ecológicos.[22] Lo que mostraba claramente era una pugna por el poder en materia de ecología entre la recién creada Secretaría de Ecología y el ya establecido PROBOSQUE.

El 7 de febrero de 1992, el titular de la Secretaría de Ecología anunciaba un Plan de Contingencia Ambiental para la zona conurbada: suprimir recreos, 50% de los vehículos oficiales serían estacionados, suspensión temporal de operaciones de baños  públicos, lavanderías y tintorerías, de actividades de mantenimiento y obras públicas.

Al principio los empresarios aprobaron planes de contingencia ambiental incluso en el uso de equipo industrial. Sin embargo, Nafinsa denunciaba que este programa no había sido acogido por empresas grandes, sino microempresas y que había 18 billones de pesos para apoyar a 6,700 empresas, presupuesto que sólo se declaró haber asignado  a 1,156 industrias para su reconversión. Más adelante empresarios empezaron a poner resistencia ante la amenaza que representaba en el incremento de sus costos y por tanto en los precios.[23]

En respuesta a la resistencia empresarial por equiparse con tecnología anticontaminante, el gobierno implementó un programa[24] de auditorías ambientales que tenía por objeto reubicar a las empresas contaminantes. Cuarenta empresas fueron emplazadas para colocar plantas tratadoras.[25] Este fue un período de tensión entre empresarios y gobierno, hay varias declaraciones en 1993 acerca de acciones más fuertes que se pretendían llevar a cabo por los presidentes municipales de Naucalpan y Tlalnepantla[26] y al establecerse estas medias que dieron como resultado la clausura de empresas, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación emprendió una campaña en los medios masivos donde se quejaba del alto costo de las auditorías ambientales y que a ello había que sumarle el equipo anticontaminante.[27] A su vez, el gobierno estableció el programa  de ?hoy no circula?  y los centros de verificación con equipo traído de Alemania.[28]

En la tensión empresarios-gobierno- comunidad por la cuestión ambiental, también estuvieron involucrados  los 3 accidentes de San Juan Ixhuatepec que no sólo estaba el ocurrido en 1984 que se encontraba en la memoria de los colonos cuando  ocurrió el del 23 noviembre de 1990 y un incidente menor en junio de 1992. Lo que puso a la población en movimiento abierto por retirar a PEMEX de la localidad. El incidente de 1990 llevó a la movilización de más de 4 mil colonos que mantuvieron en poder la autopista, pedían la reubicación de PEMEX y 6 gaseras. Francisco Rojas, director de PEMEX, anunció que esta empresa no saldría de la región, ante la negativa 300 colonos  emprendieron una marcha hacia los Pinos para entrevistarse con Carlos Salinas, quien no los recibió pero  nombró a una  Comisión Intersectorial para tratar el problema. Aspecto que logró resolverse luego de la siguiente explosión y de nuevo la movilización de los colonos que demandaron el retiro de 6 gaseras; finalmente el gobierno federal tomó acciones sobre la paraestatal y el gobierno de la entidad sobre  19 gaseras que no sólo estaban asentadas en la región sino en el resto del estado. También se comprometieron a revisar el gaseoducto de Pemex, debido a que dicho ducto había sido construido en los años sesenta.

La contaminación del agua fue una de las temáticas más difíciles de combatir, en particular la preocupación de la contaminación de Lerma ha sido un problema que ha movido a la población civil, a las autoridades, a los académicos, sin hasta el momento poder crear una alternativa; sin embargo, en  la contaminación de diversos lagos, ríos y mantos acuíferos se encuentran involucrados cuando menos 18 municipios de la Cuenca de Alto Lerma,  el lago de Texcoco, el Lago de Guadalupe, Chalco, la laguna de Tlachaloya y lagunilla de Ocoyoacac. La preocupación básica fue la desertificación de los alrededores y en otros casos la contaminación de mantos acuíferos de suministro de estas aguas. Esta situación propició acciones tanto del gobierno (en su mayoría), de la población (incluyendo propietarios por la contaminación de sus suelos de cultivo) y de los empresarios, pero a decir verdad el problema del agua, a pesar de las enormes denuncias, las comisiones creadas, los grandes titulares, el enorme presupuesto solicitado no provocó reacciones de la comunidad, y la denuncia se circunscribió en su mayoría a académicos. La preocupación del Lerma estuvo presente sobre todo porque se asignó una comisión especial a cargo de Jiménez Cantú, la cual presidió hasta su muerte, para  investigar y proponer, sobre la situación de este río.

Esto no fue el caso para la temática forestal, la que provocó un clima de tensión entre taladores y comunidades; dichos sucesos fueron apagados rápidamente debido a que la tala inmoderada de aserraderos clandestinos en muchos de los casos estuvo avalada por presidentes municipales locales.[29] De acuerdo a una plática establecida con un comunero en la región de Temascaltepec, en muchos de los casos el propietario se vio  presionado a detener a estos taladores debido al seguimiento realizado por la PROFEPA que puede generarles mayores problemas por el tipo de propiedad que hace responsable a toda la comunidad (comunicación personal. 4 diciembre , 2004).[30]

De esta forma, prácticamente la atención  de la sociedad mexiquense durante el gobierno de Pichardo Pagaza se concentró en el aire (que incluso muchas de las clasificadas en ecología, tendían a referirse a la cuestión del aire aunque no explícitamente), los bosques (en primer orden) y el agua (prácticamente del Lerma porque el 46.7% de las noticias hacen referencia a este lugar).

Gráfico 1

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Gobierno de Emilio Chuayffet

Durante el gobierno anterior se generó una infraestructura básica para dar respuesta a las presiones internacionales. Pero en el mandato de Chuayffet,  la política ambiental se desestructuró y comenzaron a darse respuestas en diferentes direcciones.  Muy probablemente  tuvo que ver   el poco interés del gobernador por mantenerse en el Estado, ya que desde el primer año de su gobierno, hizo modificaciones a la constitución estatal con objeto de ?limitar la facultad de los legisladores de designar al gobernador sustituto, en caso de renuncia del mandatario electo. Desde que tomó posesión del cargo ya estaba pensando en dejarlo, para integrarse al gabinete de Zedillo y buscar la presidencia? (Arellano, 2003: 106).

La ausencia de líneas específicas para enfrentar las crisis ambientales anteriores (Lerma, desertificación de los bosques de agua, empresas contaminantes[31])  se dejó planteada en el mismo discurso  de toma de posesión de la gubernatura, donde Chuayffet anunciaba que se daría prioridad a la cuestión administrativa de los recursos naturales: inventarios de bosques, reglamentos y racionalización de los recursos como el agua.

La laxitud de las iniciativas del gobierno se vio reflejada en el seguimiento de la prensa, fue evidente  que disminuyó drásticamente el asunto ecológico publicado en la prensa; tanto porque dejó de aparecer  en  las primeras páginas como porque perdió frecuencia.

Esto  no era más que reflejo de lo que sucedía a nivel federal, se trataba de un periodo de campaña electoral y las propuestas se movían más por el lado de las promesas que el interés del gobierno saliente en concretar resultados y menos aún en materia ecológica.

Durante el período de Chuayffet hubo visitas presidenciales poco significativas y de hecho casi simbólicas al Estado de México; pese al enorme interés porque el proyecto de Solidaridad se implementara en el Estado de México[32]  y  a la poca popularidad del gobernador en la región[33], Carlos Salinas de Gortari dio poco seguimiento en último periodo.

En general puede decirse que esta ausencia del Estado y un aumento de la participación de  la ciudadanía en estas acciones tuvieron que ver con dos situaciones:  la coyuntura estatal en cuanto a las pugnas internas por el poder con un candidato más representativo del poder federal que de los poderes estatales  y las presiones internacionales que comenzaron a establecer como requisito que los recursos debían asignarse a la sociedad civil.

En el análisis hemerográfico se hace evidente en la medida  que  la sociedad civil operó con mayor número de denuncias que propuestas con respecto al sexenio anterior y dónde las organizaciones de la sociedad civil actuaron más que incluso los grupos espontáneos por la toma de la  calle, aparece menos el gobierno como  actor social (denuncia, promueve, solicita a la ciudadanía), se hacía más visible la presencia del Partido Verde Ecologista[34].

En el día mundial del Medio Ambiente, Salinas de Gortari declaró que era el momento  de llevar a cabo la recuperación de éste por parte de la ciudadanía[35]. Se reforzaba a nivel internacional el modelo norteamericano de que la ciudadanía podía moderar hacia una conducta racional a la organización pública. Sin embargo,  la lógica de muchos de estos grupos ecologistas, al menos en México, fue intentar sobrevivir a través de unas cuantas esporádicas apariciones públicas, denunciando algunos problemas y dando soluciones poco especializadas y muy generales en muchos de los casos para captar recursos, ?se realizan foros de luchas de poder disfrazados de argumentos racionales? (Santos, 2004: 17)

Con Emilio Chuayffet hubo un cambio del Secretario de Ecología (Enrique Tolivia sustituyó a Laura Pavón[36]), se mencionaba que se retiraba por un puesto de representación popular; sin embargo, es conveniente señalar que se manifestaron varios grupos contra las acciones emprendidas por la secretaria, durante sus funciones como alcaldesa de la capital, se aprobaron los trabajos de  aprovisionamiento de agua al sistema Cutzamala  a la ciudad de Toluca, acciones que generaron grandes revuelos dentro de la prensa. Y no está de más mencionar  que hubo un movimiento en  contra de Laura Pavón por ceder terrenos verdes con fines urbanos[37] . Por su parte Enrique Tolivia conciliaba al señalar que a diferencia de otros temas no podía haber división en materia ecológica. [38]

El tema forestal siguió siendo prioritario pero el problema del agua se agravó. Sobre todo se recrudecen las acciones entre los ciudadanos por el desvío del recurso, para la ciudad de México, que llevó a enfrentamientos entre comunidades y con autoridades.

El del agua, abarcó el 21% de las 130 notas periodísticas en relación a las  protestas que se llevaron a cabo en relación al Medio Ambiente.

A partir de la crisis económica de los ochenta, algunos países de América Latina han optado por la administración privada de los servicios en materia de  recursos hídricos, esta modalidad trató de implementarse en México pero no ha logrado desarrollarse. Se intentó la descentralizar de este recurso quedando en manos de la Comisión Nacional de Aguas y el manejo  municipal, el 50% del suministro dependía de los municipios. Pero el problema del agua había rebasado  este  nivel.

El abastecimiento de este líquido  a la ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México  ha corrido a cuenta de los acuíferos del Valle de México, en un porcentaje muy elevado de este abastecimiento se da con  la sobreexplotación de los recursos hídricos estatales. Según datos de Iracheta (2004), el  51.43% del abasto a la zona urbana y conurbada del Valle de México provienen del acuífero del Valle de México, el 11.43% del  Lerma y el 37.14% del Cutzamala, lo que provocó un agotamiento de los recursos  en el  Estado de México, en ríos como son el de  Temazcaltepec, en el sur del Estado de México y  Amacuzac, además que se mostraba la presencia de agrietamientos y hundimientos en las planicies cercana a lagunas.

Éste ha sido muy probablemente el motivo por el que durante el trienio gobernado por Chuayffet,  el agua se convirtió en fuente de conflictos entre gobiernos de diferentes estados, entre poblaciones y gobierno, entre poblaciones mismas. Sobre todo por las diferentes protestas en zonas en las que se ha dado un desabasto. La situación crítica ha sido en todos los niveles académicos (Iracheta, 2004), comuneros y ejidatarios (Temazcaltepec y Jiquipilco)[39].

La lucha por  el oro azul fue evidente en la relación campo- ciudad (abasto para la agricultura contra para la ciudad[40]) y generó conflictos desde mítines contra una alcaldía,[41] encuentros entre poblaciones rivales[42] y hasta diferentes entidades alertaban sobre su agotamiento. Tan sólo para el rescate de la Cuenca Lerma- Chapala (535 mil 400 hectáreas) se había presupuestado en 225 millones de nuevos pesos[43], lo que incluiría  cerca de 32 municipios[44]. Se mencionaba, a su vez que Cutzamala sólo podría mantener el abasto por 15 años más. [45]

Alfonso Iracheta (2004) menciona que  la erosión de la cuenca del Lerma obedece la dotación del preciado líquido a los capitalinos y  confirma la desertificación de los suelos en un 65% en la entidad, de acuerdo a un informe que presentó al Consejo Consultivo del Agua del Estado de México. [46]

Por más de 15 años, la ampliación de las obras  y desertificación de suelos han propiciado un fuerte movimiento opositor que tuvo su punto más álgido en 1999 cuando  campesinos de diversos estados incluyendo el Estado de México forman el Frente Unido Mazahua.[47] Las comunidades actuaron violentamente en varias ocasiones, en el caso del control del agua hubo otros dos  enfrentamientos más.[48]

Para salvar la situación de Lerma se anunciaba un fuerte presupuesto en la adquisición de macro plantas tratadoras de agua, y para el caso del Lago de Guadalupe se planeaba su limpieza y embellecimiento.

En materia de bosques, estuvo de por  medio el debate sobre la veda forestal. Esto dio lugar a diversas confrontaciones hasta finalmente tomar la decisión de su suspensión.

Muchos de los comuneros más que oponerse a la cuestión de la veda, denunciaron el manejo que se llegó a hacer por parte de los comisarios ejidales, alcaldes e incluso funcionarios de PROBOSQUE. El regidor de Tultitlan encabezó una protesta en el Registro Nacional Agrario por la venta clandestina de terrenos en la Sierra Guadalupe. [49]

Diversos sectores se pronunciaron a favor del levantamiento parcial o total de la veda tales como el gobernador, el representante del Movimiento Ecologista del Estado de México, algunos funcionarios como el Secretario de Ecología, empresarios de la industria maderera, pese a que según fuentes oficiales un 43.2% del territorio mexiquense se encontraba en problemas graves  de erosión,[50] 

Esta apertura liberó de la presión a comuneros y ejidatarios y se crearon programas de desarrollo sustentable PRODERS con la desconfianza del campesinado. El responsable de PROBOSQUE declaraba que casi el 21% del territorio son zonas protegidas en 1994, y anunciaba sus avances con 1850 acuerdos comuneros  de terrenos forestales[51]

Para este sexenio, a la par que se tenía que eliminar la veda, debían llevarse algunos cambios en la cuestión forestal, tales como: la regularización de éstos, la creación de comités municipales, prevención del daño ecológico, prevención a los incendios forestales, en su primer informe de gobierno en 1994, asumía, que en materia forestal el gobierno había logrado grandes avances como un inventario forestal, la siembra de 21 a 22 millones de árboles, el decomiso de equipo para la tala clandestina, la diminución de la plaga, el aumento de la vigilancia. Anunciaba a su vez que su gobierno tenía una gran vocación ecológica[52]

El  problema del deterioro forestal ha repercutido en que el Santuario de la Mariposa Monarca se esté siendo depredado, y esto ha sido fuente de canalización de recursos económicos, en varias ocasiones se destinaron fondos a estas zonas, uno de ellos fue el que se hizo público 17 de septiembre de 1993 por la Secretaria de Ecología, Laura Pavón, y que SEDESOL, quienes destinarían 5 millones del Nuevos Pesos a 6 municipios.

Por su parte, la Comisión Nacional de Parques Naturales y de la  Fauna declaraba  el 17 de septiembre de 1992 que la Secretaria de Ecología  había recibido 12 mil millones de nuevos pesos, un mega presupuesto que implicaba el 40%.

El levantamiento de la veda no resolvió la presión y las declaraciones acerca del  alarmante deterioro de los bosques se seguían haciendo, se hablaba de que en tan sólo 10 años se habían perdido cerca de 365 mil hectáreas de bosques[53]. Para atacar el problema se hicieron donaciones de árboles, incluso por organismos internacionales como la que se dio por el Banco Interamericano de Desarrollo para el municipio de Chalco y a la par se crearían 5 nuevas zonas protegidas y una reforestación récord de 21 millones 100 mil árboles.  Lo que es claro que entre las reforestadas y las deforestaciones anunciadas, había habido una cantidad impresionante de recursos dilapidados.

Roberto Gómez Navarro, representante del movimiento ecologista del Estado de México, llegó incluso a calificar de elefante blanco a las 30 zonas forestales  1, 673, 873 has áreas  protegidas. Fue una temática que se debatió en varias ocasiones en el periódico, por la cantidad de recursos asignados a estas áreas. Estos proyectos[54] fueron promovidos por  la SARH y se cubrieron dos mil hectáreas en San Felipe el Progreso, El Oro, Atlacomulco, Polotitlán y Jiquipilco, Coatepec Harinas, Villa Guerrero, Tenancingo.[55]

La Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) declaraba en marzo de 1994 que se regresaría a su producción forestal dos mil hectáreas en San Felipe el Progreso, El Oro, Atlacomulco, Polotitlán y Jiquipilco en el Norte y en el Sur Coatepec Harinas, Villa Guerrero y Tenancingo.[56] Ni las campañas de reforestación pudieron hacer algo por el deterioro de los bosques, o al menos así lo muestra el siguiente gobierno que mantuvo la bandera de alerta para la cuestión forestal. En este caso comenzó una campaña de reforestación en zonas destinadas para la agricultura.

Una buena parte del presupuesto fue asignado a la cuestión ecológica, en particular a los santuarios de la Mariposa Monarca para formación de empresas ecológicas[57]. La reproducción de este insecto tuvo un papel importante por los recursos que se lograron canalizar de Canadá y más adelante de Japón que se hicieron a través del programa de PRODERS, que involucraba el proyecto de ecoturismo. Contrario a ello, Laura Pavón, secretaria de Ecología exigía no llevar turismo a la mariposa monarca al siguiente día, como muestra clara de la pugna que existía entre ellos.

Por el programa de reforestación en Tlalnepantla, se  plantaron 415 mil árboles, éste fue un tema continuo porque  la mayor parte de lo que se reforesta no logra desarrollarse.  PROFEPA  anunciaba que 14 parques nacionales estaban despareciendo por pastoreo y basura.

En muchos casos las sustituciones agrícolas por árboles no fue aceptada tan fácilmente por los campesinos, éstos se convertían en los rentistas del gobierno, que a la largo los hacía dependientes de su paga puntual. La crisis del cultivo del maíz porque se veía obligado a mantener las plantaciones de árboles por el Tratado del Libre Comercio (denunciado por el responsable de la SARH en el Estado de México el 19 de noviembre de 1993). Se criticaba que sólo se autorizaba la tala de 40 mil árboles por parte de la SARH. En realidad lo que existía es una tala hormiga en diversos lugares incluyendo  la Marquesa. El mismo representante del Movimiento Ecologista del Estado de México señalaba sobre la veda que se financiaban proyectos para sembrar árboles en lugar de maíz, en zonas de pobreza, llevando a la población o bien a migrar o a delinquir volviendo a cultivar. [58]

La presión desde diferentes sectores, logró que la veda fuera retirada tras 4 años de permanencia[59], pese a su existencia, la explotación forestal se llevaba a cabo entre el 85% y el 90% en zonas de recuperación según denunciaban comunidades forestales.

La legislación de equilibrio ecológico, los programas de reordenamiento realizados por los planes de desarrollo fueron pioneros en el Estado; sin embargo, las reglamentaciones se llevaron a cabo de manera más lenta y a razón de mucha presión de las organizaciones de la sociedad civil y los académicos; esto significaba que al hacer acotaciones más específicas sobre el manejo de estos recursos, se afectarían los intereses de algunos funcionarios.[60].

La población siguió pidiendo se reglamentara en materias forestal, de protección a la fauna y flora en peligro de extinción. Se mencionaba  que un nuevo federalismo requería de  leyes más acordes con los cambios.

La problemática abordada en ese periodo como  tema de excelencia fueron   los bosques (en oposición a la tala clandestina e inmoderada), le sigue en importancia por el aire, éste se concentra totalmente en las organizaciones de la sociedad civil (uso de monitores, dar seguimiento, exigir filtros a la industria, cierre de fábricas),  mientras que el terreno del agua y  la basura fueron amplias demandas por la comunidad.

Gráfico 2

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Gobierno de César Camacho.

Todavía con menos popularidad que su antecesor, y la muestra clara fueron  las elecciones de 1996, César Camacho subió a la gubernatura el 2 de julio de 1995. En el Plan de Desarrollo heredado del Chuayffet, César Camacho se comprometía al desarrollo sustentable y establecer claras reglas se definían las metas para detener el deterioro ambiental.

Durante el gobierno de César Camacho  se dieron una gran cantidad de movilizaciones por la cuestión ambiental. También fue evidente el manejo que se hizo de la protesta en el sentido de criminalizarla en las notas periodísticas. Varios campesinos resultaron presos en su función por proteger su  medio de subsistencia.

Tan sólo la cuestión forestal desbordó en grandes confrontaciones entre comunidades ejidales contra presidentes municipales, aserraderos clandestinos, funcionarios de gobierno con la toma de carreteras, detención de funcionarios, que trajo consigo la aprehensión y movilización para su liberación de campesinos.

Como alternativa a los grandes conflictos generados tan sólo en el año de 1995, se promovieron los programas de desarrollo sustentable a través del cambio de producción agrícola-ganadera en las zonas  forestales más afectadas por pesca, turismo, e incluso se convirtieron en rentistas del gobierno. Esta promoción de sustitución de funciones se hizo con el bosque santuario de la mariposa monarca; sin embargo, en 1997 comunidades alertaban de que este programa había llevado a la emigración de muchos habitantes[61], hecho que fue posible  corroborar con la visita a esta región y pláticas con los comuneros. Dentro de este mandato  hubo tres cambios de  secretarios de Ecología, Isidro Muñoz, Alejandra López  y Martha Garciarrivas, buscando compaginar un proyecto amplio, poco presupuesto y presiones internacionales.

La cuestión del agua alcanzó también niveles inusitados debido al desvío de este líquido. El caso de la subsidiaridad rebasó el problema municipal del agua. En un estudio realizado por Caire (2005) se plantea que el caso de Lerma es una muestra clara de la agudización de los conflictos por el agua frente a la escasez, la autora señala que estos conflictos se dan entre todos los niveles y direcciones (entre funcionarios, entidades, comunidades y funcionarios y las mismas comunidades) y obviamente tiene que ver con la naturaleza de este bien, esencial para la vida. En Toluca, Jilotepec, Lerma, Temascaltepec, se llevó a cabo la denuncia continua de la  contaminación de los mantos acuíferos así como de su pérdida en volumen. Ya en 1997, los empresarios organizaron una Conferencia Interestatal, en la que se denunciaba que el río había rebasado el nivel permisible de recepción de desechos.[62]

En este periodo la fórmula mágica para alcanzar los niveles deseados de recuperación de zonas deforestadas o contaminadas fue la educación, los programas de desarrollo sustentable, la participación ciudadana y la reforestación. De la cual, al menos en el papel se anunciaron varias  reforestaciones,  por esta serie de acciones emprendidas por el gobierno de Camacho, se le dio a su gobierno  un reconocimiento por su labor en la reforestación y combate a los incendios forestales por parte de INE SEMARNAP, en 1997.

En un artículo escrito por  Carabias, Arriaga y Cervantes (2007), se señalaba que  se transfirió PRONARE  a la SEMARNAP en 1995 y que dicha institución tenía por objetivo  la recuperación de áreas deterioradas en zonas principalmente rurales, para tales efectos se produjeron 1,670 millones de plantas entre 1995-2000.

Dicho movimiento administrativo tenía como objetivo reforestar cerca de un millón de hectáreas en todo el territorio del país (Carabias,  Arriaga y  Cervantes, 2007).

En este mismo trabajo se mencionaba que uno de los problemas centrales de la reforestación fue la ausencia de un control de la zona reforestada, no sólo en materia de seguimiento por parte de profesionales, sino en cuanto al control administrativo que se debió llevar a cabo (censos, cantidad recuperada y hectáreas reforestadas). La misma autora, que en ese entonces fuera Secretaria de SEMARNAP, menciona que pese a la cantidad de recursos que se destinaron a nivel nacional en la formación de bancos de semillas a principios de los noventa, no  fue posible lograr un avance significativo en la reforestación, la ex secretaria  lo atribuyó a la falta de seguimiento  sobre los ecosistemas y de un control estadístico.[63]

La esencia de estos argumentos fue comprobada en esta investigación al pretender recuperar información municipal, no existe la posibilidad de observar no sólo en materia forestal, sino en capacitación, ni en el balance de los recursos destinados al área de Protección Ambiental. Lo cierto es que una de las críticas más severas recibidas al término de la administración de César Camacho fue la elevada deuda presupuestaria alcanzada en su cuatrienio.

El Estado de México en los noventa se convirtió en una fuente alta de contaminación y  deforestación de zonas boscosas, el bosque de agua[64] desapareció según fuentes no oficiales en un 40%, una buena parte  esto tuvo que ver con la expansión de zonas urbanas localizadas en los alrededores de Toluca, Lerma, San Mateo Atenco, Metepec y Zinacantepec.

A estas alturas de la revisión ya no resulta raro destacar como los dos aspectos más tratados del ambientalismo sean el problema forestal con un 39% de las 256 notas aparecidas en el periódico y con 27% en relación al agua, en este aspecto cabe destacar no sólo la cantidad de movilizaciones, denuncias, tomas de carreteras y calles, plantones en los lugares correspondientes que fueron publicados por este diario sino el tono de dichas movilizaciones.

La lucha social por el medio ambiente alcanzó una gran radicalidad en la medida en que empezó a legislarse, las acciones en varios casos fueron  medidas tomadas por el Estado que afectaban a comunidades, aunque los enfrentamientos entre poblaciones siguieron apareciendo en las notas periodísticas.

El control del agua fue representativo, la disputa sobre el agua alcanzó niveles mayores de agresión y violencia que en los forestales en los gobiernos anteriores, estas acciones se emprendieron contra alguna dependencia de gobierno o investidura (alcaldía, responsables de Probosque, etc.) aun cuando en esos momentos si se estaba acusando a  particulares de la explotación forestal de zonas comunales o ejidales. Las organizaciones ambientalistas mexiquenses se vieron claramente identificadas con el Estado: poca participación, apoyando acciones gubernamentales.

La temática forestal estuvo concentrada en los mismos lugares Jiquipilco, Tlamanalco, Valle de Bravo,  Temascaltepec en donde se configuró de todo, niños en demanda del medio ambiente, secuestro de funcionarios, toma de carreteras, guardias en las zonas de mayor deforestación, encarcelamiento de ejidatarios.

Uno de los temas tratados, sobre todo por el presupuesto internacional que alcanzó, fue el problema de los santuarios de la Mariposa Monarca, donde la cuestión del Turismo ecológico resultó poco operativo como medio de subsistencia de la población, de hecho en las zonas fuera de la temporada es una de las más alta en emigración, la población busca fuentes de trabajo en la ciudad de México o incluso en Estados Unidos como no los dejaron ver campesinos entrevistados en la región de Temascaltepec.

Se solicitó mayor intervención del Estado -por parte de la comunidad y de las organizaciones ambientalistas- para  las zonas consideradas como protegidas en el Estado de México. Este territorio  corresponde al 21% del  estatal, y no cuentan con el apoyo suficiente para su protección[65], curiosamente estas zonas como son Temascaltepec, Valle de Bravo.

Es por esto que por parte del Estado comenzó un discurso sobre la otra cara de la explotación forestal. De esta forma, en 1996. el gobernador César Camacho al estar visitando Villas del Carbón[66] anunció de que se iban a ?usar bien y no abusar de los bosques mediante el apoyo con estudios técnicos para alcanzar un desarrollo sustentable?.[67]  Y se analizaría la pertinencia de legislar en materia de daño ecológico como un delito público.  Con todo y que se anunciaba un presupuesto de 107 mil millones de pesos para la cuestión ambiental en 1995[68],  la cuestión forestal siguió siendo un problema para la comunidad mexiquense.

A su vez, vino la contrapartida acerca del papel de la veda, y se anunció que había aumentado la explotación irracional de los recursos forestales tras haber suspendido la veda forestal, en este rubro hubo incluso 17 policías secuestrados por la comunidad por tratar de emprender represalias contra ésta por la tala de bosques.[69]

En materia de agua los conflictos se agudizaron sobre todo por la sequía de los bosques de agua por la desviación de recursos a México, al grado de que en varias ocasiones la comunidad tomó justicia por sus propias manos. Con el secuestro de funcionarios, toma de instalaciones de CONAGUA. Las denuncias por parte de académicos y organizaciones ambientalistas sobre la pérdida de volumen de los acuíferos fue un tema que desbordó a finales del gobierno de Camacho.

Con respecto a la basura, las comunidades se negaron a recibir la basura de Toluca en un nuevo basurero, Calputitlán fue un ejemplo de movilización de los colonos que finalmente impidió que fuera puesto el basurero. Las movilizaciones en el Estado de México por la cuestión de la basura no son significativas, representa sólo el 7% de las movilizaciones.

Gráfico 3

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Conclusiones.

Cuando se lleva a cabo la revisión de la información sobre la lucha ambientalista durante una década, el análisis de las teorías más recientes sobre los movimientos sociales, y el seguimiento de la política ambiental, se puede observar  que la protesta social se  generalizó  como forma de lucha, en los años noventa.

Las razones saltan a la vista, y además son vaticinio de las organizaciones internacionales: la crisis económica que derivó en un aumento en la explotación irracional de los recursos; y con ello, se  agudizó la defensa de la sociedad por su riqueza natural.

De ahí, una de las contribuciones de este trabajo, se espera sea  mantener vivo el debate y la insistencia en dirección a esta línea de investigación, y la apertura mental, con el fin de reconocer  nuevas formas de organización social.

Este trabajo ha tratado de  contribuir en el debate teórico conceptual de la protesta ambiental como una forma específica de lucha desarrollada durante los noventa, y con ello ha podido dar respuesta parcial a la primera parte de la hipótesis, en la que se plantea, si hubo o no un movimiento ambientalista.

En primer lugar, efectivamente, durante los noventa no existió un movimiento ambientalista, tal y como diversos autores han utilizado el término, como: una organización racional de los recursos o como una forma cultural y simbólica, sino que la lucha ambientalista se ha expresado bajo un nuevo concepto: ?la protesta social?.

En segundo lugar,  esta nueva forma de  acción colectiva conflictiva requiere de criterios para su definición, estos elementos han sido utilizados por diversos autores, sin que se haya  formalizado  un concepto.

La necesidad de que estas acciones colectivas conflictivas  sean reconocidas como un nuevo objeto de estudio que va más allá de  un nuevo nombre  o ejercicio  teórico, busca dar un  contenido  particular a la lucha ambientalista, el reconocimiento a un acto hormiga que ha contribuido a definir la política en este campo.

Como todo objeto de estudio que se  comienza a identificar su naturaleza,  existen investigaciones que han destacado ciertas particularidades,  en este trabajo se centra en dos aspectos: el carácter político  en exclusión de la idea de movimientos simbólicos y  el peso de estas acciones en el proceso de negociación.  

Se mencionó la importancia que tiene para su definición: la fragmentación de la lucha, la duración de las redes creadas, el carácter  flexible y horizontal.

También se le ha diferenciado por la carencia  de una estructura, por su nivel de espontaneidad. En este trabajo se abordó  su alto nivel de complejidad  debido a su intencionalidad  ya que pretende influir en una política pública.

La preocupación latinoamericana por definir una nueva ruta en el estudio de las acciones colectivas  está en la forma de plantearse el papel que tiene este tipo de lucha en la formación de una ciudadanía participativa, no sólo por la idea de que estas primeras formas de expresión de la sociedad buscan redefinir una política pública, sino porque son gestoras de espacios públicos donde la protesta convierte al actor social y la acción colectiva en una protesta política para la protección de un bien colectivo.

Se deja de observar que cualquier acto social es igual a una acción revolucionaria, lo que busca es incidir en la política pública en espacios menores. Y con ello y con el apoyo de la revisión periodística se dio respuesta a la segunda parte de la hipótesis: la lucha ha sido continua en espacios pequeños. La protesta social se  constituyó en una forma en que la sociedad ejerció presión hacia la autoridad; los actores sociales hicieron uso de estas expresiones para mostrar poder y obligar al funcionario a que tomara iniciativas frente a las crisis ambientales. El carácter político de las luchas en el Estado de México fue la forma en cómo  enfrentan a la autoridad, en muchos de los casos defendieron los abusos  de algunos funcionarios públicos que desde los puestos de alto rango como las alcaldías, las subdelegaciones de PROBOSQUE otorgan permisos a particulares o de la lucha de ejidatarios, campesinos y comuneros contra determinadas políticas que obligan a cambiar la forma de sustentabilidad de sus  recursos, como por ejemplo,  el caso de la conversión de uso del suelo a forestal que les impide utilizarlos como tierras de  cultivo. El carácter político de esta lucha deriva en gran parte de la actitud del Estado frente a estos problemas: su tinte  autoritario, la idea de criminalizar la protesta, detener a ejidatarios y comuneros con cargos de tipo penal.

En este sentido, el contenido político  se forma por la existencia de un cálculo estratégico de los alcances  de una acción colectiva,  para mostrar públicamente una inconformidad; la identidad colectiva y el sentido de injusticia que se genera,  y  la lucha de estos sectores  por  un bien común.

El carácter monotemático de la protesta social no le hizo hecho perder contenido político ni impacto social, sino efectividad en la organización: hizo que la población le destine menos tiempo a cubrir sus intereses, atendió rápidamente el problema, buscó soluciones que afrontaron el conflicto no de fondo pero de forma.

Estas exigencias se conjuntaron con la realidad política y económica del Estado, las demandas ambientalistas  en realidad no fueron aleatorias y mostraron la manera como la población aumentó su presión hacia la protección de sus recursos en la medida en que la crisis política y económica se agudizó, la  bandera ambientalista fue utilizada dentro de los programas de solidaridad y provocó, entre muchos otros factores, la división entre  la clase gobernante; la presión del TLCAN y del gobierno de la ciudad de México para establecer acuerdos comunes en materia ambiental;  la crisis económica de los años noventa llevó a agudizar la lucha por la tala de árboles y levantar la veda forestal; la tipificación del delito ambiental; la municipalización de las demandas ecológicas. Si a ello se suma  que las crisis ecológicas tales como las que afectan otras dos explosiones  en San Juanico, la contaminación de la zona conurbada, se entiende la presión nacional, internacional y de la sociedad civil para que el gobierno estatal definiera  políticas ambientalistas que se hizo evidente en este periodo.

La sociedad actúa bajo diversos mecanismos,  la protesta en estos años fue una acción colectiva conflictiva que siguió a las grandes movilizaciones sociales de los años setenta y las organizaciones civiles de los ochenta. La necesidad de que estas acciones sean reconocidas como formas de negociación y no como meros actos vandálicos, obedece en buena medida a contrarrestar  el efecto negativo que la prensa y el gobierno ha vertido sobre ella.

 

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[1] Al final del artículo se encuentra  un apéndice metodológico

[2]  A diferencia de la acción colectiva que implica una definición clara del enemigo, la injusticia y el objetivo común, la acción social es un comportamiento colectivo que está sujeto a la idea de identidad de un grupo, no implica ni el carácter conflictivo ni de injusticia. (Cruz, 2001)

[3] La protesta puede llegar a conformarse en un movimiento social pero no lo es y por tanto para esta autora no puede ser caracterizado como tal. También algunos autores le han dado el nombre de santiagazo  y comprende  el paro de vialidad (poco usual en Argentina), los cacerolazos, entre otros.

[4]  También llamados Tercer Sector, organizaciones caritativas, organizaciones civiles según la teoría social que se asuma.

[5] Se refiere a Aridjis Homero, fue galardonado como ambientalista del año en 1985 y fue presidente del grupo de los 100.

[6] Postura desarrollada por Toledo y Bartra, 2000

[7] En el caso de Argentina, por ejemplo el movimiento de piqueteros y punteros tuvo que ver con el manejo de algunos grupos sociales de los planes de trabajo durante el gobierno de Menen. (Seoane, 2009)

[8] Gasca, Agustín (2007). Entrevista  con Agustín Gasca, ex Secretario de Ecología durante el gobierno de Pichardo Pagaza, 7 de julio, 2007.

[9] Declaración hecha a un foro ecológico organizado por la UAEM en abril de 1990. El Sol de Toluca 8 de marzo 1990: 1-A

[10] Declaración hecha en el foro de la UAEM, El Sol de Toluca, 15 de noviembre de 1990:  8-A

[11] Detectados más de 73 proyectos y  uno de los  más protegidos y mejor financiados fue de la mariposa monarca,  con 45 proyectos para salvar la condición de la mariposa monarca. El Sol de Toluca 31 de Agosto 1992: 1-A

[12] Se hablaba de 35 millones de dólares. El Sol de Toluca, 6 de diciembre 1991: 1-A

[13] El Sol de Toluca 19 de enero de 1992:1-A

[14] Esta decisión generó polémica entre diputados locales (Sol de Toluca, 24 enero 1992: 1-A)

[15] Calculado por Enrique Gómez Collado entonces titular de PROBOSQUE El Sol de Toluca  5 de octubre de 1991:1-A

[16] El Sol de Toluca 7 de enero de 1992: 1-A

[17] Señalado por Víctor Hugo Chávez en ese entonces Delegado de la Comisión Nacional de Aguas El Sol de Toluca, 7 nov. de 1990: 4-A

[18] Declaración hecha por Enrique Tamayo Presidente de la Asociación de Industriales El Sol de Toluca 8 de mayo de 1991 : 1-A

[19] Arellano (2003) plantea también que esta situación se abrió públicamente con la denuncia del perredista Jesús Ortega realizada a través de la revista Proceso.

[20] Parecía mostrarse conflictos entre titulares de ambas dependencias  El Sol de Toluca 31 de enero de 1992: 1-A

[21] El Sol de Toluca 24 febrero : 1-A, en este caso era el subdirector Max Almonte

[22] El Sol de Toluca 2 de marzo de 1992 : 1-A

[23] En realidad al respecto hay varias notas, El Sol de Toluca 9 de mayo de 1991 : 1-A, 13 de mayo de 1990 : 1-a, 24 marzo de 1991:3-A, 27 de abril de 1992 :.1-A,1º de junio de 1992   1-A, 26 de agosto 1992 : 1-A

[24] Esto lo declaraba el titular de la Secretaría de Ecología en ese entonces, Agustín Gasca Pliego, El Sol de Toluca  17 septiembre 1992 : 1-A

[25] El Sol de Toluca 26 septiembre presenta la denuncia del presidente de CANACINTRA ya que sólo 7 de ellas habían instalado plantas tratadoras de agua.

[26] El Sol de Toluca, 26 de enero de 1993  1-A.

[27] El Sol de Toluca 29 de marzo : 1-A, a su vez el caso la Directora de Ecología de Tlalnepantla se anunció  que la inspección reciente había reportado equipo obsoleto y poco funcional anticontaminante

[28] El Sol de Toluca, 22  y 26 de febrero de 1992: 1-A.

[29] Este fue el caso de Temascaltepec (1990) que generó movimientos de protesta por los ejidatarios, Malinalco en 1990, Villa Allende (1990), en Jalatlico en 1991, Jiquipilco (1992) que propició una gran movilización, Sultepec (1992).

[30]  Anónima 2004. Entrevista con comunero de la región. 10 de diciembre.

[31] No obstante que en su discurso de toma de protesta señaló que el problema ambiental era más complejo de lo que se venía asumiendo.

[32] Jesús Ortega denuncia que Solidaridad fue utilizada sobre todo para el Estado de México con fines electorales (Santos, 2004)

[33] En 1994 hay una visita de Salinas de Gortari a Metepec en el Día Mundial del Medio Ambiente para dar marcha a la reforestación del Estado  6 junio de 1994,:1-A

[34] Esta situación  pueden obedecer a diversos puntos: la prensa refleja un aletargamiento, el interés de la prensa por otros asuntos, la prioridad del gobierno en otros asuntos, la realmente poca participación del ciudadano. Finalmente aún cuando el factor mediático está de por medio se considera que influyen todos, los factores, que incluye el que la propuesta ecologista se agota,  porque para el objetivo de esta investigación la acción ciudadana debe ser visible. No obstante, el letargo  estuvo en parte a que la participación ciudadana se exigió ser más concertada con César Camacho.

[35] ibíd.

[36] El Sol de Toluca, 17 mayo de 1994:.1-A

[37] El Sol de Toluca 14 de septiembre 1995: 4-A

[38] El Sol de Toluca 02 de septiembre 1994.13-A

[39] Comisión Estatal del Agua habla de una sobreexplotación del 40% del caudal de los mantos acuíferos del Valle de México. El  Sol de  Toluca, 3 enero de 1994:1-A

[40] Comuneros  y ejidatarios  reclaman su desvío de zonas agrícolas en diversas ocasiones.

[41] En este caso , 1000 habitantes reclamaron en Tlalmanalco,

[42] Destacan también Temascaltepec, Tultepec. En Tultepec hubo 25 heridos  por el control de la presidencia de administración del agua,  4 marzo de 1994.

[43] Se habla de nuevos pesos debido a que en este año se hizo la eliminación de 3 ceros que llevó a distinguir de la emisión de pesos anteriores

[44] En otra nota se hablaba de 336 millones de nuevos pesos para recuperar la cuenca.

[45] Revista ?Pulso?, abril 1994.

[46] Iracheta (2004)  señala como ha estado estrechamente vinculado el problema político con la explotación de los recursos naturales.

[47] Cabe destacar que el sistema Cutzamala es un proyecto que se comenzó en 1972 y que ha implicado la recolección de presas del Estado de México (Valles de Bravo, Ixtapan del Oro, Villa Victoria,  Chilesdo y Colorines así como de Michoacán  que convergen con la cuenca del Río Cutzamala. Ya se había movilizado campesinos de Villa Victoria y Villa Allende. Este movimiento se ha organizado ya con varios estados más que incluye a Guerrero.  La jornada, 25 septiembre 2006 (electrónica)

[48] Tulpetlac,  4 de marzo de 1995: 2-A y en Tlalmanalco hubo una manifestación de 100 habitantes frente a la alcaldía por la construcción de agua que se conducirá hasta Chalco, El Sol de Toluca 24 de julio  de 1995:  6-A

[49] El Sol de Toluca, 3 de marzo de 1995 :10-A

 [50]  Datos presentados el entonces gerente estatal de  FIRCO, se mencionaba también que cerca de 816 838 hectáreas en erosión grave, 74,601 en severa y 25531 muy severa. Este porcentaje coincide con el que se dio a conocer en el sexenio anterior. El Sol de Toluca, 7 de marzo de 1994: 1-A

[51] El Sol de Toluca, 28 de noviembre 1994: 1-A

[52] El Sol de Toluca 4 de abril de 1994: 4-A

[53] El Sol de Toluca 25oct 1994 : 1-A

[54] Los PRODERS también fueron criticados por el campesino entrevistado, porque atan al campesino a ser rentista del gobierno y peligra su autosuficiencia

[55] Sol de Toluca 6 de marzo de 1994: 4-A

[56] El Sol de Toluca 2 de marzo de 1995: 4-A

[57] Señalado por Agustín Gasca como coordinador de proyectos de Economía. El Sol de Toluca Noviembre 8 1993 : 1-A

[58]  El Sol de Toluca 6 de marzo de 1994: 4-A

[59]  El Sol de Toluca junio 23de junio de 1994:4-A

[60]Aparece en el mes de junio de 1994, diversas noticias en  El Sol de Toluca.

[61] El Sol de Toluca, 13 de junio de 1997: 3-A

[62] El Sol de Toluca, 7 abril de 1998

[63] Esto fue claramente representativo al  realizar visitas a diferentes municipios y no tener siquiera la posibilidad de conocer la cantidad y zonas reforestadas en los años más recientes. Tampoco la Secretaría de Ecología proporciona esta información.

[64] Nombrado así por el papel que tiene en el ciclo del agua.

[65] El Sol de Toluca 3 de enero  de 1996, A-7

[66] Curiosamente una zona de poca conflictividad.

[67]El Sol de Toluca 7 de enero de 1996, A-1

[68] Es de notar que el Estado en materia de presupuesta federal se lleva una fuerte tajada

[69] Sol de Toluca, septiembre de 1997

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